La situación de personas que viven en situación de calle en Paraná mereció la atención del Estado en el último censo: fueron contabilizadas por primera vez. Pero el conteo es apenas un primer acercamiento. La situación de las personas que viven en la calle continúa siendo la misma: el comedor comunitario de la parroquia San Miguel, que volvió a funcionar hace un mes después de dos años sin actividad, recibe a 40 comensales los tres días en los que abre cada semana.

Duermen en las calles, en las plazas y en la vereda de la capilla Nustra Señora de la Asunción, al lado del Instituto Cristo Redentor, sobre Avenida Ramírez. Allí hay un grupo de personas que pernoctan en la vereda, pero también han armado un toldo que los protege de la intemperie sobre las escalinatas del templo. Más no pueden avanzar porque el edificio ha sido rodeado por rejas. Distintos organismos se han acercado para encontrarles un lugar al cual derivarlos para que no sigan en situación de calle. Pero los intentos han sido infructuosos.

Hay, además, preocupación entre las autoridades del Instituto Cristo Redentor -establecimiento educativo confesional del cual depende la capilla- y también de la asociación de padres de los alumnos. «Se complica el traslado de los alumnos del Cristo al Gimnasio», dicen desde la Iglesia. Leonardo Sarli, responsable de la atención de personas en situación de calle en la Municipalidad de Paraná, admite que «es una situacion bastante complicada que venimos trabajando hace ya varios meses».

«La preocupacion no es solamente de las religiosas del Colegio, sino tambien de los directivos y de la Comision de Padres del Colegio, asi como tambien la comision vecinal», asegura Sarli.

 

Los vecinos se muestran preocupados por un hecho que complejiza todo: la sospecha de que bajo los plásticos negros que cubren las escalinatas se ejerza la prostitución por las noches.

La intervención del Estado es, de momento, cauta. Han estado allí profesionales del Hospital Escuela de Salud Mental, porque algunos tienen afecciones psiquiátricas. También han tomado parte la Defensoría del Pueblo de Paraná, el Centro de Medicinación, el Ministerio Público de la Defensa y, además, el área de Control Urbano de la Municipalidad de Paraná que monitorea la ocupación del espacio público.

«Es complejo porque no solamente son pacientes psiquiátricos, sino que tambien hay una problemática de consumo muy fuerte», dice Sarli.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora