Muchos conflictos sociales que llegan al Poder Judicial son resueltos por vías diferentes: los más graves se debaten en un juicio oral y público; mientras que otros, una gran cantidad, se dirimen por vías alternativas, como la mediación penal, juicios abreviados o probation.

Las mediaciones penales son instancias en las que el denunciado y denunciante alcanzan un acuerdo que pone fin al conflicto. Por lo general, el denunciado accede al pago de un resarcimiento económico por los daños causados. En tanto, los juicios abreviados son los procesos en los que la Fiscalía y el acusado acuerdan una pena sin alcanzar la instancia de debate oral.

La porbation o suspensión de juicio a prueba, es otra herramienta de resolución de conflictos en la justicia. Esta permite que los imputados se comprometan a cumplir con ciertas reglas de conductas por un plazo de tiempo a cambio de que el proceso en su contra quede en suspenso. La probation, vale aclarar, no implica reconocer el delito endilgado, como sí sucede en un juicio abreviado.

La pregunta que sobrevuela cuando un proceso termina con reglas de conducta a cumplir por partes de los condenados o «probados» es qué organismo es el encargado de controlar su cumplimiento. De esa tarea se ocupa la Oficina de Medidas Alternativas (OMA) del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia.

En los Tribunales se la conoce por sus siglas: la OMA. Al frente de dicho organismos e encuentra el abogado Rodrigo Juárez, que junto a un equipo siguen de cerca 4.237 personas que son supervisadas en toda la provincia.

En diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Costa Paraná 88.1, Juárez comentó que con la implementación del nuevo sistema acusatorio, se decidió llevar a juicio todas las causas con relevancia institucional y llevar el 70% restante, las que tienen que ver con delitos leves, a salidas alternativas.

“Con esto se da una respuesta rápida y eficaz tanto al justiciable como a la víctima. Y se deja toda la cuestión de gravedad institucional para llevar a un juicio público”, señaló y agregó que la OMA actúa en toda la provincia, y trabaja en conjunto con más de 100 organizaciones para controlar las probation.

Juárez indicó que en materia de mediación penal, actualmente la OMA cuenta con 5.500 legajos correspondientes a toda la provincia. De esa cantidad, precisó, el 45% obtuvo un arreglo pro vía alternativa.

—¿No hay fracaso en el cumplimiento?

—Sí, hay muchos incumplimientos y permanentemente estamos informando a la Fiscalía y Defensoría. Hay muchas revisiones de condenas condicionales que no se cumplen. Es un sistema que tiene 4 años de antigüedad y nosotros estamos tratando de llevarlo a cabo.

—¿En qué tipo de delitos se ven más los incumplimientos?

—En el caso de los abusos sexuales, que muchas veces se llegan a una pena condicional, la tasa de cumplimiento es del 95%. En el resto de los delitos no hay una tipificación de  quién hace tal delito cumple más o menos, sino que tiene que ver con la característica de las personas. Las personas que se encuentran en barrios periféricos, en contexto de marginalidad, es más difícil de cumplimentar por su coyuntura social, familiar, económica y cultural. En caso de incumplimientos, avisamos a Fiscalía y ésta pide una audiencia al juez de Garantías donde solicita la revocación de la probation o revisión de la condena condicional. Se han logrado muchas revocaciones de probation.

—¿Cómo se controla la probation en el caso del control del empresario Jorge ‘Corcho’ Rodríguez, que acordó realizar aportes al comedor Los Piletones, de Buenos Aires y difundir propaganda en los medios?

—Ahí hay una pequeña dificultad, porque tenemos todo el personal en Entre Ríos. Cuando las partes ponen reglas de conducta en otra provincia, normalmente lo que se pide es trabajar con depósitos bancarios. Nos tienen que mandar los tikets o la entrega del aporte que realizan. En el caso del ‘Corcho’ Rodríguez fue aportes y ellos se encargaron de hacer capturas de pantalla y presentaron el link de Radio 10 con el González Oro donde hacen la publicidad, y están efectivamente haciendo la publicidad. Es un trabajo permanente, la gente tiene percepción de que no se controlan las probation, y eso es un sentimiento cultural e histórico y nosotros estamos tratando de dar muestras que no es así.

 

Negocios detrás de las probation

Por otra parte, el titular de la OMA reconoció que muchas veces el sistema de control falla porque faltan instituciones intermedias comprometidas con hacer cumplir las reglas de conductas. En ese sentido, mencionó que la oficina detectó en Paraná que algunas comisiones vecinales cobraban 3 mil pesos para firmarle las asistencia a los «probados», aquellas personas que están cumpliendo con una probation.

“El sistema falla porque dependemos de intuiciones que la hagan cumplir. Se sacaron cerca de 80 comisiones vecinales porque algunas cobraban 3 mil pesos para firmar la planilla de asistencia. Estamos luchando contra eso. También nos gustaría que participen la víctima en el contralor. Bien podría la victima decir cómo está la causa de seguimiento. Es una pata que está faltando. Creo que muchas veces denuncia el hecho y no le interesa continuar porque hay una suerte de revictimización. Pero bien podría un abogado presentar un oficio en la OMA para que se le informe los pormenores de los controles”, finalizó.

Datos oficiales

Según datos de la OMA, en 2018 en la provincia se realizaron 1.569 probation. No obstante, las oficina está controlando 2.602 causas, puesto que algunas vienen siendo monitoreadas desde 2016.

En cuanto a condenas condicionales, se precisó que en 2018 ingresaron 709 expedientes, y la OMA tiene bajo control 1.635.

Cada causa corresponde a una persona, por lo que se habla en total de 4.237 personas que son supervisadas en toda la provincia.

En la capital provincial, entre febrero y mayo, se tramitan 255 probation y 148 condenas condicionales.

Respecto de las mediaciones penales, se informó que en 2018 ingresaron 6.485 legajos, y se tramitaron efectivamente con devolución al Ministerio Público Fiscal 2.482, “es decir  44% de los casos y no hubo acuerdo en 411, es decir el 7,4$”.

“En cuanto a los legajos donde no se pudo realizar la mediación, sea por incomparencia de las partes, por no tener la voluntad de mediar, o por decisión del mediador, alcanzan los 2.654 legajos, es decir el 47%”, se detalló.

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.