Trascurridas ocho jornadas del juicio oral al cura Justo José Ilarraz por los abusos en el Seminario Arquidioesano Nuestra Señora del Cenáculo -empezó el lunes 16 de abril-, oídos los testimonios de las siete víctimas que denunciaron graves casos de corrupción de menores, y enterados de los pormenores aportados por los testigos de la causa, el Ministerio Público Fiscal y los querellantes particulares concluyeron que la carga probatoria es suficiente como para pensar en el pedido de condena.

Ello ocurrirá recién en las audiencias del jueves 10 y viernes 11, cuando se escuchen los alegatos de las partes, aunque hay coincidencia entre los fiscales Álvaro Piérola y Juan Francisco Ramírez Montrull con los abogados querellantes respecto a que el pedido de condena que se pedirá para Ilarraz será el máximo que permite la ley: 25 años. A partir de 2004, y con la aplicación del paquete de leyes Blumberg, las penas se agudizaron en el Código Penal.

Pero los hechos que se imputan a Ilarraz ocurrieron mientras estuvo vigente otro ordenamiento legal: Ilarraz fue prefecto de disciplina en el Seminario Arquidiocesano entre 1985 y 1993, y en ese tiempo las víctimas denuncian que ocurrieron los abusos.

«El pedido de pena va a ser unificado con la Fiscalía», dice Marcos Rodríguez Allende. Aunque incluye en esa postura común a los querellantes Walter Rolandelli, Santiago Halle y Victoria Halle y Lisandro Amavet, y deja afuera a Milton Urrutia y María Alejandra Pérez, que suelen poner la nota discordante en las audiencias. «No sé que va a hacer Urrutia. Nosotros ya estamos charlando el monto de la pena. Por toda la prueba producida, hay muchísimos agravantes. El único atenuante que tiene es la falta de antecedentes penales. Pero hay cientos de agravantes», concluye Rodríguez Allende,

-¿Van a estar cerca de los 25 años en cuanto a la pena que pedirán en los alegatos?

-La sentencia condenatoria al cura Juan Diego Escobar Gaviria fue de 25 años de prisión por tres casos de corrupción de menores y uno de abuso sexual. Acá tenemos siete hechos de corrupción de menores. Seguro que vamos a estar cerca de los 25 años acá también. Fueron muy elocuentes las testimoniales de las víctimas y de los testigos. Estamos pensando pedir al tribunal que extienda un día más para los alegatos. Que la Fiscalía y los querellantes ocupemos 10 y 11, y la defensa se tome el fin de semana, y haga su alegato el lunes 14.

Marcos Rodríguez Allende.

 

«Tenemos ese tope de los 25 años. Y el pedido de condena no va a estar lejos de ese tope», concede el fiscal Ramírez Montrull.

Ilarraz fue prefecto de disciplina en el Seminario Arquidiocesano de Paraná entre 1985 y 1993, y estaba a cargo de los pupilos que cursaban el ciclo básico de la escuela secundaria en el internado que funcionaba en el denominado Seminario Menor. Allí, ocurrieron los hechos que denunciaron 7 victimas en la Justicia. El caso está siendo debatido en un juicio oral, frente a un tribunal conformado por los camaristas Alicia Vivian, Carolina Castagno y Gustavo Pimentel.

Cuando en 2016, el Ministerio Público Fiscal remitió la causa con pedido de elevación a juicio,  se endilgó a Ilarraz el delito de «corrupción de menores, agravado por su condición de encargado de la educación de los pupilos que estaban bajo su responsabilidad».

Juan Francisco Ramírez Montrull.

 

Pero ahora esa calificación varió, lo que permite además agravar la pena que se pedirá. Ahora, la calificación es «corrupción de menores agravada, en concurso real». Qué significa: que son siete hechos, separados uno de otros; es decir, un hecho por cada víctima, y las penas se acumulan.  Pero la sumatoria en ningún caso puede superar los 25 años de condena.

 

 

 

 

 

Fotos: José Armando.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.