El 20 de marzo, durante el largo discurso de apertura del año judicial -se extendió a lo largo de una hora-, el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Aroldo Eduardo Castrillón, hizo varios reclamos.

Uno, dirigido al fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes. Lo anotició, en forma pública, que desde Tribunales habían enviado a la Fiscalía de Estado 3.465 planillas para ser ejecutadas «por la tasa del servicio de justicia. Son $14 millones, necesarios para, por ejemplo, ayudar al sistema de lucha contra el narcomenudeo».

Pero de esos 14 millones reclamados, destacó Castrillón, sólo pudieron recuperar $27 mil.
«Señor fiscal -dijo Castrillón, refiriéndose a Rodríguez Signes-, necesitamos de esa ayuda, lo necesita el Poder Judicial».

El reclamo fue público, ante el gobernador Gustavo Bordet, representantes de la Legislatura y la corporación judicial casi en pleno.

Entre Ríos Ahora consultó la respuesta de la Fiscalía de Estado.

Según los registros del organismo que conduce Julio Rodríguez Signes, se tienen contabilizados un total de 3.166 planillas, que involucran un monto de $9.506.180,49.

El detalle es así:

Títulos para iniciar: 1.016 por $1.958.589)
Títulos antieconómicos: 640  por $118.093.47
Títulos a cargo de aseguradoras: 433 por un monto de $ 2.400.000
Tasas a cargo el Estado : 17  por un monto de $60.989
Convenios: 52 por un monto de $254770,21
Faltan cargar: 846 títulos de los ingresados en 2018
Juicios en el interior: 15 por un total de $4.965.343.02
Juicios en Paraná: 164
Total de títulos remitidos: 3.166 por un monto global de $ 9.506.180,49.

La «deuda» por tasa de justicia que reclama Castrillón a la Fiscalía de Estado es parte de un sistema que se impuso cuando Juan Carlos Ardoy condujo el STJ, durante el montielismo. Ardoy dispuso que esa tasa no fuera a Rentas Generales sino que se incorporase al presupuesto del Poder Judicial.

La tasa de justicia es un impuesto que paga quien litiga. En cualquier juicio, de cualquier naturaleza, se paga tasa e justicia. Ningún juicio se inicia sin antes pagar ese impuesto.

Si el interesado en ese juicio no la paga, automáticamente el juicio se frena.

En los casos en los que no se paga, finalmente, la tasa de justicia, el Poder Judicial envía las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que desde ese organismo se inicie la demanda respectiva para conseguir el cobro de la tasa no abonada. De esa tarea se encarga la Oficina de Apremios de la Fiscalía de Estado.

Y la cuenta que hace Castrillón indica que ese total de planillas enviadas suman una cifra de $14 millones que la Justicia le reclama a la Fiscalía de Estado.

Pero en la Fiscalía los números no coinciden, y además sostienen que hay muchísimos casos en los que resulta «antieconómico» iniciar la demanda porque se trata de personas insolventes. «Y además -dicen desde el organismo- iniciar un juicio de recupero de esa tasa es también un costo para el Estado».

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.