Por Víctor Hutt (*)
Hoy nos encontramos con el Gobierno entrerriano corriendo a los estrados judiciales buscando encontrar un juez que impida la protesta docente, que determine una conciliación obligatoria para frenar el paro que los docentes de Entre Ríos han resuelto luego de meses de pérdida del valor adquisitivo del salario por incumplimiento del acuerdo paritario.
Recordemos un poco lo que ha sucedido en nuestra provincia con el salario docente, con el acuerdo paritario, con la responsabilidad del Gobierno provincial, con los cumplimientos de los acuerdos: esto nos ayudará a entender los motivos del paro docente.
Antes de recordar lo que sucedió durante el año 2018, tenemos que decir que los docentes de Entre Ríos tuvimos una pérdida de salario real del 10% en el año 2016, una pérdida que el Gobierno nunca más compensó. Este detalle, además de habernos empobrecido, nos da la pauta de que si un año terminamos perdiendo contra la inflación, nunca más recuperaremos ese nivel salarial.
El año 2018 comienza con la disputa por lo perdido contra la inflación en 2017, un 1,3% respecto a la inflación del Indec, que no creemos que refleje la situación inflacionaria que sufrimos en nuestras economías reales. Esa compensación estaba firmada en el acta paritaria de 2017, pero mucho tuvimos que batallar para que el Gobierno provincial cumpla con la letra firmada y de todas formas no la cumplió, dado que no fue aplicada al mes de diciembre, momento en el cual se produjo el desfase entre salario e inflación.
Ese 1,3% compensó parcialmente lo perdido en 2017, pero en 2018 comenzamos con pérdidas por inflación del 1,75% en enero y del 4,22% en febrero. Desde allí comenzamos a disputar una paritaria que fue muy larga, que comenzó con un gobierno que hacía una oferta poco seria, muy dañina para los docentes, un 13 % en cuotas para todo 2018, en cumplimiento de los mandatos recibidos del Gobierno nacional. Esas diferencias, esa poca seriedad del Gobierno y la actitud de no escuchar, de no entender, de no importarle la pérdida salarial de los trabajadores, nos obligó a recurrir al paro ante la falta de respuestas.
Luego de un largo proceso, se acordó un aumento del 8% para marzo, que llegaría a 17% en julio y 19% en septiembre, pero fundamentalmente la firma de parte del Gobierno del compromiso de retomar las negociaciones si la inflación superaba ese 19% fijado. Hasta allí, un buen acuerdo salarial, con un compromiso del Gobierno.
Pero todo el acuerdo se cae por el incumplimiento del Gobierno. En el mes de julio, la inflación acumulada llega al 19,6% y de acuerdo a la paritaria firmada se debía modificar el 17% acordado por un porcentaje similar a la inflación. El Gobierno se escondió, no nos atendió, demoró la reunión exageradamente y finalmente no cumplió.
El día que logramos juntarnos ya había pasado mucho tiempo, ya estábamos en septiembre, ya estábamos viviendo una inflación del 32,4% y los docentes solo teníamos con certeza el cobro del 19% de aumento firmado en el mes de mayo. Se concreta la reunión con el Gobierno pero no se dialoga: el Gobierno decide unilateralmente llevar ese 19% acordado a un 22%, sin importarle su compromiso de igualar la inflación y sin tener en cuenta que la inflación estaba en el 32,4%.
Unilateralmente decide empobrecer a los docentes un 10% respecto a inflación. Los docentes decidimos exigir el cumplimiento de lo acordado y ante la falta de respuesta, Agmer debe recurrir nuevamente a la realización de paros, paros realizados por Agmer pero motivados claramente por el incumplimiento del Gobierno y la respuesta del gobernador Bordet es descontar los días de paro, castigar la protesta quitando salarios de familias docentes empobrecidas por su incumplimiento, pegando en el lugar que más duele.
El mismo Gobierno que empobrece a los docentes, que genera que lo salarios no alcancen para la subsistencia, les mete la mano en la bolsa y les quita aún más recursos de vida.
Pasó septiembre con 10% de empobrecimiento, pasó octubre con 17% de empobrecimiento, convoca a una paritaria y ofrece un 6% de aumento recién para el mes de septiembre, convalidando el empobrecimiento del 10% en septiembre y el 17% en octubre, los trabajadores unánimemente rechazan esa oferta, se mantiene otra reunión y ofrece un 4% para octubre y un 3% para noviembre.
Veamos lo que significan estas ofertas:
Hoy, a comienzos de noviembre, nos encontramos con un Gobierno que hambrea, hace trampas y castiga sin escrúpulos, lejos de asumir su responsabilidad por el incumplimiento del acuerdo firmado en el mes de mayo, que genera la pérdida del 17% del salario de los docentes, recurre a buscar algún juez que frene la realización de los paros, mientras tanto, mientras encuentra un juez o una jueza que resuelva sin ver su incumplimiento y solo ataque el derecho a huelga, realiza un doble castigo, a los docentes que luchan, que toman la decisión de enfrentar la injusticia sin medir sacrificios, les descuenta parte de sus empobrecidos salarios, pero también castiga al resto, a los docentes que no hacen el paro, que no sacrifican un día de descuentos para luchar por la mejora salarial, no les ejecuta la oferta miserable prometida. Pareciera que para ejecutar la oferta tenemos que estar todos de rodillas aceptando la pérdida salarial.
Ante esta oferta que empobrece aún más a los trabajadores de la educación, se decide el rechazo y la realización de 48 horas de paro.
Esto genera un desastre económico en las familias docentes, porque la gran mayoría de los docentes llegan con lo justo con su salario a cubrir las necesidades, para lo cual deben dejar sin cubrir muchas necesidades. Para entenderlo, las pérdidas contra la inflación o por descuentos no le quitan ganancias a los docentes, no le quitan dineros extras, le quitan dinero justo para la subsistencia.
La pérdida de un mes genera deudas que se espera cubrir al mes siguiente, pero si al mes siguiente la pérdida es mayor, se van acumulando deudas, en salarios que no cubren las necesidades mínimas, con un salario testigo que se encuentra un 40 % por debajo de la canasta básica. No estamos hablando de las ganancias de los sojeros, de las petroleras o de las mineras: estamos hablando de salarios que no llegan a la canasta básica.
La acumulación de pérdidas mensuales se suman, no se pueden compensar y los cálculos son irrefutables, lo demuestran los indicadores de aumento e inflación, nos muestran que un trabajador docente ha perdido más de medio sueldo en lo que va del año, hasta el mes de octubre. Eso se demuestra claramente en el siguiente cuadro:
Esto es lo perdido solo hasta octubre, sin haber realizado el aumento previsto, si abona la oferta realizada, la pérdida del 55% se dará de todas formas al mes de noviembre y de no haber aumentos hasta marzo del año próximo, se acumularía hasta febrero del 2019 una pérdida acumulada del 162%.
Es decir que los docentes perderíamos más de un sueldo y medio, que se acumula en nuestras deudas y genera una crisis económica explosiva en cada familia docente. Este porcentaje surge de sumar una pérdida del 26% en diciembre, del 35% en enero y del 45% en febrero, teniendo en cuenta los indicadores económicos que nos anticipan lo que serán los valores inflacionarios futuros, todo esto si no se producen explosiones hiperinflacionarias mayores.
Ese gráfico surge de la siguiente tabla:
La educación entrerriana está viviendo una profunda crisis por falta de presupuesto. Aquí mostramos lo que sufren los trabajadores y la responsabilidad del Gobierno al no cumplir los acuerdos y sus compromisos.
Los trabajadores no son responsables de la inflación, por lo tanto no tienen la obligación de hacerse cargo de las pérdidas. Llamamos a la reflexión al gobernador, le pedimos que deje de recorrer juzgados para frenar el paro, el paro se frena simplemente con el cumplimiento de los acuerdos y compromisos de gobierno, si frena el paro con la ayuda de un juez o jueza solo complicará más la situación de la escuela pública y este artículo debería ser leído por el juez o jueza antes de resolver sobre el derecho a huelga y poder evaluar la responsabilidad del gobierno, no solo mirar a los docentes y declararlos culpables a partir de evaluar solo el paro sin sus antecedentes.
(*) Docente. Miembro de la conducción de la seccional Uruguay de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).
Foto: Gentileza La Lucha en la Calle.