Tres concejales del interbloque Juntos por el Cambio en el Concejo Deliberante de Paraná instaron al Ejecutivo provincial, a la Legislatura y a la Municipalidad de Paraná a convocar a una mesa de diálogo con los representantes de las aplicaciones de delivery (apps) y de los comercios y emprendedores locales “con el objeto de llegar a un entendimiento sobre el monto de las comisiones a cobrar mientras persista el aislamiento” por la pandemia de coronavirus.
La idea que impulsan es establecer “una comisión máxima sugerida del 20%”, según la iniciativa que firman los concejales Maximiliano Rodriguez Paulin (PRO), Walter Rolandelli y Francisco Avero (UCR).
Al respecto, sostienen que “en un contexto de normalidad para bares, restaurantes y cafeterías, el sistema de envíos es considerado un complemento a la venta tradicional dentro del local. Pero en virtud de la cuarentena y sus consecuentes restricciones, se tornó esencial para los locales gastronómicos implementar y contratar ese servicio, y estas aplicaciones de delivery se convirtieron casi en la única alternativa que permitió a los emprendedores del sector mantener viva su actividad y evitar el cierre definitivo de sus locales”.
Pero en el escenario de la pandemia y de aislamiento, le venta de comida para llevar mediante los delibery “estas empresas digitales imponen de forma unilateral e injustificada sistemas de comisiones que resultan, en esta coyuntura, desproporcionadas y que atentan contra los comerciantes quienes, ante la necesidad de subsistir, se ven obligados a ceder a estas prácticas comerciales arbitrarias”.
“Las apps de delivery son una herramienta nueva que ayudó a comerciantes y a vecinos a enfrentar la compleja actualidad que vivimos. Sin embargo, algunas de estas plataformas hoy están cobrando comisiones altísimas a nuestros emprendedores locales, quienes están haciendo un gran esfuerzo por subsistir en este contexto de aislamiento preventivo”, afirmó Rodríguez Paulin.
“Antes de que se desatara la pandemia, las comisiones rondaban el 20% pero ese costo se fue elevando en medio de la cuarentena hasta llegar al 33%. Desde nuestra mirada, representa claramente un exceso en el contexto de crisis que estamos viviendo. El proyecto no busca interferir con las libertades de contratación de las partes, sino el evitar abusos que pueden generarse en estos casos excepcionales de convivencia con el COVID; en estos últimos días la Ciudad de Buenos Aires y la Legislatura de Santa Fe ya han aprobado legislaciones similares para proteger a sus emprendedores», señaló el radical Rolandelli.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora