La Justicia recibió un amparo ambiental colectivo promovido por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), por el que se pide que se ordene al Gobierno y al Consejo General de Educación (CGE) que adopte una serie de medidas que tiendan a dar seguridad a las escuelas diseminadas por todo el territorio provincial de modo que queden a salvo de las constantes fumigaciones.

La acción de amparo ambiental colectiva apunta a conseguir una orden judicial que imponga al Estado la obligación de determinar «una franja de 1.000 metros alrededor de las escuelas rurales, libre de uso de agrotóxicos. Y una zona de resguardo consistente en una barrera vegetal cuyo objetivo sería impedir y/o diminuir el egreso descontrolado de agroquímicos hacia los centros educativos».

Además, «prohibir la fumigación aérea en un radio no menor a los 3000 metros, tal como lo ordena el decreto reglamentario de la Ley de Plaguicidas». Y establecer un «sistema de vigilancia epidemiológica sobre los niños, niñas, adolescentes, personal docente y no docente que asistan a todas las escuelas rurales».

Además, peticionan que se «ordene, a través de la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Entre Ríos, el inmediato análisis sobre el agua de lluvia y agua utilizada para el consumo de los alumnos».

El amparo ambiental colectivo fue promovido con el patrocinio de las abogadas Aldana Sasia y María Fernández Benetti, y recayó en la jueza Graciela Aída Basaldúa, integrante de la Sala Segunda de la Cámara Segunda Civil y Comercial.

La presentación ingresó formalmente este 22 de agosto en Tribunales.

 

 

 

La acción de amparo ambiental fue acompañada de numerosa documentación y está fundada básicamente en lo dictaminado por el Comité de los Derechos del Niño y premisas de la Organización Mundial de la Salud para la infancia. Asimismo alude a los pactos internacionales amparados por la Constitución Nacional y las leyes ambientales en la materia.

 

 

El escrito está firmado por el secretario General de Agmer, Marcelo Pagani, y la presidenta del Foro Ecologista, Lucia Ibarra Bouzada. En el mismo además describen la situación de las escuelas rurales y periurbanas, en donde apuntan que “con el avance del modelo agrícola imperante, y el avance desmedido en extensos territorios de nuestra provincia, las escuelas rurales quedaron sumergidas dentro del ‘mapa productivo’. Este contexto genera gran preocupación debido al impacto de las fumigaciones sobre el ambiente y la salud humana de todos los que asisten a estos establecimientos”.

 

En este sentido, citan un informe realizado por el sindicato docentes entre 2014 y 2015 donde se destaca una muestra relevada de “82 escuelas, con un total de 447 docentes, 82 de personal no docente y bajo una población de 2.452 alumnos”, de la cual su mayoría asegura haber sido fumigada en horarios de clase y que en gran parte estos hechos no son denunciados. “En el departamento de Uruguay sufrieron aspersiones 15 escuelas de las 28 censadas. En Nogoyá, 18 sobre 23. Y en Gualeguaychú fueron fumigadas 19 escuelas sobre 23 relevadas. Son innumerables las denuncias, las noticias y los casos de fumigaciones que ocurren a diario en cercanías de las escuelas que conviven con los cultivos del agro y sus venenos”, se indicó.

 

“Concretamente en las escuelas rurales y periurbanas de Entre Ríos, los niños son pulverizados de forma directa en horario de recreos por vehículos autopropulsados, de forma directa por derivas en caso de ser horas antes de la concurrencia a la escuela e indirectas a través de ingesta (agua) y o contacto con recursos contaminados (suelo). Desde los distintos establecimientos educativos, como desde la Asociación Gremial y desde las Organizaciones Ambiéntales se han dispuesto un sin número de denuncias, las que nos han prosperado”, reclamaron.

 

Trazando un panorama alarmante, los demandantes pusieron como ejemplo que se ha llegado a casos extremos donde debieron establecimientos educativos por intoxicación aguda de docentes y estudiantes. En tanto señalaron también se han visto afectados miembros de estas comunidades educativas por la “presencia y permanencia de irritabilidad en vías aéreas, asmas crónicas, y una potenciación de una amplia gama de afecciones a la salud que diversos estudios e investigaciones de gran prestigio a nivel mundial relacionan con el uso de pesticidas, se han vuelto cotidianas”.

 

No más intoxicados

En duros términos, docentes y ambientalistas cuestionaron que “la inacción de las autoridades al no haber dado respuesta alguna a la fecha ante la fumigación directa de las escuelas en horario de clases”, denunciando “inoperatividad de los entes de control y fiscalización”, fustigaron.

 

“Quienes nos presentamos ante este órgano jurisdiccional, lo hacemos ya abatidos de intentar por todos los medios mantener a nuestros niños alejados de la fumigaciones con venenos, al menos en sus horas de aprendizajes”,

 

Por último, en la solicitud de acción judicial se argumenta la vía elegida de una urgente amparo ambiental a partir que “la situación de las escuelas rurales no se ha modificado, y nuestros niños en cada momento pueden estar enfermando a causa de la contaminación crónica con venenos en sus pequeños cuerpos, como consecuencia de la ausencia total del estado en la prevención de daño de semejante magnitud”.

 

De este modo reiteraron que la acción de amparo se presenta a los efectos de “prevenir la continuidad del daño”. Para lograr esto, consideran, se debe ordenar “una franja de resguardo con una prudencial distancia de la aplicación” de agroquímicos sobre las escuelas, y así “mantener la verosimilitud del derecho invocado, en tanto los perjuicios ocasionados se convertirían en definitivos e irreparables”.

 

 
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.