La noticia la reveló el periodista Sergio Rubin en el suplemento de Clarín Valores Religiosos, con este título: “El Vaticano protestó ante el Gobierno por el allanamiento al convento de Nogoyá”.
Según Rubin, Roma elevó una queja por considerar que se vulneraron los pasos para actuar sobre las comunidades que dependen de la Iglesia. Además, apuntó contra el “uso desproporcionado de la fuerza” para entrar y por la revisación de las religiosas.
El Vaticano protestó formalmente ante el gobierno por el allanamiento al convento de monjas carmelitas de Nogoyá, por considerar que se vulneraron los pasos que deben seguirse de acuerdo con las normas que rigen la relación entre la Santa Sede y la Argentina. La protesta no fue solo por la medida en sí misma, sino -a juicio de la Santa Sede- por la forma con la que se concretó: el uso desproporcionado de la fuerza para entrar, sin esperar que su superiora consultara al arzobispo de Paraná, y por la revisación compulsiva de las religiosas.
El convento carmelita fue allanado el 25 de agosto último, luego de que el fiscal Federico Uriburu recibiera las denuncias de dos exreligiosas por malos tratos, privación de la libertad y aplicación de torturas. La medida fue avalada por el juez de Garantías, Gustavo Acosta.
El malestar vaticano creció a mediados de septiembre, cuando el juez de Garantías y Transición de Entre Ríos, Gustavo Acosta, ante un pedido del fiscal Uriburu, dispuso el alejamiento del convento de su superiora, la monja Luisa Toledo, “para garantizar la transparencia” de la investigación judicial. Toledo, quien como religiosa es conocida como la madre María Isabel, tuvo que dejar el convento luego de 25 años de estar al frente. Actualmente, reside en otra casa religiosa en Lucas González, a la espera de las decisiones judiciales.
El 22 de septiembre último se había conocido el malestar de los obispos por ese allanamiento.
“En primer lugar, queremos dejar en claro que la Iglesia Católica no busca ningún privilegio frente a la legítima acción del Estado en la investigación y sanción de los delitos que puedan cometerse en cualquier ámbito. Si efectivamente se hubieran cometidos delitos, la Iglesia es la primera interesada en que se haga justicia”, señaló el Episcopado.
“Pero en este caso concreto –apuntaron los obispos– llamó la atención el modo de proceder de las autoridades intervinientes. No había ni hay ningún motivo para presumir que un monasterio conocido y de extendida presencia necesitara ser allanado de ese modo. Esa forma de actuar, que sería igualmente poco adecuada en una casa de familia, ofende especialmente a la consideración que merece una casa de oración legítimamente constituida, y al sentimiento religioso de la comunidad católica”.
“La forma de vida de las monjas contemplativas, que se dedican a la oración y el trabajo silencioso, puede ser difícil de comprender en nuestro tiempo. Queremos reafirmar la especial estima, valoración y agradecimiento que los obispos y el Pueblo de Dios tenemos hacia la vida religiosa contemplativa. Se trata de un testimonio luminoso que nos ayuda a descubrir la presencia de Dios. Los monasterios son lugares de oración y de paz, que hacen mucho bien a la Iglesia y a la misma sociedad”, señalaron los obispos.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.