El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos exhortó a las autoridades provinciales «a garantizar el esencial servicio de justicia en el territorio entrerriano» ante el anuncio de medidas de fuerzas que anunció la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) tras su plenario provincial del viernes último.
Los abogados entienden que «asegurar la tutela judicial continua y efectiva, así como el acceso irrestricto a la justicia, según marca el artículo 65 de la Constitución de Entre Ríos, son principios fundamentales de nuestra sociedad democrática y constitucional». Y agregó: «La preocupación de todos los matriculados de la provincia surge a partir del plenario de AJER realizado el viernes pasado, en el que se decidió profundizar las medidas de acción directa estableciendo, para lo que queda del mes de abril, retenciones de servicios y dos jornadas de paro total, con quite de colaboración».
En el marco del reclamo por una mejora salarial y en contra de una eventual prórroga de la vigencia de la Ley de Emergencia Solidaria en la Provincial, la AJER decidió continuar con las medidas de fuerza en los Tribunales de la Provincia, y aplicar retención de servicios de dos horas los días lunes 19 y 26 del actual. Además, resolvió llevar adelante dos días de paro de 24 horas: será el jueves 22 y el jueves 29.
En ese marco, el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos apluntó: «Los principios de acceso a la justicia y la tutela se llevan a la práctica a través de la petición de justicia que realizan las personas ante los jueces (artículo 65 de la Constitución de Entre Ríos; el artículo 18 de la Constitución Nacional; y los artículos 25 y 81 de la Comisión Americana de los Derechos Humanos. (CADH), como también que los actos y decisiones judiciales deben realizarse en tiempo razonable, sin retardos ni dilaciones indebidas, tal como lo marca el artículo 65, 2° párrafo, de la Constitución provincial».
Al respecto, desde el Colegio de la Abogacía remarcan que «estas medidas sin dudas afectarán el normal servicio de justicia en la provincia. En el marco de la actual situación económica y sanitaria, las autoridades del CAER reconocen que los trabajadores judiciales han visto congelados sus salarios desde hace más de un año, comprendiendo que el ejercicio del derecho de huelga por garantía de justa distribución es un derecho de constitucional, pero sin omitir la defensa del derecho a trabajar de las abogadas y los abogados entrerrianos, ni de los ciudadanos de acceder a la justicia para peticionar la tutela de sus derechos, que también son garantías constitucionales de igual rango».
Por otro lado, y en relación a la publicación de AJER, el Colegio de la Abogacía «acompaña y hace propia la petición de proscribir la violencia laboral en los tribunales provinciales que ha realizado AJER. Las autoridades deben extremar la prevención de tales conductas que no solo hace a la dignidad de las trabajadoras y los trabajadores judiciales, sino también a todo el servicio de justicia entrerriano».
De la Redacción de Entre Ríos Ahora