“Lo que a mí me asombra es todo el escándalo. No encuentro qué crimen cometen. ¿Privación de la libertad? Son todas mayores de edad. Decían que estaban desnutridas. Pero un médico de la policía constató que no. Decían que no se atienden la salud. Pero todas tienen médico de cabecera y en clínicas muy importantes, como San Camilo y Mater Dei, adonde se atienden. Este convento tiene un régimen de clausura papal, depende de la Santa Sede, y lógicamente ante estos hechos, primero lo que hice fue comunicar la situación al señor nuncio”.

La mañana del 26 de agostos de 2016, el arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, dio una conferencia de prensa para hablar de lo que había ocurrido un día antes, el 25, en Nogoyá: el allanamiento al  Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen, de la orden de las carmelitas descalzas, en Nogoyá. La medida judicial fue consecuencia de dos denuncias que habían presentado Silvia Alvarenque y Roxana Peña, exclaustradas del convento, luego de haber soportado vejaciones, tormentos e incluso una de ellas haber intentado quitarse la vida. El viernes 5 de julio, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, que juzgó a Toledo, anunció la condena a 3 años de cárcel de la monja, acusada del delito de privación ilegítima de la libertad agravada.

La religiosa dirigió los destinos del Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen, ubicado en la zona sur de Nogoyá, frente a barrio San Miguel, entre 2008 y 2016, cuando fue separada de su cargo.

El apartamiento de Toledo se dio tras el allanamiento ordenado por la Justicia en 2016. En su declaración por escrito en el juicio que se le siguió a la religiosa en el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, el arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, explicó que “pedí con urgencia que se enviara un Visitador Apostólico. Así fue, la Santa Sede eligió un Obispo Emérito, monseñor Martín de Elizalde, exAbad de un Monasterio Benedictino, con muchísima experiencia en la vida contemplativa. Él se instaló en el Monasterio durante unos cuantos días, pudo hablar largamente con cada monja; pudo conocer en el lugar la vida comunitaria. Cuando terminó la Visita Canónica, elevó un informe a la Sagrada Congregación de la Vida Consagrada, que es la encargada por el Santo Padre de velar por la vida religiosa. Ese informe es reservado, nunca tuve conocimiento del mismo”.

El 8 de noviembre de 2016, el Vaticano decide apartar a Luisa Toledo del cargo de priora del convento carmelita de Nogoyá.

El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay tuvo otra mirada respecto de lo ocurrido en el convento carmelita, muy distinta a aquella primera queja de Puiggari. Y llegó «a una conclusión de carácter condenatorio y con contenido de certeza, en primer lugar en lo que hace a la ocurrencia material de los sucesos atribuidos, que en sus aspectos esenciales han quedado demostrados con los alcances contenidos en las imputaciones formuladas en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que oportunamente se le adjudicaran a la imputada Toledo, conductas éstas que en modo alguno implican enjuiciar a la Iglesia Católica, ni enfrentar a la fe con la razón, sino lisa y llanamente juzgar criminalmente a quien aparece de modo indubitable ya a esta altura como única y exclusiva responsable de conductas que tipifica y reprime nuestro Código Penal, las cuales de ninguna manera pueden confundirse o quedar desplazadas por la normativa canónica invocada por la Defensa, que en modo alguno ampara y/o protege las conductas en cuestión tal como ha podido advertirse luego del desarrollo del debate». 

También Puiggari varió su posición respecto a lo que sucedía en el convento carmelita, y en su declaración por escrito en el juicio a Toledo ya no habló de escándalo, ni reprochó el allanamiento ni puso en tela de juicio el trabajo de la Justicia. Muy por el contrario, comprometió seriamente a la religiosa.  “No fue fácil, en los últimos tiempos, la relación con los párrocos. La Hna. Isabel (el nombre religioso de Ester Toledo) no siempre comprendía las numerosas tareas que tienen los sacerdotes en una Parroquia tan grande como la de la Basílica del Carmen, y a veces pretendía cambios de horarios u otras actividades imposibles de cumplir por los sacerdotes”. Y agrega: “Esto era motivo de roces”.

Federico Uriburu, el fiscal que llevó adelante la investigación penal previa -y que encabezó aquel allanamiento que tanto molestó a Puiggari- sostiene que «la sentencia es una reivindicación de todo el trabajo que hicimos, un trabajo que fue difícil, por la gravedad de los hechos y porque ocurrieron en un convento. Siempre es tabú lo religioso. En Nogoyá fue una gran conmoción. Hubo críticas hacia la investigación».

-Puiggari dijo en 2016 que el allanamiento fue «escandaloso». Pero el tribunal, al dar a conocer su sentencia, habló de que había cámaras de vigilancia, alambre electrocutado y vidrio molido en el paredón que rodea al convento, en cuyo interior ocurrían los tormentos.

-El allanamiento fue el único camino para acceder a determinadas pruebas, como los elementos con los cuales se aplicaban las torturas. Se tuvo que romper una puerta porque había reticencia a abrirnos. A nosotros nos impedían el paso, pero al rato que nos fuimos llegó una escribana a constatar lo que había ocurrido e ingresó sin ningún problema. La escribana fue convocada por la priora.

-En 2016 Puiggari negó que en el convento se cometieran delitos. El fallo del tribunal dice que hubo delito y por eso condenó a la monja. 

-Hay que decir que lo habló fue en una conferencia de prensa y no en una declaración bajo juramento de decir verdad. En su declaración por escrito no lo dijo. Pero además, según constancias que tenemos a partir de charlas con familiares y con carmelitas que todavía siguen en el convento es que después del allanamiento nunca más se utilizaron los látigos y los cilicios. Hasta se cambió la dieta, porque se alimentaban mal. Todo eso quedó evidenciado en este juicio.

-El juicio dejó en claro que se cometió un delito y que lo que hizo la Justicia fue investigar, juzgar y condenar ese delito. 

-Exacto. Un delito común, sujeto a las leyes del país. Puiggari llegó a decir que entraron 50 policías al convento. Y para desmentir eso están las fotos que fueron valoradas por el tribunal, que muestran el procedimiento que se hizo desde el inicio hasta el final. Son alrededor de 300 fotos, más algunas filmaciones. En el momento que más gente hubo fueron entre 14 y 15 personas, incluidos los dos testigos de actas y los dos fiscales. Fue una exageración por medio de la cual se intentó desvirtuar el trabajo de la Fiscalía.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.