Pablo Hernández, integrante de la bancada oficialista de Cambiemos, quedó detenido el lunes por orden del juez federal Leandro Ríos en el marco de la causa que investiga el accionar de una banda de narcotraficantes.
Esta situación es inédita en la historia de la provincia y muestra los grises que tiene la ley orgánica de municipios 10.027, ya que solo están comprendidos como inhabilitados para ejercer el cargo los que tienen sentencia firme, pero Hernández sólo está arrestado, incluso sin prisión preventiva.
En este caso, sólo resta, si es voluntad del Concejo, aplicar el artículo 90 de la ley, que establece: El Concejo Deliberante podrá con el voto favorable de los dos tercios (2/3) de sus miembros, corregir y aún excluir de su seno a cualesquiera de ellos por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o por indignidad y removerlos por inhabilidad física o moral, sobreviniente a su incorporación”.
El arresto de Hernández deja a Cambiemos en una situación complicada en el Concejo: su bloque queda reducido a un tercio del total de bancas, cinco sobre un total de 15. El resto de los lugares quedan así: el justicialista Frente para la Victoria, cinco bancas; Paraná de Pie (desprendimiento de Cambiemos) dos; y Frente Renovador dos. Estos dos últimos bloques, que suman cuatro votos, suelen votar en proyectos complejos con el oficialismo.
Es decir que para lograr la remoción de Hernández se requieren 10 votos, por lo que si la oposición intentan desplazarlo o el oficialismo reemplazarlo, es necesario el concurso de al menos una parte de las bancadas mayoritarias para lograr el número.
Los relevos del edil arrestado son el actual Fiscal de Estado municipal Francisco Avero y, en caso de que éste no quiera, la Secretaria de Desarrollo Social Candela Carminio, dos piezas claves en el armado del gabinete del intendente Sergio Varisco.
Fuente: Agencia Periodística Federal (APF).