La senadora provincial Patricia Díaz (PJ) presentó un proyecto de ley en la Legislatura por el que apunta a derogar la denominada Ley Castrillón N° 9.659, sancionada en 2005 por impulso del entonces legislador y luego presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Emilio Aroldo Castrillón.

La iniciativa, de solo tres artículos, plantea en el primero: «Deróguese la Ley 9.659 y sus modificatorias». Y en el segundo: «Intímese a los partidos políticos con reconocimiento vigente que en un plazo de 180 días adecuen sus cartas orgánicas para garantizar los principios de equidad de género, representación de las minorías, así como todos los implícitamente contenidos en el artículo 29 de la Constitución Provincial». El último, el tercero, es de forma.

La senadora Díaz impulsa así un proyecto alternativo de reforma político, distinto al que presentó el gobernador Rogelio Frigerio y que ya está en la Legislatura. Dice en los fundamentos del proyecto que es «una reforma política sin condicionamientos y marcando el rechazo a normas que atenten contra los partidos políticos, la independencia de poderes y la salud del sistema representativo de gobierno». Argumenta que integra «corregir los problemas que ha traído el sistema de internas abiertas, simuláneas (luego obligatorias), perjudicando de manera directa la vida interna del partido y la propia representatividad de los mismos».

«La Provincia de Entre Ríos adopta el sistema de elecciones internas denominadas en adelante primarias, abiertas, simultáneas y de un solo voto por ciudadano, para la elección de candidatos a presentarse a las elecciones generales de autoridades provinciales, municipales y centros rurales de población (Juntas de Gobierno), cuyo funcionamiento se regirá por la presente ley. El sistema adoptado por esta Ley se aplicará obligatoriamente a todos los partidos políticos, confederaciones o fusiones de partidos y alianzas transitorias, provinciales, municipales o de centros rurales de población (Juntas de Gobierno) que intervengan en la elección general de cargos públicos electivos, salvo en los casos de presentación de una sola lista y/o un solo candidato por categoría de cargo electivo», plantea el artículo 1° de la Ley Castrillón.

La legisladora entiende que el sistema electoral que impulso la Ley Castrilón, «que imperó en los últimos 20 años en la provincia, está agotado, la crisis de representatividad que atravesamos es en parte fruto de esta norma, que terminó con la vida partidaria, que de a poco fueron apagándose y solo funcionan para las elecciones, no hay vida interna, agrupaciones que represente las minorías, afiliación permanente y todo descansan en esperar qué ´parche´ le vamos poniendo para no pensar un sistema electoral que devuelva a los partidos la autonomía, que les devuelva la vida, la militancia, el debate, la mística que se perdió por un montón de situaciones pero que hoy la realidad nos demanda reacción, devolver a los partidos el protagonismo, autonomía y rol que la propia Constitución que sancionamos en 2008 le dio, reconociendo su carácter, y me permito transcribir el artículo porque para legislar sobre materia electoral el artículo 29 debe ser nuestro norte, nos limita y nos impone la necesidad de devolverle lo que el sistema electoral le ha quitado».

Ese artículo dice: «Todos los ciudadanos tienen el derecho de asociarse libremente en partidos políticos. Se reconoce y garantiza la existencia de aquellos en cuya organización y funcionamiento se observen: la democracia interna, la adecuada y proporcional representación de las minorías y demás principios constitucionales. Son instituciones fundamentales del sistema democrático, concurren a la formación y expresión de la voluntad política del pueblo, son instrumentos de participación ciudadana, formulación de la política e integración del gobierno. Sólo a ellos compete postular candidatos para cargos públicos electivos. La Provincia contribuye a sostenerlos mediante un fondo partidario permanente. Los partidos políticos destinarán parte de los aportes públicos que reciban a actividades de capacitación e investigación, debiendo rendir cuentas periódicamente del origen y destino de sus fondos y de su patrimonio. Tendrán libre e igualitaria difusión de sus propuestas electorales a través de los medios de comunicación social. Una ley establecerá los límites de gastos y duración de las campañas publicitarias electorales. El gobierno, durante el desarrollo de éstas, no podrá realizar propaganda institucional que tienda a inducir el voto».

En su análisis crítico de la Ley Castrillón, la senadora Díaz sostiene en proyecto: «El famoso ´dedo´ se institucionalizó con esta norma, que además significa un gasto enorme para el Estado, en 2023 el PJ imprimió varios millones de boletas para las PASO donde no tenía rivales, haciendo un enorme gasto innecesario que solo tiene justificación en una norma que prioriza la tracción de arriba para abajo, alejando las decisiones políticas de las bases». Y sostiene que los Ejecutivos «no deben tenerle miedo a legisladores que cuestionan, que piden informe, que se interesan, que no forman parte de ninguna comisión de aplausos».

 


 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora