El exministro de Cultura y Comunicación del gobierno de Sergio Urribarri, Pedro Ángel Báez, es ahora un jubilado más del sistema previsional. Accedió a ese beneficio como empleado de la Cámara de Senadores de Entre Ríos.
El beneficio de la jubilación ordinaria común le fue concedido por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos a través de la resolución N° 2.383, del 20 de abril último. Báez, de casi 61 años, acumuló 41 años, 2 meses y 4 días de servicios “computables” como empleado del Estado provincial.
En 2022, durante la realización del megajuicio al exgobernador Urribarri -condenado a 8 años de cárcel- Báez, responsable del manejo de la pauta oficial del urribarrismo, fue condenado por la comisión en calidad de autor de los delitos de peculado en concurso ideal con negociaciones incompatibles con la función pública a lapena de 6 años y 6 meses de prisión, más la inhabilitación absoluta perpetua y multa por $90 mil.
Báez fue acusado de realizar maniobras de desvío de publicidad en favor de las empresas publicitarias del cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera desde su lugar de ministro de Cultura y Comunicación.
En 2016, ya afuera del Ejecutivo y con un lugar en la Cámara de Diputados como legislador provincial, la Justicia abrió una segunda causa a Báez, que todavía se tramita: a raíz de la sucesión de notas periodísticas que daban cuenta del notable crecimiento patrimonial de Báez, la entonces la fiscal general adjunta Cecilia Goyeneche dio instrucciones para comenzar las investigaciones y reunir todos los datos posibles -desde títulos de propiedad a cuentas bancarias, sociedades, vehículos, objetos de lujo y diversos bienes inmuebles- para determinar, en definitiva, en qué medida se ha enriquecido el diputado provincial y, acto seguido, ver si de algún modo puede justificar su estándar de vida.
La investigación judicial pretende echar luz sobre el modo cómo Báez, siendo funcionario público, incrementó su patrimonio entre 1991 y 2016, en el que figuran una casa quinta en la zona de calle Jozami al 2000, en la Toma Vieja; una casona sobre calle Cervantes al 400; un yate que amarra en el Club Náutico – una embarcación modelo Mamba 25, a un costo de mercado de unos 50 mil dólares, bautizado Petit Pois-; además, junto a su esposa, la trabajadora social Sofía Riquelme, manejan la firma Innova Turismo, la SRL que regentea el hotel Amanzi Termal, en Villa Zorraquín, en Concordia.
Un recibo de Báez como jubilado.
En 2018, cuando el megajuicio no se había concretado, se ventilaron las relaciones entre Báez y el empresario pizzero Germán Buffa, sindicado como su testaferro.
Buffa fundó la empresa Global Means SA junto a Leonardo Víctor Poma. El acta de constitución de esa empresa está fechada el 15 de agosto de 2011. Pero extrañamente , un mes antes la firma ya operaba como proveedora del Estado entrerriano. La orden de publicidad que le pagó la administración Urribarri/Báez está fechada el 1° de julio de 2011; Global Means SA presenta presupuesto recién el 15 de julio de 2011, y la sociedad se constituiría el 15 de agosto de ese año.
La imputación precisa que siendo Urribarri gobernador, y Báez Director de Información Pública, el 1° de julio de 2011 habrían direccionado hacia Global Meanas SA dos avisos para publicar en el diario Agroempresario, en las ediciones de agosto y septiembre de 2011.
El primero fue bajo la consigna de “Entre Ríos Exporta”; y el segundo se dirigía al turismo, con el speech “Entre Ríos Invita”. Uno y otro aviso se publicaron en las ediciones 91 y 92 de Agroempresario, por un monto de $118 mil.
Esa cifra, se supo además, fue aprobada por el decreto N°1057 del 18 de abril de 2012, que lleva las firmas de Urribarri y Báez. La tesis de la fiscalía es que hubo un “direccionamiento arbitrario” que se habría realizado en connivencia con el empresario Buffa.
Según la fiscalía, para la presunta contratación amañada también se sortearon los mecanismos legales de contratación, como la competencia de oferentes, es decir la licitación pública. Otro detalle que surgió, es que el pago de los $118 mil se dio cuando la empresa beneficiada ni siquiera se encontraba inscripta en el Registro de Medios.
“Son estas irregularidades tan groseras lo que permiten sostener que hubo interés en contratar con una empresa que no existía”, apuntó en una audiencia la fiscal Matilde Federik. Al no existir como empresa, tampoco podía estar inscripta en el Registro de Medios, creado el 13 de febrero de 2008 por el área que dirigía Báez. “Ni siquiera estaba hecha la preinscripción en ese Registro. El 16 de septiembre de 2011 es la fecha del contrato de constitución de la sociedad Global Means SA. No se pudo haber inscripto el 1° de julio en ese Registro de Medios una firma cuyo registro de inscripción en la Dirección de Personas Jurídicas se da recién el 16 de septiembre de 2011. Salvo que el señor Buffa tuviera poderes de adivinación, y supiera cuáles eran los números que le iban a asignar en Personas Jurídicas”, ironizó.
Megajuicio: declara el empresario señalado como testaferro de Baez
Federik apuntó que ese «direccionamiento» estuvo relacionado con la ligazón comercial entre Báez y Buffa.
«Existe prueba agregada al expediente, y que se va a agregar, ahora que hemos tomado el timón de esta causa, que nos permite sostener la relación directa entre Global Means y Báez”, señaló. Y para ello tomó parte de la declaración indagatoria del propio titular de Global Means SA, Germán Buffa, quien “dijo conocer al hijo de Báez, haber asesorado a la esposa, Sofía Riquelme; y al propio Báez para un emprendimiento de apart hotel”.
Riquelme y Buffa integran Innova Turismo, la SRL que regentea el hotel Amanzi Termal, en Villa Zorraquín, en Concordia.
Innova Turismo SRL “sospechosamente fue creada en la misma época en que ocurrieron estos hechos. El 7 de septiembre de2011 se presentó un poder ante la AFIP que establece que el señor Buffa es el apoderado de esta empresa. Esto no es causal”, aseguró la fiscal.
La relación entre Báez y Buffa no sólo se da en base a los emprendimientos que tiene su mujer con el empresario pizzero, sino que el Ministerio Público Fiscal evaluó cruces de llamadas y estableció que hubo 166 contactos telefónicos entre ambos en el período que va de mayo de 2011 al 30 de enero de 2012. Luego, Federik mencionó la “frutilla del postre”: Buffa, como presidente de Global Means SA le otorgó autorización de manejo a un vehículo de la firma a la esposa de Báez, Sofía Riquelme, y al hijo del matrimonio, Francisco Báez.
“Claramente, la empresa (Global Means SA) pertenece al señor Báez”, concluyó la fiscal.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora