Casi 15 días después del acta de comprobación de infracción labrado por la Municipalidad de Paraná por la instalación de un cartel en lugar no permitido, en las barrancas del Parque, nada ha cambiado. «No ha pasado nada», dicen desde la Comuna. Y agregan que el caso debe ser resuelto ahora por el Juzgado de Faltas.
El acta se labró por el cartel de promoción de la precandidatura a intendente de Paraná de la diputada Ayelén Acosta (PRO) en las barrancas frente al Parque Infantil Patito Sirirí. El acta labrada el 15 del actual otorgó un plazo de 5 días hábiles a partir de las 48 horas de la constatación de la infracción. En el Municipio dicen que, una vez que resuelva el Juzgado de Faltas, el cartel será retirado por obreros municipales.
El cartel de Acosta contraría, según el acta de comprobación, los términos de la ordenanza N° 7.977 Código Publicitario Municipal, que en su artículo 55° fija: «No se permitirá la fijación de estos anuncios en plazas y parques».
También el Municipio entiende que la instalación del cartel publicitario en las barrancas del Parque viola los términos de la ordenanza N° 7.961 de Protección de Áreas Naturales Protegidas.
Pero además, el cartel de la diputada se situó en un área que ahora está en disputa a partir de la decisión de los dueños del predio de ponerlo a la venta. Aunque se trata de un espacio de uso público en la realidad es de propiedad privada.
Así, se terminó por comprobar los “derechos reales” de los privados Guillermo Pinto y José María Armándola en un informe de la Subsecretaría de Planeamiento Urbano municipal presentado el 20 de mayo pasado. En ese informe en donde se reconoce el estatus dominial, también se da cuenta de una tasación, para lo cual divide en al inmueble. Se valúa en 1.217.577,50 dólares al ubicado en el Sector Norte (6.581,50 m2), sobre avenida Laurencena y calle De La Torre y Vera; y 2.009.697,55 dólares para el que está en el Sector Sur (10.863,23 m2) y que se encuentra al sur de la calle Héroes y Mártires del 9 de junio de 1955. Justamente a efectos de la expropiación, Planeamiento municipal sugiere quedarse con el Sur, por ser el que está más “integrado” al Parque Urquiza. Además, plantea que su adquisición no sea por el “Estado en soledad”, y propone “la captación de plusvalías sobre los beneficiarios directos de la intervención” estatal, en una especie de “compra compartida”.
La Municipalidad de Paraná intimó a la diputada provincial Ayelén Acosta (PRO), precandidata a intendenta de Paraná, a retirar el cartel con propaganda proselitista instalado en las barrancas del Parque Urquiza, frente al Parque Infantil Patito Sirirí.
El 15 del actual, inspectores del Municipio labraron un acta de comprobación de infracción por la ubicación del cartel, de grandes dimensiones, ubicado junto al obrador de la empresa que encara las tareas de sistematización del arroyo La Santiagueña. Es porque está ubicado en «lugar no permitido».
El cartel en cuestión está ubicado en una zona de litigio, además. Se trata del sector que pertenece a un privado, aunque desde siempre fueron de uso público, y que fueron puestos a la venta en 2020, lo que abrió un debate en la ciudad.
Aunque con el debate instalado en la ciudad, se terminó por comprobar los “derechos reales” de los privados Guillermo Pinto y José María Armándola en un informe de la Subsecretaría de Planeamiento Urbano municipal presentado el 20 de mayo pasado. En ese informe en donde se reconoce el estatus dominial, también se da cuenta de una tasación, para lo cual divide en al inmueble. Se valúa en 1.217.577,50 dólares al ubicado en el Sector Norte (6.581,50 m2), sobre avenida Laurencena y calle De La Torre y Vera; y 2.009.697,55 dólares para el que está en el Sector Sur (10.863,23 m2) y que se encuentra al sur de la calle Héroes y Mártires del 9 de junio de 1955. Justamente a efectos de la expropiación, Planeamiento municipal sugiere quedarse con el Sur, por ser el que está más “integrado” al Parque Urquiza. Además, plantea que su adquisición no sea por el “Estado en soledad”, y propone “la captación de plusvalías sobre los beneficiarios directos de la intervención” estatal, en una especie de “compra compartida”.
Pero las entidades vecinalistas quieren que el total, los 17.279,50 m2 queden para el patrimonio urbano en común
De la Redacción de Entre Ríos Ahora