El Ministerio Público Fiscal pidió este viernes la pena de 2 años y 6 mese de prisión de ejecución condicional para el exintendente de San Benito, Rubén Ángel Vázquez, por haber «falsificado» en 2003 -durante su primera gestión como jefe comunal- el decreto por el cual removió de su cargo de tesorero a Edgardo Valdemarin, quien primero fue enviado al archivo y, más tarde, puesto de sereno en una plaza. «Le dieron tareas denigrantes y degradantes», calificó el querellante Iván Vernengo en los alegatos de clausura del juicio que se inició este jueves.

El principal reproche que tanto Fiscalía como la querella hicieron sobre el accionar de Vázquez y de su entonces secretario de Gobierno, José Luis Cogno, es que se «antedató» el decreto de remoción de Valdemarín, y que se puso como fecha el 18 de diciembre de 2003, pero le fue notificado un año después, el 15 de diciembre de 2004. Pero además plantearon que Valdemarin había sido designado en 1996 en la Tesorería de la Municipalidad de San Benito mediante ordenanza, y que se necesitaba una nueva ordenanza para su remoción. No fue así: fue corrido del cargo por decreto.

El exintendente Vázquez y el juicio de los olvidos

 

En el marco de los alegatos de clausura, Fiscalía y Tesorería pidieron para Cogno la pena de 1 año y 8 meses, y para ambos, la inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos por el doble de la pena. Lo cual, de ser confirmado, complicaría el futuro político de Vázquez, que busca nuevamente ganar la Intendencia de San Benito este año.

Vázquez ya fue intendente de San Benito entre 2003 y 2007 y entre 2007 y 2011. Ese año fue sucedido por su hijo, Ángel Vázquez, entre 2011 y 2015.  Había asumido Väzquez padre después de dos gestiones de otro intendente peronista, Oscar Acosta, que estuvo entre 1995 y 2003. De este último tiempo viene la designación de Edgardo Valdemarin como tesorero de la Municipalidad de San Benito: estuvo en ese cargo desde 1996 a 2003. Cuando asume Vázquez lo corren de su lugar: primero lo dejan como ayudante del nuevo tesorero, Roberto Ramallo, y después lo pasean por distintos destinos que mellaron su autoestima: como sereno en un jardín maternal; luego como cuidador de una plaza, a la que debía acudir con su propio autor para resguardarse de los rigores del frío en invierno.

La separación del cargo del tesorero se hizo de un modo desprolijo y por eso a Vazquez y al exsecretario de Gobierno, José Luis Cogno, un empleado municipal con veinte años de carrera, los sentaron en el banquillo de los acusados bajo el cargo de falsedad ideológica de instrumento público.

Valdemarin, el tesorero corrido de su función, llevó el caso a la Justicia. ·El denunciante afirmó que al regresar de una licencia por enfermedad, en julio de 2004, se le asignaron tareas de sereno y que en diciembre de ese año, tras solicitar el legajo para corroborar la disposición oficial del cambio de funciones, se llevó una sorpresa: se le pidió que firme una notificación del decreto Nº 13 del 17 de diciembre de 2003, rubricado por Vázquez y su entonces secretario de Gobierno, José Luis Cogno, y al rubricarla advirtió que la notificación estaba fechada el 18 diciembre de 2003, es decir, un año antes. Así, se habría asentado que fue notificado un día después del decreto de Vázquez.

Según la denuncia de Valdemarín, al advertir que la fecha correcta de la notificación debía ser 15 de diciembre de 2004, se le quitó el documento de las manos.

En el decreto Nº 13, del 17 de diciembre de 2003, se hace referencia a una ordenanza que fue aprobada 13 días después, el 30 de diciembre de ese año.

A ello se suma que una pericia informática no habría hallado el archivo correspondiente al decreto Nº13, pero sí los decretos 12 y 14, que fueron creados en enero de 2004. La defensa legal de Valdemarín señaló que es materialmente imposible que Vázquez haya firmado el decreto Nº13 en diciembre de 2003.

En su alegato de clausura, el fiscal Ignacio Aramberry dijo: «No existe testigo presencial que diga que el decreto que fue fechado el 13 de diciembre de 2003 en realidad fue confeccionado en 2004. Para nada. Esto lo extraemos a través de indicios. Y el primer indicio acerca de la falsedad del documento lo proporciona el denunciante, Edgardo Valdemarín, que no fue notificado aquel 15 de diciembre de 2003. Se lo notifica cuando el decreto se produjo, un año después. E introduce un dato. Que no tenían el decreto porque tenían reservado una fecha, algo que nos alerta de esta situación y que cabe inferir la falsedad. Valdemarin fue designado por ordenanza. Y según reza el articulo 111 de la ley Orgánica de Municipalidades, que es una facultad del presidente municipal pedir al Concejo Deliberante la remoción de funcionarios designados con acuerdo. Para eso se necesita una ordenanza, no un decreto»,

A su turno, el querellante Iván Vernengo sostuvo: «La fecha real del decreto no es la que figura. Y es que en los mismos considerandos de ese decreto se menciona  la ordenanza Nº 4, sancionada  por el Concejo Deliberante de San Benito el 30 de diciembre de 2003. Si el decreto es anterior, jamás pudo haber mencionado una ordenanza que no existía. Otro indicio de que esa fecha es absolutamente falsa».

El defensor de Vázquez y de Cogo, Marciano Martínez, rechazó la imputación de falsificación de documento público, y defendió la inocencia de sus representados. Martínez pidió la absolución de ambos por cuanto, dijo, «no está probada la autoría de los hechos». Dijo que el «error», si existió, se debió imputar a la exjefa de Recursos Humanos de la Municipalidad de San Benito, Elsa Pross, que declaró como testigo y no fue imputada y admitió haber «corregido» la fecha de notificación a Valdemarin de su desplazamiento del cargo de tesorero.

«Valdemarin debió hacer el reclamo por la vía administrativa y no con denuncia penal, que llegó tarde y fue dañosa», esbozó.

Planteó la inocencia de sus defendidos y reprochó el juicio contra Vázquez. «¿Lo vamos a acusar porque es político? Ahora está de moda llevar a juicio a los políticos», sostuvo.

 

La decisión final quedará en manos del juez de juicio Alejandro Cánepa. El 3 de julio dará a conocer el fallo.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora