El proyecto del presupuesto municipal de Paraná para el año que viene conserva la forma y hasta la redacción casi textual de algunos artículos, señalados hasta el cansancio por la oposición de la pasada gestión municipal como mecanismos de cesión de facultades del Concejo Deliberante en favor del Ejecutivo. Superpoderes. Así, se le llamó a la modalidad que empezó tibiamente hace aproximadamente una década y terminó profundizando Blanca Osuna, apenas entró al gobierno. Arrancó en 2012 con la concreción de la cesión de facultades, continúo en 2013, y 2014 fue el único año que no fueron aprobadas debido a un cortocircuito pasajero en el bloque oficialista entre osunistas y solanistas.

En 2015, la súper bancada oficialista compuesta por entonces por los dos tercios del Concejo con ediles de esas dos líneas internas (solanismo y osunismo) más el hallismo, votó en bloque y aprobó otra vez el retorno de los superpoderes al Presupuesto. Son “la frutilla del postre”, se oyó decir, en noviembre de 2014, desde la oposición respecto de los artículos 1°, 2° y 4° de  aquel  proyecto.

Y la redacción de parte de esos artículos del Presupuesto 2015, contenido en la ordenanza 9.271, con el que transcurrió el último año de gobierno de Osuna, se reitera en el proyecto del Presupuesto para 2017, al que tuvo acceso este sitio. Por ejemplo, se mantiene textual en ambos documentos la segunda parte del artículo 1°, en el que fija cuánto va a gastar el Estado Municipal y en qué partidas. La similitud aparece en la parte que se refiere a la facultad del Ejecutivo para distribuir analíticamente “los créditos al máximo nivel de desagregación previsto en los clasificadores presupuestarios, pudiendo reasignar, por finalidad, función y jurisdicción los importes consignados en las partidas de Bienes de Consumo y Servicios No Personales, Transferencias, Personal, y Bienes de Uso”.

El artículo 2° contiene la estimación de los ingresos que tendrá el Municipio en 2017 y los montos determinados por las dos vías previstas: recursos corrientes y no corrientes. En el segundo párrafo del artículo se mantiene, hasta con las comas, lo siguiente en ambos textos: “El Departamento Ejecutivo podrá ampliar el Presupuesto General de Erogaciones y Cálculo de Recursos, cuando se produzcan nuevos o mayores ingresos por sobre los que se estiman en la presente, y/o cuando sea factible la incorporación de saldos no utilizados de recursos de ejercicios anteriores, debiendo efectuarse la comunicación al Honorable Concejo Deliberante”.

En el artículo 4° sucede algo parecido. Reitera el proyecto para 2017: “Apruébese el Plan de Obras Públicas (…), pudiendo el Departamento Ejecutivo de acuerdo al avance de las obras y criterios técnicos que permitan un mejor desarrollo de las curvas de inversión, realizar adecuaciones e incorporaciones en el marco del monto global autorizado”.

En el debate del proyecto de Presupuesto para 2015, los cinco concejales que manifestaron su rechazo, pertenecían a las minorías: los bloques UNEN, UCR y el unipersonal Eva Perón. Y se escucharon argumentos de una y otra parte. Uno de ellos, desde la oposición, era el del concejal Miguel Rettore (UNEN) que alertaba los siguientes sobre los superpoderes y los artículos 1°, 2° y 4°: “De aprobarse esto, significaría un gran retroceso en la calidad institucional de este Cuerpo y una gran incoherencia de quienes, hace un año, tomábamos la trascendente decisión de recuperar las facultades indelegables de este Honorable Concejo Deliberante”.

“No son superpoderes, son facultades delegadas”, dijo el por entonces presidente del bloque oficialista, Juan Manuel Huss. “Hablamos de facultadles y creemos que esta delegación que nos solicita tiene que ver con un normal funcionamiento para las obras públicas, porque a pesar de que se ha hecho mucho, a Paraná le falta mucho”, añadió. Marcelo Haddad (UNEN), por su parte, manifestó su “preocupación por el deterioro de la calidad en la técnica presupuestaria con la cual se elaboró el presupuesto”. “Creemos que es un gravísimo error votar el último párrafo del artículo 1, 2 y 4. Porque este Concejo funciona, no ha dejado de funcionar nunca y va a funcionar a pesar de ser un año político, de manera que no hay necesidad de que con una excusa de ser más eficientes tengamos que delegar esas facultades”. Por su parte, la concejal oficialista de entonces Cristina Sosa minimizó las facultades otorgadas al Ejecutivo y recordó que “no le han sido negadas a ningún intendente en los últimos 15 años”.

En esta etapa del Cuerpo, la delegación de facultades en este aspecto parece no ser un tema de debate hasta ahora. Mientras, el proyecto está en comisión.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora