“El vocal del Superior Tribunal de Justicia, Bernardo Salduna, tendría que dar explicaciones sobre su presencia en la sala de audiencias del TOF de Paraná acompañando al grupo de apoyos a genocidas.”
La frase la publicó el abogado Marcelo Boeykens, coordinador del Registro Único de la Verdad de Entre Ríos, y uno de los abogados querellantes en el juicio que se le sigue al expolicía Ricardo Céparo por el secuestro y torturas sufridas por una mujer durante la última dictadura militar.
Céparo es, además, suegro de Emilio Castrillón, vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Salduna es actualmente el vicepresidente del STJ y preside la Sala Laboral del máximo cuerpo. Castrillón, en tanto, preside la Sala Civil y Comercial.
El dato que hace notar el Boeykens no es menor. ¿Qué hacía Salduna en la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná? Más aún, ¿qué hacía, al decir del querellante, junto al grupo que acompaña a “genocidas”?
Céparo está acusado por el secuestro y torturas de una mujer durante la última dictadura cívico-militar. El fiscal José Ignacio Candioti pidió que sea condenado a 16 años de prisión y los querellantes solicitaron una pena de 21 años de cárcel y que el tribunal admita que los crímenes se cometieron en el marco de un genocidio. El defensor, en tanto, pidió la absolución y dijo que los sobrevivientes de la represión ilegal mienten y repiten “relatos implantados o memorias sugeridas”.
La crónica de Juan Cruz Varela, que publica hoy El Diario, da cuenta que en una vibrante audiencia, a sala llena y luego de atravesar un racimo de emociones y sentimientos cruzados a lo largo de seis horas, el fiscal José Ignacio Candioti y los abogados querellantes Marcelo Boeykens y Sofía Uranga solicitaron que se le imponga una fuerte condena para el ex policía provincial Atilio Ricardo Céparo, por el secuestro y torturas sufridas por una mujer, durante la última dictadura cívico-militar.
Expolicía Ricardo Céparo.
Céparo fue acusado por los delitos de privación ilegítima de la libertad cometida por un funcionario público, con abuso de sus funciones y/o sin las formalidades previstas por la ley y/o desempeñando un acto de servicio; vejación, aplicación de apremios ilegales o imposición de tormentos contra una mujer, en septiembre de 1976, agravado, además, por la condición de perseguido político de la víctima.
En resumen, Céparo fue señalado como un engranaje central en el esquema represivo, por lo que el fiscal solicitó que sea condenado a 16 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos; mientras los querellantes pidieron que se le imponga una pena de 21 años de cárcel.
Los querellantes, además, pidieron que se abra una investigación para determinar la participación de otros civiles, policías o militares en el secuestro y torturas de la mujer; que se investigue a Céparo como miembro de una asociación ilícita y que se determine su participación en otros casos de privación ilegítima de la libertad y aplicación de torturas en esos días de septiembre de 1976.
Emilio Castrillón.
También solicitaron que los delitos por los que se imputó a Céparo sean considerados como cometidos en el marco del segundo genocidio nacional.
El defensor José Esteban Ostolaza, por su parte, apeló al libreto de siempre: no se privó tampoco de llamar “proceso” a la dictadura; dijo que la víctima mentía, que su secuestró y los padecimientos posteriores eran un invento, que no había constancias de las torturas con picana eléctrica y que todo era parte de una confabulación entre un puñado de testigos para condenar a Céparo. No dio razones. Destiló veneno, dijo que “los testigos repiten relatos implantados o memorias sugeridas” y que tratan de dar “declaraciones efectistas”. Después de eso, pidió la absolución del ex policía, o que se le imponga una pena mínima de tres años de prisión, en caso de que el tribunal lo considere culpable; y reclamó que se le conceda el beneficio del arresto domiciliario.
A cabo de seis horas de alegatos, el tribunal integrado por Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros difirió hasta el próximo martes 18 de octubre las réplicas y dúplicas, donde las partes podrán responder a los planteos de sus contrapartes.
La de ayer fue una jornada intensa, además, por la presencia por momentos con actitudes provocadoras de un grupo de personas con carteles y pancartas en apoyo a los represores detenidos por crímenes de la dictadura, lo que motivó una distribución especial de los lugares asignados al público en la sala del tribunal.
En medio de ellos, según Boekens, estaba el vocal Salduna.
Los ánimos estuvieron más alterados en el comienzo de la audiencia, por la presencia de un grupo de personas jóvenes con carteles y pancartas de fervorosa defensa de la represión ilegal, que sostuvieron colgados durante la extenuante jornada.
En el frente del tribunal habían colgado una bandera con la leyenda: “Presos políticos víctimas del negocio de los derechos humanos”.
Se presentan como una especie de grupo de apoyo a los represores imputados por crímenes de la última dictadura y a sus familiares, y ayer fue su estreno en sociedad en un juicio de lesa humanidad, a los que consideran como escenarios de venganza.
Su presencia mereció el repudio del movimiento de derechos humanos aunque no hubo agravios ni sobresaltos. Hubo algunos que lo atribuyeron a un “cambio en el humor social”, otros lo consideraron “un avance de un accionar reaccionario” que permite el nuevo gobierno.
En la sala, cuenta El Diario, cinco jóvenes se ubicaron detrás de las hijas del ex policía Atilio Ricardo Céparo, exhibiendo pancartas y carteles con fotos de “asesinados por terroristas”. Tuvieron una única manifestación que mereció el reproche y un llamado de atención de parte del tribunal, cuando aplaudieron estruendosamente la salida de Céparo de la sala, aduciendo que no estaba en condiciones de enfrentar una situación de stress.
Mezclado entre ellos, llamó la atención la sorpresiva (e inexpresiva) presencia de un vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ): Bernardo Salduna se había presentado el día anterior en la sede del tribunal para solicitar un lugar para presenciar los alegatos. Se lo vio intercambiar palabras con el grupo y en el final de la jornada se acercó al defensor de Céparo, José Esteban Ostolaza, a quien felicitó por su alegato.
Salduna, dirigente del radicalismo de Concordia y ex diputado nacional, fue designado en el STJ a partir del 16 de junio de 2000 por el gobernador Sergio Montiel; es actualmente vicepresidente del alto cuerpo. Nadie supo explicar su presencia en la sala, más allá de la relación con Emilio Castrillón, yerno del imputado Céparo, con quien comparte funciones en el STJ.