El peronista Ángel Vázquez fue el primer legislador que tuvo pedido de desafuero de parte de la Justicia, pero que consiguió el blindaje de sus pares de la Cámara de Diputados.

Es a raíz de una denuncia que arrastra desde junio de 2005. La causa fue caratulada “Vázquez, Rubén Ángel –Cogno José Luis S/ falsedad ideológica de instrumento público”. En tiempos en que era intendente de San Benito, Vázquez fue denunciado por la supuesta falsificación de un decreto y una notificación oficial. Junto a otros funcionarios, fue acusado de falsificación de documento público, delito que tiene una pena de 1 a 6 años de prisión. En 2012, la Justicia pidió su desafuero pero no padó de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja.

Vázquez fue intendente de San Benito en dos períodos: 2003-2007 y 2007-2011. En 2011 se convirtió en diputado por el FPV y renovó su banca en las elecciones de 2015, por lo que sus fueros expirarán recién en 2019.

 

La causa contra Vázquez se inició en 2005 cuando el extesorero del municipio de San Benito, Edgardo Valdemarín, lo denunció por haberlo separado de su cargo mediante  un procedimiento que notó irregular.

 

 

El juez que instruyó la causa fue Héctor Vilarrodona, quien hoy disfruta de su jubilación. El magistrado estaba al frente del Juzgado de Instrucción Nº 4 de Paraná. En el año 2012, la Justicia dio por finalizada la instrucción suplementaria, pero no pudo fijar fecha de juicio ya que para entonces el imputado Vázquez era diputado y, por lo tanto, contaba con inmunidad parlamentaria.

Atentos a ese impedimento para juzgarlo, se solicitó su desafuero mediante un oficio enviado al presidente de la Cámara de Diputados, José Allende, quien el 19 de diciembre de ese año respondió que la Cámara Baja rechazó el pedido.

El propio Urribarri ya fue salvado por la Cámara en 2016, junto a su par Juan Carlos Darrichón.

El desafuero del exgobernador fue solicitado por el juez de Garantías Nº 2 , Eduardo Ruhl, quien pidió levantarle los fueros parlamentario a Urribarri en el marco de la causa por calumnias e injurias que le inició el abogado Guillermo Mulet.

Darrichón tenía un pedido firmado por la jueza de Garantías y Transiciones, Ana Quinteros Fagetti, que investiga la retención indebida de aportes de los trabajadores municipales destinados a la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones, en tiempos en que fue intendente de Diamante. La causa está abierta desde 2009, y tuvo varias idas y vueltas en la justicia.

“Tenemos una decisión tomada como bloque y no tenemos ningún inconveniente de hacerla pública, porque no amerita ningún tipo de duda de que ha habido una solicitud de desafuero erróneamente planteada por el doctor Ruhl”, justificó entonces el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Diego Lara.

“No puede hacer lugar si quiera a una denuncia por calumnias e injurias contra un legislador que está ejerciendo sus facultades y prerrogativas constitucionales que es la libertad y la inmunidad que tiene como legislador”, señaló Lara, al tiempo que recordó que desde 2010 la figura delictiva de la calumnia e injuria cambió su alcance y que ello fue receptado por el Código Penal respetando tratados internacionales.

Ahora, los pedidos de desafuero alcanzan a Urribarri y al diputado Pedro Báez. Lo firmó el juez de Transición Gustavo Maldonado en una causa que investiga la distribución irregular de publicidad oficial en beneficio del empresario pizzero Germán Buffa.

Maldonado procesó el 1º de marzo último a Urribarri, Báez y Buffa. Se trata de una  causa en la que están los tres implicados, y ahora procesados. Se abrió en 2013 tras una denuncia del diputado nacional (MC) radical Jorge D’ Agostino. Cuatro años después, en 2017, la fiscal Viviana Ferreyra los imputó y solicitó al juez de Transición que les tome declaración indagatoria.

El procesamiento de los tres fue confirmado el 27 de marzo pasado por un tribunal conformado por los camaristas Gervasio Labriola, Alejandro Grippo y Gustavo Pimentel. Durante una audiencia “in voce” que tuvo lugar el 20 de abril, la fiscal Matilde Federik pidió la confirmación de ese procesamiento y fue al hueso de la cuestión no sólo al reafirmar lo que antes, y en otra causa, ha planteado el Ministerio Público Fiscal, respecto a que el empresario pizzero Germán Buffa es “testaferro” del exministro Báez, sino que aseguró que la empresa Global Means SA, que se benefició con una pauta de publicad oficial en 2011, es parte del patrimonio del diputado provincial.

 

Letra constitucional

El artículo 114 de la Constitución de Entre Ríos establece que el legislador posee fueros:

“Ningún senador o diputado, desde el día de su elección, puede ser detenido excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de un delito que merezca pena corporal, en cuyo caso, se dara cuenta de la detención a la Cámara respectiva, con la información sumaría del hecho”.

En tanto, el artículo 115, dispone que “cuando se promueva juicio ante la justicia ordinaria contra cualquier senador o diputado, examinado el mérito sumario en juicio público, podrá cada Cámara, con dos tercios de votos de los presentes, levantar los fueros o suspender en sus funciones al acusado y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento”.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.