La administración del exgobernador Sergio Urribarri consiguió, en un trámite exprés, la sancion en la Legislatura de un nuevo impuesto, que se aplica a la transmisiones gratuitas de bienes, y que se lo conoce como Impuesto a la Herencia.
La Ley N° 10.197, aprobada en enero de 2013, estableció que los fondos recaudados se destinen a financiar el Programa de Desarrollo de la Infraestructura Social de Entre Ríos (Prodiser) y su fondo asociado, Fondo para la Infraestructura Social de Entre Ríos (Fsier).
El Prodiser, destinado la construcción de viviendas sociales, y tambien a cubrir los costos jurídico-notariales de escrituración y la instalación de servicios básicos.
El principal objetivo apuntó a construir 6 mil viviendas en tres años, hasta 2015.
Mediante ese esquema, la administración Urribarri se propuso recaudar unos $70 millones en concepto de Impuesto a la Herencia. Aunque según otro legislador de Cambiemos, el senador Nicolás Mattiauda, la recaudación anual es de $30 millones.
Pero no está claro qué fue de ese dinero recaudado.
La diputada provincial Gabriela Lena (Cambiemos) presentó en la Legislatura un pedido de informes para que la Administradora Tributaria de Entre Ríos divulgue cuánto se recaudó y si los fondos fueron invertidos en viviendas sociales.
Lena busca conocer los números del dinero recaudado, para “discernir si los mismos fueron destinados -como manda la ley- al Fondo para la Infraestructura Social de Entre Ríos (Fiser), que tenía como fin el financiamiento del Programa de Desarrollo de la Infraestructura Social de Entre Ríos (Prodiser)”.
Aunque la legisladora había pedido antes la derogación de esa ley por cuanto considera «ineficaz» al Impuesto a la Herencia.
También el senador provincial Nicolás Mattiauda (Cambiemos) pidió derogar el Impueseto a la herencia por cuanto entiende que es «claramente injusto» por cuanto al gravar la transmisión gratuita de bienes «presupone que el receptor de los mismos se está enriqueciendo».
El legislador no va contra el objetivo del gravamen, promover la construcción de viviendas sociales, sino el impuesto que, a su criterio, «perjudica a las clases medias, trabajadores y pequeños productores que quieren iniciar un juicio sucesorio o disponer de sus bienes a través de una donación o anticipo de herencia, ya que muchas veces deben vender los bienes para obtener liquidez para abonar los montos del impuesto».
Mattiauda considera que lo que recauda en forma anual el fisco, unos $30 millones, no resulta un monto significativo.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.