El Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos solicitó que se incorpore un juez sustituto para entender en el megajuicio contra el exgobernador y actual embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri, quien será juzgado junto a otras personas por diferentes delitos contra la Administración Pública.
El pedido fue formulado en el marco de la causa que incluye tres expedientes: la del Sueño Entrerriano, que versa sobre el financiamiento de la campaña presidencial de 2015; “la de la vaca”, donde se investigó otorgamiento de publicidad oficial a una empresa ligada al cuñado de Urribarri; y la de negociaciones incompatibles de 2011 por una pauta publicitaria que benefició al empresario Germán Buffa y que, al momento de la firma del contrato, su empresa, Global Means, no existía como tal.
El tribunal colegiado que juzgarán al exmandatario y otras personas está integrado por José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón. Sin embargo, en las últimas horas la Fiscalía solicitó a los magistrados que evalúen la posibilidad de designar un “juez sustituto” para que intervenga en las audiencias. Sería un cuarto juez.
La petición de la Fiscalía ingresó a consideración del Tribunal este martes, según supo Entre Ríos Ahora.
Cuarto vocal by Entre Ríos Ahora
El pedido fue presentado ante la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), encargada de hacer el sorteo de los jueces y ordenar la agenda de audiencias de Tribunales. Sin embargo, debido a que la decisión excede las facultades de dicha ofician, el trámite fue elevado directamente al Tribunal.
Así se desprende de la nota enviada por la secretaria de la OGA, Melina Arduino, que informó al Tribunal “teniendo en cuenta que nuestra legislación no contempla la designación de un Juez sustituto o Cuarto Vocal, como sí lo prevé el Código Procesal Penal de la Nación en su artículo 359, entiendo que el planteo efectuado por los representantes del Ministerio Público Fiscal, requiere de un análisis más complejo que excede la competencia administrativa de esta Dirección”.
En efecto, la propuesta de la Fiscalía apeló al artículo 359 del Código Penal argentino, el cual establece que “cuando de la preparación del juicio y su característica se infiera que la audiencia de debate se prolongará por más de diez (10) días, el tribunal requerirá la designación de un juez sustituto, quien tendrá las mismas obligaciones de asistencia que los miembros del tribunal y la facultad de interrogar, pero no de participar en deliberaciones para la resolución de incidencias ni en la prevista en el artículo 396”.
En un principio, las tres causas contra Urribarri se iban a desarrollar en diferentes fechas. Sin embargo, en agosto, luego de un pedido de los abogados defensores, las mismas fueron acumuladas porque se entendió que hay prueba vinculada y los delitos que se investigan son similares.
Esa decisión motivó que se suspendiera el juicio por el “Sueño Entrerriano”, que estaba fijado llevarse a cabo durante los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 y 1°, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 29 y 30 de septiembre.
Teniendo en cuenta que esta causa solamente tenía fijada 19 audiencias, es de esperarse que el juicio, con la acumulación de los otros dos expedientes será más prolongado. De ahí que la Fiscalía solicite un juez sustituto para colaborar con el Tribunal juzgador.
Las causas
Son tres causas que se pretenden sustanciar en un mismo juicio contra Urribarri. El primer expediente del megajuicio es el del “Sueño Entrerriano” e incluye tres legajos: la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $27 millones; y la contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones. La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo eslogan distintivo fue el “Sueño Entrerriano”.
Además del expediente del “Sueño”, se encuentra el legajo Nº 4385 que se trata de la causa mediáticamente como “La causa de la vaca”, en la que están imputados Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera y a su esposa, Luciana Almada; Pedro Báez; Gustavo Tamay, Emiliano Giacopuzzi, Corina Cargnel, Alejandro Almada –cuñado de Aguilera-, y Maximiliano Sena.
Aquí, los fiscales detectaron que para la justificación de las publicidades en cartelería de vía pública para autorizar el pago, se hacía utilizando una misma foto. Unos peritos del Poder Judicial determinaron que la misma vaca aparece en distintos carteles.
El volumen de las contrataciones entre 2010 y 2015 fue de $24 millones, de los cuales $12 millones se habrían pagado de modo fraudulento, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal. Los contratos se manejaban desde las empresas vinculadas a Aguilera, Tep SRL y Next SRL, y en esas maniobras, los publicistas José María Bustamante y Hugo Montañana aceptaban las reglas de juego que les imponen: pagar “coimas” para conseguir contratos de publicidad.
En tanto, también se encuentra el legajo Nº 6.399, en la que están imputados por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, Urribarri, Báez y el empresario Germán Esteban Buffa.
En la causa se investigaron hechos sucedidos en 2011, cuando Urribarri era gobernador y Báez director de Información Pública. En 2013 el diputado nacional radical Jorge D’ Agostino (mandato cumplido) denunció la situación. El caso se tramitó bajo el viejo Código Procesal Penal de la provincia, y por ello la instrucción estuvo a cargo de un juez de Transición.
Aquí la Fiscalía reprocha a la administración Urribarri/Báez el otorgamiento de una pauta de $118 mil a la firma Global Means SA, de Buffa.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora