El sábado 10 de diciembre de 2011, Ariel Jesús Robles (Frente para la Victoria) asumió como intendente de Crespo en un acto que se desarrolló en la Plaza Sarmiento. Había accedido a la Intendencia crespense con un lema: “El proyecto de gobierno que tenemos coincide con lo que la gente quiere”.
Cuatro años después, el peronismo perdió la Intendencia. En diciembre último asumió Darío Schneider (Cambiemos) y entonces se inició una prolija revisión de lo hecho por Robles y a poco de empezar fueron apareciendo las irregularidades. La más grosera, la contratación de personal municipal en negro, según denunció en abril último el actual secretario de Gobierno de la Municipalidad, Julián Maneiro.
Pero no es lo único. Ni tampoco lo más grave.
Ya se están revisando las licitaciones que hubo durante la gestión K, con un objetivo claro: llevar algunos casos a la Justicia para que en ese ámbito se determine la comisión de eventuales delitos.
Dijo que la gestión K de Robles había abultado la planta de personal con la contratación de 52 trabajadores que estaban trabajando para el Estado en negro “sin aportes patronales ni descuentos sociales; es decir, incumpliendo la ley y en absoluta contradicción con los más elementales principios de justicia social y protección de los derechos laborales”.
Maneiro expuso sobre la planta de personal ante el Concejo Deliberante y a pedido del bloque del Frente para la Victoria (FPV). “Al asumir, nos encontramos con un gran desorden administrativo en el área de personal, fruto de años de improvisaciones e incumplimientos a la normativa vigente”, subrayó.
El funcionario explicó que a través del análisis realizado con los responsables de cada área, “se pudo establecer que existía personal contratado que no prestaba tareas efectivas, que no tenía tareas asignadas o que ni siquiera concurría al municipio de manera diaria. Eso que popularmente se denomina ñoqui”.
A raíz de lo detectado, se inició un sumario administrativo -expediente Nº 196/16-, del cual realizó lectura de las conclusiones producidas por la Asesora Legal: “De la prueba colectada, en esta Instrucción Sumaria, se advierte que durante el periodo 2014-2015, la Municipalidad de Crespo formalizó contratos de trabajo a plazo fijo, con destino al cumplimiento de tareas en el municipio, sin realizar los aportes de ley correspondientes en contravención con las leyes laborales”.
Según la prueba documental, la orden de no hacer las retenciones partió de funcionarios del riñón de Robles: exsecretario de Servicios Públicos, Leandro Raúl Vacaretti; exsecretario de Gobierno, Jorge Waigel; exsecretario de Planeamiento, Obras e Infraestructura, Fernando Bach; exsecretaria de Economía, Hacienda y Administración, Leonor Evangelina Winderholler; y el propio exintendente.
Pero las irregularidades de la gestión K de Robles no se agotan en esas cuestiones de forma en la contratación de personal. La administración de Cambiemos ha puesto el ojo en el manejo de los dineros públicos y los modos cómo se contrataba la obra pública y no descarta hacer denuncias penales en el caso de hallarse frente a la presunción de delitos.
El intendente Schneider contrató al mismo equipo de abogados que ya denunció al exgobernador Sergio Urribarri por enriquecimiento ilícito, al frente del cual están Guillermo Mulet y Rubén Pagliotto.
Consultado por el semanario Paralelo 32, Muleto no abundó en precisiones pero dio algunas pistas. Respecto de la investigación en marcha, dijo que alcanza a “exfuncionarios”, aunque aclaró: “Hoy no puedo revelar los nombres, una vez que esté presentada la denuncia penal, concretamente, en la Fiscalía, se van a tirar copias a cada uno de los que estén interesados, para que las puedan leer”.
Agregó que son denuncias complejas que tienen que ver con expedientes, con movimiento de dinero, con personas que intervinieron en la Municipalidad. Además, “se están estudiando algunas licitaciones”. “No es una cuestión sencilla, aspiramos a presentarlos cuanto antes”, agregó.
Señaló que algunos casos tienen que ver con delitos penales y otros, con faltas administrativas. “Por ejemplo, la contratación de celulares tiene más que ver con faltas administrativas que con una cuestión penal”, comentó.
La historia recién comienza.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.