La Fiscalía pidió la condena de 3 años de prisión condicional más la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos para el exministro de Salud y Acción Social de la administración de Sergio Montiel, Rubén Villaverde, a quien acusó de ser el autor del delito fraude a la administración pública, en su modalidad de administración infiel, por el supuesto decreto antedatado 2136/02 que pasó a planta de personal permanente a 16 personas, en mayo de 2003, pero que se le pagó un sueldo retroactivo a 2002, perjudicando al erario público.

La petición la formuló la fiscal Carolina Catagno, que además pidió la misma pena para el exministro de Gobierno, Enrique Carbó, pero en calidad de haber sido partícipe del delito que se le endilga.

Por su parte, los abogados defensores Fernanda Tardelli (Villaverde) y Alejandro Carbó (Carbó), solicitaron la absolución de sus defendidos ya que consideraron que no existió delito, a su vez que cuestionaron que la causa haya demorado 14 años para llegar a una solución.

Calificaron a la denuncia como política, en tanto que señalaron que la misma fue formulada en noviembre de 2004 por el entonces senador nacional Jorge Pedro Busti, que estaba en plena campaña para la gobernación.

El pasado lunes, el tercer involucrado en la causa, el ex ministro de Economía, Oscar Berón, se acogió al juicio abreviado y aceptó una pena de prisión condicional de 2 años y seis meses, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Al momento de dar a conocer la sentencia, el tribunal informará si homologa o rechaza el acuerdo alcanzado con la fiscalía.

Este viernes, la defensa de Villaverde, a cargo de Fernanda Tardelli, remarcó que el hecho de que Berón aceptó unilateralmente una pena no influye o no debe condicionar la situación de los demás.

El Tribunal integrado por Alejandro Grippo (presidente), Pablo Vírgala y Elbio Garzón, anunció que dará a conocer el veredicto el próximo miércoles, a las 12,30.

Para la fiscalía se antedató un decreto

La fiscal Castagno acusó a Villaverde y Carbó de haber suscripto, en mayo de 2003 y en acuerdo general de ministros, el decreto Nº 2136/02, que “ había sido reservado con anterioridad”,  por el que se designó en la planta de personal permanente del Ministerio de Acción Social a 16 personas, “antedatando su fecha de emisión, insertando así falsamente en éste -como fecha de su dictado- el día 31 de mayo de 2002, con el evidente propósito de procurar con ello que los mencionados agentes perciban sus haberes a partir de la fecha aludida precedentemente, es decir, con un año de retroactividad a la fecha real de emisión del decreto en cuestión”.

Castagno reiteró que se insertó la fecha falsa con “la finalidad de lograr que dieciséis empleados pudieran cobrar los haberes correspondientes desde la fecha consignada, es decir, con un año de retroactividad, causándole de este modo, un perjuicio al Fisco Provincial, toda vez que, al mismo tiempo dichos agentes estaban percibiendo distintas ayudas económicas, como Plan Jefe o Jefas de Hogar, o bien como contratados, percibiendo un ‘sueldo’, con retroactividad, que no correspondía”.

También señaló que hubo un perjuicio económico a las arcas provinciales ya que los agentes registraron el alta efectiva en las categorías en que fueron designados en el mes de junio de 2003, y se les liquidaron los haberes y se les reconoció antigüedad en forma retroactiva.

Trajo a colación una pericia realizada por el fallecido perito contador del Poder Judicial, Nicolás Cozzi, quien estimó que desde el 31 de mayo de 2002 hasta noviembre de 2006 se produjo un perjuicio económico al erario público de $ 57.990,11.

La fiscal señaló que de la nómina de agentes se advierte que no todos los contratados tenían un contrato de locación de servicio al momento en que fueron pasados a planta de personal permanente dentro de la órbita del ministerio de Acción Social. Refirió que había casos que contaban con planes Jefes y Jefas de Hogar, por lo cual no podían ser pasados a planta permanente.

Castagno también se refirió a lo que declaró Mauro Gómez, actual director de Despacho de la Gobernación, quien, obviamente, aseguró que en la actualidad no existen decretos antedatados. Su admisión hubiese sido un escándalo.

Otro aspecto que marcó la fiscal como relevante fue “el tiempo que transcurre desde la firma del decreto hasta la fecha que se produce la comunicación de Alta a la Secretaría de Recursos Humanos”.

“Estos datos objetivos están corroborados con la documental agregada en la causa y testimoniales, y llevan a la convicción de que no existe ninguna duda que esta incorporación de los agentes que se produce más de un año después que la fecha que hay en este decreto ha sido antedatada”, dijo Castagno.

Quién fecha los decretos

Uno de los puntos de la defensa fue que los ministros no son los encargados de firmar y numerar los decretos, en este caso el 2136/02. La defensa señaló que la responsabilidad de ese registro pasaba por el Despacho de la Gobernación.

Sobre este punto, la fiscal Castagno dijo que “no se discute la competencia de numerar y fechar” y que no tiene “dudas sobre dicha competencia”, sino que la “acusación consiste en si se produjo esta fecha antedatada”.

La acusadora pública refirió que durante su indagatoria, el ex gobernador Sergio Montiel (fallecido en 2011), aseguró que no existían “reserva de fecha y numeración de decretos”.

La fiscal también recordó que en diciembre de 2003 se realizó un allanamiento en la Oficina de Decretos en la Casa de Gobierno donde se secuestró un cuaderno amarillento, en cuya tapa se leía la leyenda “Reservados Montiel 2002-2003”, y que en dicho operativo también se secuestró el decreto original en papel y que se halló en una computadora la versión digital del decreto 2136/02, sin asignar, es decir, en blanco.

Al finalizar, si bien reconoció que el caso fue advertido y se hicieron los descuentos a los empleados que percibieron doble sueldo, “este ilícito ya se había consumado al dictar ese decreto”.

En cuanto a la figura de falsificación ideológica de documento público, por al que fueron imputados también los acusados, la fiscal aseguró que esta figura penal aparece absorbida por la de fraude a la administración pública. Por ello encuadró el hecho dentro del esta última calificación legal.

“No se probó el delito”

La abogada Fernanda Tardelli, defensora de Villaverde, rebatió los argumentos de la representante del Ministerio Público Fiscal, contextualizando la situación política y social en que se firmó el decreto y cómo se pagaba a los empleados públicos en aquella época.

En primer lugar, la letrada cuestionó la parálisis que tuvo la causa que demoró 14 años en cerrarse. Dijo que “en la etapa instructoria hubo una duración prolongada e irrazonable con dilaciones que son injustificadas” y que “hay una cierta desidia en manejar la situación, por el transcurso del tiempo”.

La abogada aludió a los hechos de corrupción de los gobiernos kirchneristas, al afirmar que  “la última década hubo una maldad insolente en delitos vinculados contra la administración pública por parte de funcionarios nacionales y provinciales”, pero que en cambio “nosotros acá estamos hablando de imputar un fraude por el dictado de un decreto que designa a personal en planta permanente, con presupuesto, con cargos vacante y dicen que con eso se intentó hacer un perjuicio a la administración pública, suena absurdo”.

En esa dirección, cuestionó a la fiscalía: “No creo que la supervivencia de esta causa tenga que ver con aumentar estadísticas judiciales de casos vinculados con delitos contra la administración pública”.

A renglón seguido, sostuvo que a su defendido: “No se le está endilgando ni haber robado, ni haber coimeado, ni haber participado en negociaciones incompatibles con la función publica. No hubo intención de beneficiar a nadie indebidamente. Esta causa empieza con una denuncia mañosa y tendenciosa”.

“Busti inaugura la era de la posverdad, no eran importante los hechos sino que aparezcan como hechos posibles, con claros fines electoralistas. Instala la idea de la utilización de un decreto antedatado”, agregó y resaltó que la acusación no aportó “un elemento de convicción directo que pueda probar de forma contundente el hecho que se trae a juicio”.

Más adelante Tardelli mencionó que “la Fiscalía de Estado desistió de seguir adelante y se desentendió hace cuatro años” y que “ni a modo de hipótesis se puede considerar posible que este decreto haya sido antedatado”.

Sobre el cuaderno con la leyenda de decretos reservados que se le atribuyó a Montiel, dijo que allí no apareció el decreto cuestionado. “En el libro está claro que era borrador de respaldo para el trabajo en la oficina de Decretos”.

Tardelli se detuvo en el informe que realizó una contadora el 27 de octubre de 2003, unos quince días antes de que Busti formule la denuncia, donde pidió autorización al entonces ministro de Acción Social, Villaverde,  para realizar los descuentos a los agentes que cobraron doble sueldo. “Esto confirma lo absurda que es la denuncia y su contenido político”, asentó Tardelli.

“La intención de Villaverde nunca pudo haber sido generar pagos superpuestos para beneficiar a nadie. El dolo, la intención de dañar, no existe. El propósito de beneficiar retroactivamente tampoco existe”, añadió.

Más tarde fue el turno de Alejandro Carbó, defensor del ex ministro de Gobierno Enrique Carbó, que reiteró los conceptos de Tardelli, y pidió la absolución para su defendido y hermano. El Tribunal dará su veredicto el miércoles que viene a las 12,30.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.