El fiscal Jorge Gamal Taleb pidió este viernes una pena de 6 años y medio de prisión para la monja Luisa Ester Toledo, que carga con una acusación por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada. Fue en el marco de los alegatos de clausura en el juicio que se sustanció a la religiosa por los hechos denunciados en 2016 en el Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen de las carmelitas descalzas, de Nogoyá.
Dos denuncias pesan sobre Toledo formuladas, en 2016, por ex carmelitas, S. A. y R.P., quienes abandonaron la congregación de la carmelitas descalzas con fuertes denuncias de tormentos y privación de la libertad ejercidos por la expriora. Aunque los pedidos de condena por parte de los fiscales Rodrigo Molina y Gamal Taleb se conocerán hoy, extraoficialmente se conoció que podrían estar entre los 6 y los 8 años para la religiosa.
El caso ganó la luz pública a mitad de 2016 cuando se conocieron las denuncias de dos religiosas, SGA y ARP, quienes revelaron malos tratos, abusos y aplicación de tormentos dentro de la comunidad de las carmelitas, conductas que reprocharon a la entonces priora Luisa Toledo, que fungía como Madre María Isabel. El caso llegó a la Justicia y tras concluir la etapa de instrucción, la Fiscalía de Nogoyá elevó la causa a juicio.
La defensa sostiene la tesis de que no hubo delito y que sólo se aplicó la regla de la congregación. Esa postura piensan sostenerla con el testimonio de un experto en Derecho Canónico, el sacerdote entrerriano Mauricio Landra, decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Católica Argentina (UCA).
El fiscal Taleb está conforme con los testimonios escuchados frente al tribunal, que conforman los jueces Darío Ernesto Crespo, Javier Cadenas y Alejandra Gómez.
Recién a principios de 2018 el Vaticano decidió designar reemplazante. La medida supuso la conformación de un nuevo equipo de superioras, y por esta vez ha echado a un lado las constituciones de la congregación que indican que las prioras se eligen por votación de la comunidad. En vez de eso, Roma decidió nombrar como priora a Itatí Miño, una misionera de 38 años, que desde hace dos décadas está en el convento de Nogoyá.
El carmelo de Nogoyá es un monasterio autónomo, gobernado por sus superioras, elegidas según las constituciones por las propias religiosas. Se trata de una casa religiosa de derecho pontificio, es decir, erigido por la Santa Sede de cuya potestad depende en lo que se refiere al régimen interno y a la disciplina, aunque se encomiende al obispo diocesano, Juan Alberto Puiggari, el actual, el cuidado de estos monasterios en algunos aspectos muy precisos, y siempre respetando la legítima autonomía del monasterio y aquello dispuesto en sus Constituciones.
El nombramiento de autoridades en el convento llegó después de más de un año de acefalía. Luisa Toledo fue apartada de su cargo de priora a mediados de septiembre de 2016.