Por Víctor Hutt (*)

En estos días estamos conociendo la resolución 880/24 IAPV, dictada el 24 de abril por el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV). En la misma se pretende reformular las cuotas planes de viviendas sociales anteriores a la actual gestión. Anuncian que proyectan generar un fondo y deciden ir a recaudarlo a barrios de trabajadores que como único recurso familiar han accedido a una vivienda social en anteriores gestiones de gobierno.

Cada vivienda que se entregó en los últimos 25 años y que actualmente se encuentran con cuotas en vigencia, se hizo con un plan de pago que se firmó al momento del contrato, con cuotas que tenían un crecimiento de acuerdo a tasas que se relacionan con la inflación de cada momento, tasas que eran inferiores a la inflación por ser viviendas sociales y no negocios inmobiliarios.

Sabido es que todo crédito bancario a tasa fija tiene un período de alto impacto y pasado el tiempo, si la inflación crece, su valor se devalúa, pero incluso los bancos respetan esos acuerdos, siendo que son empresas privadas con fines de lucro. Es notable comprobar que el IAPV, un organismo creado con el fin de cubrir necesidades sociales, en cumplimiento del derecho al acceso a la vivienda digna que garantiza el artículo 14 bis de nuestra Constitución, se convierta en un organismo que priorice la especulación financiera y pretenda recaudar fondos de ciudadanos tenedores de viviendas sociales. Vaya nuestro más profundo repudio al espíritu que representan las actuales autoridades del IAPV, que destruyen sus mandatos fundacionales.

En la provincia coexisten dos formatos de planes de viviendas de IAPV. Los que se concretaron desde el año 2016 en adelante tienen una cuota cuya actualización se realiza de acuerdo a la tasa de incremento salarial. Esa metodología se implementó debido a que el gobierno nacional en esa época desfinanció todos los planes de viviendas iniciados y debieron completarse con fondos provinciales. Pero también existen otros, los que se concretaron hasta el año 2015 o anteriores, que fueron solventados completamente con fondos nacionales, que no generaron deudas a las provincias y que sus costos fueron oportunamente cubiertos. En esos se fijaron cuotas muy accesibles, porque fueron destinados a sectores de la sociedad que no podían acceder a la vivienda de otra forma.

Los planes anteriores a 2015 se concretaron con planes de pago con cuotas establecidas para los 25 años del plan y siempre se han pagado las cuotas con respeto a ese plan. Si en el medio existieron inflaciones elevadas, no es responsabilidad de los vecinos ese problema, ni los bancos modifican los planes de pago firmados por contrato.

Aquí lo que vemos es un IAPV que se encuentra sin recursos para nuevos planes de viviendas, funcionarios que se encuentran en cargos bien pagos y sin poder justificar sus sueldos, porque desde el gobierno nacional se ha cortado el envío de fondos para obras públicas y entre ellos para planes de viviendas, pero también se retienen los fondos de coparticipación, por lo que la provincia tampoco tiene fondos. Pero nos encontramos con funcionarios que no se les ocurre otra idea que ir a buscar esos recursos a los sectores de menores recursos de nuestra sociedad, en lugar de reclamar los fondos nacionales que son de todos los argentinos.

La Resolución 880/24 de IAPV, una resolución interna de un organismo, pretende ir contra toda la legislación referente a créditos a largo plazo. La enfrentaremos desde la vía judicial, pero fundamentalmente la enfrentaremos desde la defensa de nuestros derechos ciudadanos. Nuestra vivienda es el único bien familiar en la mayoría de los casos y la tenemos asegurada con un plan de cuotas que hemos firmado. Pretenden ajustar la cuota a un indicador de la economía, el UVI (Unidad de vivienda), que es un indicador de la economía muy sensible a las disparadas inflacionarias, las especulaciones del dólar, a la timba financiera. No aceptaremos que nos pongan a nuestras viviendas como moneda de cambio para la timba financiera, no aceptaremos a funcionaros que tomen el IAPV para transformarlo en organismo dedicado al negocio inmobiliarios, repudiamos los dichos de Vocales de IAPV que amenazan quitar las viviendas familiares si hay atrasos de cuotas, seguramente estarán diseñando jugosos negocios con quienes se beneficien con los remates de las viviendas de las familias entrerrianas.

Convocamos a juntarnos todos los tenedores de viviendas construidas por por planes del IAPV en tiempos de que el organismo se comportó como un espacio de garantía al acceso a la vivienda digna, vamos a enfrentar las imposiciones injustas y de espíritu contrario al mandato fundacional del IAPV.


(*) Víctor Hutt es dirigente docente de Concepción del Uruguay