La Iglesia Católica de Paraná reaccionó tarde y de modo balbuceante luego del durísimo fallo que dictó el miércoles 6 el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, que condenó a 25 años de prisión, de cumplimiento efectivo, al cura Juan Diego Escobar Gaviria, quien entre 2005 y 2016 fue párroco de San Lucas Evangelista, de Lucas González.
A Escobar Gaviria la Justicia le achaca la comisión de delitos gravísimos: corrupción y abuso sexual en perjuicio de menores que eran monaguillos en el templo del pueblo. El sacerdote fue considerado como autor material y penalmente responsable y sancionado a cumplir el máximo de la pena en una cárcel común.
Luego de esa declaración, la socióloga María Inés Franck, integrante de la Comisión para la Protección de los Menores que creó el arzobispo Juan Alberto Puiggari, consideró que “lo primero que estamos haciendo es esperar los tiempos de la Justicia, dispuestos a colaborar en estos casos. Se está actuando, se está haciendo un proceso y no hay que entorpecer. Me parece que un gran trabajo hacia el interior de la Iglesia para que estos hechos no sigan pasando. Este es un trabajo de prevención muy importante que está encarando la Iglesia de Paraná desde hace un tiempo”.
Esa Comisión para la Protección de los Menores se conformó en 2017, cuando ya el clero paranaense tiene a uno de los suyos condenado por cuatro casos de abusos a menores, espera el inicio del juicio oral a Justo José Ilarraz, el 13 de noviembre, con 7 denuncias encima, y está en la expectación respecto del caso del cura Marcelino Ricardo Moya, con dos denuncias, y entrampado en un planteo por prescripción.
Franck, que transcribe el pensamiento de Puiggari en estos temas, dijo: “Hace varios años que la Iglesia de Paraná brinda capacitaciones para generar ambientes seguros, para concientizar a la gente. Porque acá hay consecuencias muy graves. Además porque los ambientes de la Iglesia tienen que ser seguros. Tenemos que hacer que esto no vuelva a pasar”. Lo dijo en declaraciones a la radio de la curia, FM Corazón, pero no hizo ninguna evaluación respecto de si esas capacitaciones han logrado algún efecto positivo.
La Comisión Arquidiocesana para la Protección de los Menores tiene dos objetivos, dijo Franck. “El primer objetivo es la prevención, la cual se realizará de forma sostenida a largo plazo en todos los ambientes eclesiales para saber cómo detectar estos hechos cuando ocurren, a quién acudir para avisar lo que está pasando. Hay muchas cosas que se puede detectar. En muchos países se realizan estos programas y es lo que funciona”, afirmó.
“En los casos en los que lamentablemente ya ocurrió un abuso, se estudia cómo encarar el asunto, cómo denunciar, ver exactamente las sospechas. No nacemos sabiendo esto. Por eso tenemos que formarnos. Las capacitaciones se vienen dando en Paraná hace mucho tiempo”, apuntó.
Y el segundo objetivo, dijo, es “para aquellas personas que buscan el acompañamiento de la Iglesia ante estos casos. Uno no puede acercarse de manera estándar, sino que cada caso es particular”.
“La Iglesia rechaza con fuerza esto y le duele muchísimo y más cuando uno de sus miembros, de sus sacerdotes, está involucrado. Por eso está dispuesta a ayudar en todo lo que necesiten para salir adelante y para sanar una herida que puede ser muy profunda”, sostuvo.
Por otro lado, explicó que “hay ciertas conductas que en sí no tienen nada de malo pero que pueden ser peligrosas. Hay un grado de intimidad que siempre hay que respetar. Que sea menor no significa que no tenga intimidad y los adultos tenemos que aprender eso. Las redes sociales pueden ser herramientas peligrosas. Hay que ser muy maduro para saber manejar esto. Estamos dispuestos a ayudar a cualquier institución de la sociedad. Estamos abiertos a cualquiera que venga a trabajar. El abuso sexual es un problema social grave que supera la Iglesia”.
Finalmente mantuvo que “el objetivo es que nunca más vuelva a pasar. Nosotros trabajamos para eso. Y más con la doctrina en materia de moral sexual que tiene la Iglesia”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.