«Ha sido una semana dura, triste, dolorosa. He tenido que firmar un acuerdo en la causa de mi ex trabajo como muchos han visto en las noticias. Quise cerrar un ciclo, no sé si hice bien o mal. No sé si tendría que haber seguido peleando y luchando por mi inocencia (que por supuesto la sigo sosteniendo). Me decidí por lo que es de público conocimiento porque quiero y necesito enfocarme en el futuro, en mi salud física y mental que se ha deteriorada en estos últimos años. Tengo la conciencia muy tranquila».
De ese modo, Fabricio Santapaola, exresponsable del Depósito de Efectos Secuestrados del Poder Judicial, se refirió al acuerdo de juicio abreviado que firmó esta semana su abogado, Guillermo Vartorelli, con el fiscal Ignacio Aramberry, rubricado por el juez de Garantías Mauricio Mayer, y que puso fin a una tercera fase de la causa del robo de armas de Tribunales, que llevó a la cárcel, con condena de 12 años de prisión, al experito balístico del Poder Judicial Antonio Daniel Vitale. Esa condena fue refrendada por un tribunal de primera instancia, por Casación y luego por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), y ahora la defensa de Vitale quiere acudir a la corte para batallar por su inocencia.
Santapaola fue, hasta el 9 de mayo de 2018, jefe de Efectos Secuestrados del Poder Judicial de Entre Ríos. Ese día fue cesanteado mediante una resolución del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que puso fin al sumario administrativo que se le abrió en 2016, poco después de que la causa por el robo de armas judicializadas saliera a la luz.
La cesantía llegó tras la expulsión de Antonio Vitale, el experito balísitco que fue condenado a 12 años de prisión al ser hallado responsable del robo de armas judicializadas, para su posterior venta ilegal. Las armas, y otros elementos sujetos a la tramitación de causas judiciales, debían quedar a resguardo en la sala de Efectos Secuestrados, a cargo de Santapaola. Pero no fue así.
Vitale fue condenado el 13 de abril de 2018 como autor del delito de amenaza simple, que tuvo como víctima a una funcionaria policial, y del delito de peculado y sustracción de armas de fuego del depósito del Poder Judicial para luego reinsertarlas en el mercado ilegal.
Para llevar adelante ese plan y cometer un delito «aberrante», como calificó el tribunal que terminó condenándolo, Vitale se valió del brazo ejecutor de Mauro Maximiliano Bertoni, un exempleado del Departamento Médico Forense de Tribunales, que fue condenado a 3 años de prisión condicional luego de haber aceptado su culpabilidad en el delito.
Además, se señaló que conseguía clientes en el mercado ilegal con la apoyatura de Eduardo Ramón Borgogno y de Mario López Alonso. En diciembre de 2016, Bertoni admitió su responsabilidad en el delito de sustracción de armas del Poder Judicial y firmó un acuerdo de juicio abreviado con la Fiscalía: aceptó una condena de tres años de prisión condicional, más trabajos comunitarios.
También accedieron a un juicio abreviado Eduardo Ramón Borgogno, que aceptó una pena de tres años de prisión condicional; y Mario López Alonso, que firmó por un año y seis meses de cárcel condicional, ambos acusados de conseguir clientes y gestionar la venta y cobro de las armas sustraídas del depósito del Poder Judicial.
Después, sobrevendría la condena más dura, 12 años de cárcel para Vitale, y la última fase fue el acuerdo abreviado para quien era el superior del experito balístico del Poder Judicial, Fabricio Santapaola.
El jueves 7 del actual, el juez de Garantías Mauricio Mayer aprobó un acuerdo de juicio abreviado contra el exresponsable del Depósito de Armas, Fabricio Santapaola, a quien se le impuso la pena mínima, una multa de $4.000, que pagará en 8 cuotas de $500, por su proceder «imprudente», que permitió la sustracción de elementos que estaban bajo su custodia.
Al rubricar el acuerdo de juicio abreviado, el juez Mayer entendió que Santapaola cometió «un delito sin querer» y al respecto explicó que en su rol de responsable del Depósito de Elementos Secuestrados del Poder Judicial «hizo menos» de lo que debía hacer por lo cual permitió que otras personas sustrajeran las armas que luego se ponían a la venta en el mercado ilegal.
A pesar de ese acuerdo, Santapaola insiste en su inocencia. «Me voy a tomar unos días para pensar si cuento toda mi verdad en los medios porque nunca tuve la oportunidad de hacerlo en la causa. Estoy en una dualidad; por un lado no quiero seguir socavando con este tema pero por otro siento la necesidad de sacar todo lo que tengo adentro, en qué condiciones trabajaba y como me desempeñaba día y hasta tarde y noche, a veces, para tratar de poner en condiciones mis lugares de trabajo», planteó en una publicación que hizo en su muro de Facebook.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora