El Ministerio Público Fiscal solicitó a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) que fije fecha de juicio oral y público para el ex titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y actual subinterventor del Ente Provincial Regulador de Energía (EPRE), Jorge Rodríguez, en la causa conocida como la “escuela de Vialidad”. La solicitud fue realizada por la fiscal Patricia Yedro el lunes 7 de agosto.
El pedido de la fiscalía se presentó pocos días después de que la Cámara de Casación Penal de Paraná, integrada por los jueces Marcela Davite, Hugo Perotti y Marcela Badano, declarara “inadmisible” el recurso de Casación interpuesto por la defensa de Rodríguez, imputado del delito de peculado junto a Néstor Kemerer, actual director subadministrador de la DPV, que en el momento en el que la denuncia fue presentada se desempeñaba como director de Mantenimientos y Suministros; y Mario Heyde, ex director de Suministros de Vialidad.
La defensa del ex titular de la DPV adelantó que continuará apelando para que su defendido sea sobreseído. Sin embargo, en el Ministerio Público Fiscal consideran que independientemente de que los imputados sigan interponiendo recursos de apelación, la OGA puede fijar la fecha de debate.
Luego de que se conociera el fallo de Casación, los abogados de Rodírguez, Guillermo Vartorelli y Miguel Ángel Cullen, afirmaron que recurrirán ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y, si es necesario, hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). El caso es que para la fiscalía ya están agotadas todas las instancias y el fallo de la Cámara de Casación penal fue contundente al declarar que “el ordenamiento procesal garantiza el derecho de defensa que le asiste al imputado, pues prevé la posibilidad de efectuar nuevamente el planteo respectivo en la instancia plenaria, próxima a celebrarse”. Es decir, los acusados pueden demostrar su inocencia en el juicio oral y público.
Las fiscales Patricia Yedro y Carolina Castagno acusan a Rodríguez, Kemerer y Heyde de haber utilizado fondos de Vialidad para la construcción de la Escuela Privada Nº 235 Heraclia Ruiz Díaz, inaugurada en 2014.
El caso fue elevado a juicio oral y público por el juez de Garantías N°2 Eduardo Ruhl el 17 de febrero de este año. Desde entonces, los imputados cosecharon dos revés judiciales: primero apelaron ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones, a cargo de Pablo Vírgala, que les rechazó el recurso el 29 de mayo de este año; y luego fueron ante Casación con un recurso de queja. En esta última instancia también sufrieron un fallo adverso el pasado 27 de julio.
La denuncia y la acusación de la fiscalía toman como una de las pruebas un informe de la asesora jurídica del Tribunal de Cuentas, Nanci Vinagre, emitido el 5 de marzo de 2015 en el que destacó varias irregularidades en la creación de la escuela vial.
Para la fiscalía, el delito de peculado se consumó cuando se usaron fondos públicos asignados para Vialidad para construir una escuela privada, violando la Ley de creación de la DPV, Nº 2.936, que señala que el organismo debe ocuparse de la construcción y mantenimiento de los caminos y rutas de la provincia; pero no de construir un establecimiento educativo.
En la audiencia del 17 de febrero, cuando el caso se elevó a juicio, la fiscalía también cuestionó que cuando el Consejo General de Educación (CGE) aprobó la creación del establecimiento escolar, los imputados formaron una Asociación Civil sin fines de lucro denominada Los Viales,con el fin de administrarla. La asociación fue presidida por Kemerer y Rodríguez fue designado secretario.
A su vez, consignaron que en agosto de 2014 “Kemerer, representando a la Asociación Civil Los Viales y actuando en connivencia con Rodríguez y con Heyde, sin observar el procedimiento previsto la Ley de Contabilidad Pública, celebraron un contrato de comodato por el cual DPV le cedió a la Asociación Civil el predio donde funciona la escuela, consistente en una porción de terreno de 150 metros cuadrados cubiertos, ubicado sobre calle Saraví, entre Brasil y JM Esquiú de Paraná, dentro del predio de la Dirección de Mantenimiento y Suministro, Departamento Almacenes de la DPV”.
La causa contra Rodríguez y los demás acusados se inició a fines de septiembre de 2015 tras la demanda penal presentada por los diputados provinciales María Emma Bargagna (FAP-Paraná, mandato cumplido) y Jorge Monge (UCR-Diamante, integrante ahora del bloque Cambiemos), con patrocinio legal de los abogados Rubén Pagliotto y Ramiro Pereira. La acción se llevó a cabo tras la publicación de la investigación periodística de Jorge Riani, de la revista “Análisis”.
Especial para Entre Ríos Ahora.