«En la ciudad de Paraná, necesitamos una ordenanza del Concejo Deliberante que regule el transporte TEA (Traslado Especial Adaptado) para las personas con discapacidad. Es decir, regular positivamente las adaptaciones necesarias en los vehículos, tales como rampas, malacates, sistemas hidráulicos para favorecer la accesibilidad en el caso de discapacidades de índole motriz o impedidos físicos, libre estacionamiento, seguros especiales para el traslado de dichas personas, revisiones vehiculares como establece la Ley  Nacional de Tránsito. Y con las capacitaciones necesarias para una mayor seguridad de las personas trasladadas, inclusive con personas con discapacidades sensoriales y/o conductuales».

El pedido lo hacen Roque Santana y Marcela Tornelli, papás de una niña con discapacidad, pero es un reclamo que alcanza a una franja importante en la ciudad.

El último relevamiento que existe, y que aportó el censo nacional de población de 2010, señala que comparado con el último muestreo, en 2001, la población con discapacidad pasó de representar el 8,3% al 11,7%.

La discapacidad preponderante es la visual: el 61%, seguido por la motora,  el 56 %. El ceso relevó a un total de  248.207 hogares entrerrianos, y en estos, en 63.641 se halló una persona con discapacidad; en la mayoría, el 18,7%, se trata de discapacidad mental, seguido por la discapacidad motora, que afecta al 16,6 %; la discapacidad auditiva, en tanto, representó el 15,4 %; la discapacidad visual, el 11,2 %, la discapacidad del habla, el 3,3 % y “otras discapacidades” afectaban al 34,8 %.

Hay una regulación para el transporte de personas con discapacidad, pero sólo limitado al servicio de colectivos: la ordenanza de concesión del servicio establece que un 20% de los 106 coches deben ser adaptados a personas con movilidad reducida. Todavía ese porcentaje no se alcanza. Y además, circulan por la ciudad en un promedio de cada 2 horas entre un colectivo y otro con rampa incorporada.  Por lo demás, no hay regulación para el servicio de remises, para el de taxis o de transporte escolar.

«Como padres de personas con discapacidad, que tienen necesidades y gozan de derechos y al vivir en la ciudad de Paraná, queremos solicitar en carácter público la necesidad a la brevedad de una ordenanza como política de Estado municipal, que regule el servicio TEA», dicen Santana y Tornelli. «Las personas con discapacidad tienen normado a nivel nacional en las leyes 22431 (de Discapacidad) y en la 24901 (Prestaciones Básicas Obligatorias) y la Ley 9891/08 de Entre Ríos, coberturas para todos los ámbitos de la vida vinculada a sus características funcionales. Dichas personas deben contar con el CUD (Certificado Único de Discapacidad), el cual indica que le corresponde a cada una, de acuerdo a su Discapacidad».

Y agregan: «El traslado en transporte público gratuito es uno de estos derechos. Sin embargo, hay trayectos que no se pueden realizar en dichos trasportes públicos, por el tiempo, la masividad de personas trasladadas, las distancias con los lugares desde dónde o hacia dónde se dirigen. La Ley 24.901 previó en su artículo 13° que los beneficiarios que se vean imposibilitados por diversas circunstancias de usufructuar del traslado gratuito en transportes colectivos entre su domicilio y el establecimiento educacional o de rehabilitación»tendrán derecho a requerir de su cobertura social un transporte especial, con el auxilio de terceros cuando fuere necesario».

El problema que ya se presenta en Paraná es que las obras sociales y las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) han comenzado a solicitar habilitaciones oficiales del servicio de transporte para poder reconocer la cobertura en traslado. «Hay algunos vehículos TEA con autorización de la Presidencia Municipal, los mismos cumplimentan requisitoria acorde al servicio prestado, pero son muy pocos», dicen los papás. 

Por eso, reclaman una normativa más amplia.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.