El 9 de diciembre de 2014, el exgobernador Sergio Urribarri firmó el decreto N° 4.800 que, después se supo, estaba destinado al escándalo público, y, más recientemente, quedaría incorporado a un legajo en la Justicia que invesiga de qué modo se gastaron millones de pesos del Estado en la organización de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó ese año en Paraná.

Ese decreto, entonces, aprobó «lo actuado por la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur en referencia a la contratación directa, en concepto de publicidad para la difusión de cuatro piezas audiovisuales».
Y para esa tarea, aprobó la «contratación directa» de las agencias publicitarias «La Aldea Comunicación SA por hasta un monto total de $1.194.158,68» para la difusión de spots publicitarios del Gobierno de Urribarri en las redes sociales Facebook, Twitter y Google «por 15 días corridos»; y con «Nelly Entertainment SA por hasta el monto total de $31.460.000» por el trabajo de difusión en «televisión por aire y por cable a nivel nacional».
La Aldea Comunicación SA es un agencia publicitaria del periodista Javier Romero, más conocido como «el Profe» Romero. Y Nelly Entertainment SA es una firma en cuyo directorio figuran Jorge «Corcho» Rodríguez, ex de Susana Giménez, actual de Verónica Lozano, y Facundo de Vido, hijo del exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, sostén político de la candidatura presidencial de Urribarri.
Esas contrataciones fueron aprobadas en tiempo récord, y atravesaron, a la velocidad de la luz, todos los organismos de control del Estado, cosechando a su paso el visto bueno instantáneo. Aunque después, la administración Urribarri corrigio el monto de contratación con Nelly Entertainment, cuyo pagó quedó reducido a $28 millones.
En tanto, «el Profe» Romero desmintió en forma pública haber cobrado esa cifra, y aseguró que la «la licitación se anuló». En un intercambio vía Twitter con el periodista Lalo Zanoni, aseguró: «Esa licitación se anuló. No cobré nada, porque no le vendí nada al gobierno de Entre Ríos. Gracias por la preocupación.»
Pero no hay ningún documento o decreto oficial que la provincia haya hecho público que dé cuenta de esa anulación.
De aquella cifra que el decreto firmado por Urribarri ordenó pagar a La Aldea Comunicación SA no se tiene noticias. ¿Quién la cobró?

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.