Por Carlos Lombardi (*)
La decisión del arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari –y que hacen todos los obispos en general cuando quedan involucrados en denuncias por abusos por parte de los curas—de reunirse con víctimas y sus familias responde a un mismo patrón: digitar.
Lo que hace Puiggari, y lo que hacen los obispos en general, de digitar y de promover reuniones con las víctimas de abuso y sus familias, es sólo un barniz. Lo hacen única y exclusivamente para lavar la imagen hipócrita y cínica, que de modo sistemático exhibe la Iglesia Católica.
El hecho de que Puiggari se reúna con las víctimas no significa que tenga un espíritu de diálogo o de resarcimiento de los daños que ha ocasionado la Iglesia entre las víctimas y sus familias.
Con este hecho, lo que único que se busca, dado la experiencia, es la manipulación de las víctimas o sus familias. Y en esto, en este tipo de reuniones, se corre un gran riesgo en cuanto a ser funcionales a la autoridad eclesiástica, en este caso Puiggari, que no sólo tiene a dos curas en proceso judicial, Justo Ilarraz y Marcelino Moya, sino que ya tiene a un cura condenado a 25 años de prisión efectiva, como es el caso de Juan Diego Escobar Gaviria.
No hay que equivocarse. Estas son lágrimas de cocodrilo, que no hacen sino demostrar que el único objetivo que persiguen los jerarcas católicos es proteger o blindar a la Iglesia. Solamente buscan lavarle la cara. No les importan las víctimas. Nunca les importaron
Además, el hecho de que la Iglesia de Paraná haya conformado una Comisión de Protección de los Menores, que haya nombrado a una especialista en el tema, María Inés Franck, que la envíe a contactar a las víctimas, no demuestra nada. Es decir, muestra más de lo mismo: la protección de la Iglesia, que es lo que buscan en definitiva.
Hay que tener en cuenta que todas las medidas adoptadas por el Vaticano y por el Episcopado argentino están dirigidas a la protección de la institución. Y es una institución la Iglesia Católica que es una cáscara vacía, un sepulcro blanqueado.
Acá, sólo buscan darle otra mano de barniz, para blanquear a la institución Iglesia, pero sabemos que adentro está lleno de podredumbre. Y esa podredumbre está dada fundamentalmente por los procedimientos que aplica la Iglesia. Nunca está a favor de las víctimas, sino que solamente persigue su propia protección.
En Mendoza hemos logrado algo importante. La Justicia dictó una sentencia a favor de los derechos de las víctimas de abuso, y dispuso un resarcimiento económico. No solamente es importante la condena económica, que no es relevante en cuanto a la suma, pero es condena al fin, sino que la Justicia declaró inconstitucionales dos cánones del Código de Derecho Canónico: 1717 y 1719, que avalan el secreto y el juramento de silencio al que están sometidos los procedimientos canónicos.
Eso es un avance en procura de abrir ese cascarón vacío.
(*) Abogado. Representante legal de la Asociación de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico.