El texto es breve. Una comunicación formalísima, escueta, que explica que “atendiendo a su pedido, se ha emitido el Rescripto Nº DI 04/09 del Sr. Arzobispo de Paraná por el cual se determina este cambio registral en su acta de bautismo en el Libro de la Parroquia Santa  Teresita del Niño Jesús. Acto formal de Defección de la Iglesia”.

Lo firma quien ejerce las funciones similares al Escribano Mayor de Gobierno en la Provincia, el canciller de la curia, el comisario mayor Hernán Quijano Guesalaga, es en respuesta a una petición que formuló la dirigente Jorgelina Londero, de la Asamblea Participativa de Mujeres, quien decidió apostatar de la Iglesia Católica.

Esta última semana, se presentaron en la curia de Paraná alrededor de 20 solicitudes de apostasía, y la decisión se da en el marco de la preocupación que generó el proyecto de ley de “libertad religiosa” que envió el responsable de Cultos del gobierno nacional, Santiago de Estrada.

La iniciativa de apostatar partió del colectivo Sexualidades Disidentes a la que se sumó también la ONG Apostasía Colectiva Entre Ríos.

“La idea era apostatar pero también hacerlo de forma colectiva para llamar un poco la atención y que se nos dé pie en algunos medios y espacios para hablar sobre la ley de Libertad Religiosa que repudiamos rotundamente”, dicen desde Sexualidades Disidentes.”Y nos parecía muy simbólico convocar desde Sexualidades Disidentes a esa acción, sobre todo después de que eligieran el día del orgullo para comenzar a tratar el proyecto”, apuntan.

La iniciativa del Gobierno nacional propone extender la inembargabilidad de los lugares de culto a todas las religiones reconocidas por el Estado –hasta ahora, ese es un privilegio exclusivo de la Iglesia católica–. Además, establece el “derecho a la objeción de conciencia, institucional o de ideario”, por el cual “toda persona tiene derecho a invocar un deber religioso relevante o una convicción o moral sustancial como razón para negarse a cumplir una obligación jurídica”. En todo caso, señala, “el objetor debería ofrecer la realización de una prestación sustitutiva que permita en lo posible equilibrar las cargas públicas”.

Además, propone “el libre acceso a lugares de internación, detención o cuarteles” a ministros de todos los cultos, algo que ahora es exclusivamente prerrogativa de la Iglesia católica –y que se sirvió de privilegios como ese para, por ejemplo, acceder a datos privados de mujeres que estaban a la espera de abortos no punibles para escracharlas–.

 

La iniciativa fue reprochada por Amnistía Internacional, que señaló que “preocupa especialmente el artículo 7 del proyecto sobre Libertad Religiosa. Este apartado proclama de manera explícita el derecho a la objeción de conciencia, de las personas y de las instituciones. Específicamente, establece que `toda persona tiene derecho a invocar un deber religioso relevante o una convicción o moral sustancial como razón para negarse a cumplir una obligación jurídica´ incluyendo a los funcionarios públicos.

 

“Este articulado constituye un retroceso sustantivo porque revierte la excepcionalidad del instituto de la `objeción de conciencia´, pasando ésta a ser casi la regla. En efecto el texto solo instituye como requisito que la creencia religiosa sea `sincera´ presumiendo la `buena fe´ del objetor por la existencia de dicha norma religiosa”.

Así, dice Amnistía, podrían darse estos casos:

 

-Un docente podría negarse a impartir una clase sobre la “teoría de la evolución” por encontrarse en pugna con su creencia religiosa, cercenando el derechos de niños, niñas y adolescentes a la educación.

 

-Pone en vilo la ley de Educación Sexual Integral, porque cualquier docente podría limitar la enseñanza religiosa a la moral sexual cristiana o moral de cualquier otra religión.

 

-Un juez de paz o un registro civil podría negarse a casar a un matrimonio entre parejas del mismo sexo basándose en principios morales o religiosos, violando el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas.

 

-Una obra social podría negarse a proveer anticonceptivos aun existiendo una obligación legal para hacerlo y violando los derechos sexuales y reproductivos de jóvenes y adultos.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.