Por Ricardo Alfredo Raffo (*)

 

El gobernador Gustavo Bordet hace gala del doble discurso en materia de seguridad y derechos humanos.

Hace muy poco tiempo atrás,  promulgó la Ley Nº 11.059 por la cual se crea el Comité Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos Inhumanos o Degradantes. “Es un paso muy importante para erradicar la violencia institucional y hacer valer los derechos humanos”, afirmó.

La hipocresía de Bordet es que en diciembre de 2.022 firmó un decreto  por el cual dispuso mi destitución por cesantía de la Policía de Entre Ríos, por el simple delito de opinión, y no una opinión cualquiera, esas expresiones y críticas se hicieron desde un papel de activismo sindical, que para nadie es desconocido.

No hay precedentes en la historia institucional de la Policía de Entre Ríos de policías retirados que hayan sido dejados cesantes, por fuera de las causales que el Reglamento General de Policía específicamente establece. Es un precedente muy peligroso, anticonstitucional, al margen de la legalidad, eminentemente político.

Desde al año 2009 impulso la creación y reconocimiento de la Asociación Profesional Policial y Penitenciaria de Entre Ríos (Apropoler). Ello me valió en lo personal el estancamiento en mi carrera policial, soportar numerosos sumarios administrativos con la sanción de cientos de días de arresto y suspensión con quita de mis haberes, y finalmente, mi pase a retiro obligatorio y mi destitución, junto a mi camarada el sargento retirado Fabián Basín (destituido por cesantía también).

Policía: los cesantearon por vejámenes; ahora, los reincorporan

 

En el año 2016, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala V,  dio lugar al reclamo planteado por quien escribe, y ordenó al Ministerio de Trabajo de la Nación inscribir a Apropoler como entidad gremial.

En octubre y noviembre de 2020, dentro de la acción gremial impulsada desde Apropoler, se convocó a una manifestación pacífica reclamando mejores sueldos y condiciones laborales, lo que efectivamente se realizó en las ciudades de Paraná -frente a Casa de Gobierno- y en Gualeguaychú -frente a la Jefatura de Policía local-.

En lo personal, tanto yo como el suboficial retirado Fabián Basín también solicitamos la renuncia del jefe de Policía Maslein, y la ministra Rosario Romero.

El pedido de renuncia tuvo que ver concretamente con declaraciones públicas de Maslein, donde nos catalogaba como una “asociación fantasma e ilegal”, compuesta por policías exonerados de la fuerza, entre otras descalificaciones generales y personales.

Maslein mintió descaradamente ante la opinión pública, porque a mediados de 2020, la Corte Suprema de Justicia de la Nación requirió su opinión previo a fallar en el expediente que se tramitaba por reconocimiento de Apropoler.

Él sabía perfectamente quiénes impulsábamos la Asociación Sindical Policial, que lo hacíamos dentro de la ley, y lo sabía desde hacía mucho tiempo.

Simplemente hicimos el reclamo de un derecho negado a los policías del país, confiados en que la Constitución Nacional y las leyes que regulan el trabajo en la Argentina nos contemplan como trabajadores con derechos.

Eso no es ningún delito, mentir a la gente, tal vez no lo sea, pero en todo caso no es ético ni transparente. Esto es más grave aún en boca del jefe de la Policía que debe garantizarnos seguridad a todos los entrerrianos, y peor aún, amparado por una ministra de Gobierno que se hace la distraída y lo deja hacer.

Cuando se realizó la manifestación pública, que realmente fue exitosa, sin precedentes por la cantidad de policías retirados y familiares que participaron, quien escribe estaba amparado aún, por la tutela sindical, ya que el sindicato policial contaba con reconocimiento judicial. Igual situación jurídica que cuando me pasaron a retiro obligatorio, situación que está judicializada en la Cámara Contencioso Administrativa de Paraná.

Ahora, nos enteramos por publicaciones de prensa, concretamente los medios digitales Entre Ríos Ahora y Notipoler, que en el Boletín Oficial de la Provincia han sido publicados dos decretos, en fecha 5 de Junio de 2023, donde reincorporan a la función policial a dos oficiales, que fueron separados anteriormente de las filas policiales por los gravísimos delitos de vejámenes, torturas y apremios ilegales.

Ambos fueron condenados judicialmente a la pena de 3 años condicional y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por doble tiempo de la condena, finalmente, esa medida de inhabilitación fue morigerada por la Justicia.

Por ello, ambos funcionarios policiales solicitaron la conmutación de pena y la reincorporación a la institución. Masleín les dio el visto bueno, y Bordet, el que defiende los derechos humanos y está en contra de la tortura y los tratos crueles y degradantes, los reincorporó, por supuesto, con el visto bueno también del ministerio de Gobierno, a cargo de Rosario Romero.

¿Y las víctimas, que pensarán o sentirán cuando vean a sus torturadores condenados por la Justicia luego de un juicio con todas las garantías constitucionales, portando un uniforme y poniendo “orden” en las calles?

Lo echan de la Policía acusado de «quebrantamiento» del orden

 

Los jueces, qué pensarán al ver que su trabajo de aplicar la ley, es borrado de un plumazo por la opinión de un jefe policial avalado por una ministra y el mismo Gobernador Bordet, que dice estar en contra de la tortura y otros tratos inhumanos o degradantes?

Para finalizar, quiero  decir que no me han quebrado, que la lucha por el reconocimiento de los derechos laborales y sindicales de los policías y penitenciarios entrerrianos continúa.

Estamos esperando respuestas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se ha planteado una queja, que en principio ha sido recepcionada.

La lucha continúa, acá nadie ha sido vencido.

 

 

(*) Ricardo Alfredo Raffo. Oficial Principal -Cuerpo Profesional- retirado – cesanteado de la Policía de Entre Ríos. Secretario General de Apropoler. Licenciado en Administración Pública. Estudiante de Ciencia  Política.