El abogado defensor de Dolores Etchevehere, Lisandro Mobilia, pidió el aplazamiento de la declaración indagatoria fijada para este martes, a las 9, en la Unidad Fiscal de La Paz.
La indagatoria -que también alcanza al abogado Facundo Taboada- es en el marco de la causa por el delito de usurpación, que se abrió el jueves 15 de octubre a partir de la denuncia de Leonor Barbero Marcial de Etchevehere, presidenta de Las Margaritas SA y madre de Dolores, por la ocupación del campo Casa Nueva, por parte de Dolores Etchevehere y el grupo Proyecto Artigas y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Juan Grabois.
Consultado por Entre Ríos Ahora, el abogado defensor de Dolores confirmó que pidieron el aplazamiento de la indagatoria, que iba a desarrollarse vía Zoom.
«Recién se le está imputando un delito y ahora ella va a poder conocer la imputación, cuando esto se tendría que haber hecho antes para que ejerza el derecho de defensa y después ver si prosperaba una medida cautelar como lo que se decidió», explicó Mobilia, en referencia al desalojo dictado antes de la imputación.
En ese sentido, amplió: «Discutimos en Cámara (se refiere a la audiencia ante la jueza del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, María Carolina Castagno, el miércoles 28 de octubre) cuestiones que tenían que ver con el fondo de la cuestión: si hubo usurpación o no. Cuando en realidad teníamos que haber discutido la medida cautelar. La jueza, excediendo el marco de su competencia decisoria, hace referencia a una imputación de usurpación cuando Dolores ni siquiera había sido imputada por la Fiscalía, una desprolijidad más dentro de todo este anómalo proceso».
El caso
El jueves 15 de octubre, Dolores ingresó a la estancia Casa Nueva, ubicada en el paraje El Quebracho, cerca de Santa Elena, junto a integrantes del Proyecto Artigas, ligada al dirigente y abogado Juan Grabois. Allí, anunciaron el desarrollo de un proyecto agroecológico. Para sostener su estancia en el lugar, la mujer adujo tener derechos hereditarios en el campo.
El viernes 23 de octubre obtuvo un fallo a favor cuando el juez de Garantías subrogante de La Paz, Raúl Flores, denegó el pedido de desalojo formulado por la Fiscalía y el querellante Rubén Pagliotto. En su resolución, sostuvo que el campo no había sido inventariado en el juicio sucesorio que tramita en el Juzgado Civil y Comercial Nº 7 de Paraná, a cargo del juez Martín Furman.
Sin embargo, el jueves 29, la resolución fue revocada por la vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, María Carolina Castagno, que dispuso el inmediato desalojo de la estancia. La magistrada atendió el planteo de los fiscales y la querella, que sostuvieron que Dolores ya no integraba la sociedad Las Margaritas, que controla el campo, puesto que en 2018 cedió sus acciones a una sociedad llamada Mirus SA.
El desalojo de Dolores y los integrantes del Proyecto Artigas se produjo ese mismo jueves a las 19. Al delito de usurpación, en el expediente se le sumó el de desobediencia judicial por haberse resistido a retirarse del lugar.
Finalmente, este lunes se conoció que los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa citaron a declaración de imputados a Dolores y al abogado Facundo Taboada.
La imputación dice que el 15 de octubre, alrededor de las 11, Dolores Etchevehere y Facundo Taboada «ingresaron -junto a un grupo de cuarenta personas aproximadamente-, al Establecimiento Rural identificado como Casa Nueva -sito en zona rural del Departamento La Paz, Provincia de Entre Ríos, lindante al paraje El Quebracho, con ingreso por Ruta Provincial N° 48».
Se agrega que «una vez en el interior del perímetro del Casco de dicho establecimiento, se dirigieron a la empleada Ramona Rodríguez, exigiendo la entrega de las llaves de las puertas de ingreso de la casa principal, amenazando con que debería retirarse en minutos, en caso de no otorgar las mismas; y ante su negativa, ingresaron a su vivienda -sita en el mismo establecimiento- y tomaron un grupo de llaves que había colgadas en el comedor del domicilio; seguidamente, y habiendo abierto -sin violentar- una de las ventanas de la casa principal, ingresaron a la misma, habitando esas instalaciones hasta el día 29 de octubre de 2020».
Luego, la imputación dice que «además de realizar trabajos en la tierra, modificando la explotación ejercida sobre el establecimiento», le comunicaron «a los trabajadores Ángel Martínez, Ramona Rodríguez y Osmar Barreto, los lugares a los que no podían dirigirse o transitar, impidiendo así el normal desenvolvimiento de su trabajo, e intimidándolos».
«Todo lo narrado fue efectuado en conocimiento de carecer de derechos sobre el Establecimiento Rural Casa Nueva, sobre el cual se ejercía la pacífica tenencia y explotación agrícola, tambera y ganadera, por parte de la entidad Las Margaritas S.A.», finaliza la descripción del delito endilgado.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora