La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (Festram) elevó una nota al gobernador Gustavo Bordet en la que solicita que vete la ley recientemente sancionada por el Senado, que declara «servicios esenciales» a la recolección de residuos urbanos, tanto domiciliarios como patológicos, el servicio de potabilización y distribución de agua, el servicio de transporte público urbano de pasajeros y el cementerio -la inhumación, cremación y entierro de cadáveres-, en todo el territorio de la provincia.

La normativa supone ponerle un límite al derecho a huelga y por esa razón la federación que nuclea a los gremios municipales puso el grito en el cielo. Si la ley es promulgada, advirtieron que se presentarán en la Justicia con un planteo de inconstitucionalidad.

La iniciativa, presentada a mediados de mes por el diputado justicialista Juan Reynaldo Navarro, ingresó en la Cámara Baja en medio del conflicto gremial del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem), que se inició el 3 de noviembre por un reclamo salarial ante la administración del intendente de Paraná, Sergio Varisco, y que dejó a la ciudad tapada de basura durante 15 días.

El miércoles último, el Senado dio su voto para aprobar la ley. Entonces, sólo dos senadores del PJ no levantaron la mano: Lucas Lararte y René Bonato.

En diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Costa Paraná 88.1, el uruguayense Mario Barberán, titular de la Festram, comentó que solicitaron al gobernador que vete la ley. Y adelantó también que si llega a promulgarse, recurrirán a la Justicia con el fin de que la declare inconstitucional.

El dirigente, que también fue candidato a intendente de Concepción del Uruguay por el PJ, cuestionó la postura asumida por los legisladores peronistas y también reprochó el silencio de otros gremios.

“Nosotros nos enteramos de que existía este proyecto de ley cuando Diputados lo estaba tratando la semana pasada. Fue un cachetazo, no lo esperábamos. No nos habíamos anoticiado, no compartieron nada con nosotros. El sábado estaba hablando con diputados que no sabían lo que habían votado. El domingo, hablando con otros diputados, decían que no se había aprobado nada y el lunes se develó la verdad Le dieron un tratamiento muy exprés”, contó.

En esa dirección, consideró “llamativa, preocupante y decepcionante” que el proyecto de ley haya surgido de tres legisladores del peronismo: Juan Reynaldo Navarro, Diego Lara y Gustavo Zavallo.

A su vez, rechazó que el texto no haya sido compartido con la Festram o los gremios municipales. “Para nosotros, es inconstitucional porque contradice lo que dice la Constitución Nacional, Provincial y la Organización Internacional del Trabajo”, dijo.

En ese sentido, el titular de la Festram opinó que la sanción de la ley está vinculada a la situación que se vivió en Paraná, en la gestión Varisco, con los paros de los choferes del transporte público y en el servicio de recolección de residuos. Además, consideró que también aparece para amortiguar cualquier protesta durante la gestión del intendente electo Adán Bahl (PJ).

“El problema es que el legislador y el gobierno provincial no se calienta en ver que el problema nace en las muy malas gestiones municipales. Eso es lo único que hace que los trabajadores reaccionen y que hagan uso de su derecho constitucional de hacer huelga. Si los empleados de la recolección tuviesen los guantes, el calzado, la capacitación, la higiene y seguridad laboral, la carrera administrativa, y no estén amenazados con que no le van a renovar los contratos, esta reacción de hacer huelga no hubiese pasado”, planteó el gremialista.

Barberán también advirtió que la ley es “la punta del ovillo” y que en el futuro se intentaría una “neo reforma laboral entrerriana”. “Ahora le mandamos una nota al gobernador solicitando el veto de la Ley. Si se promulga recurriremos a la justicia y a la calle”, agregó.

Por último, refirió que vio con sorpresa el silencio por parte del PJ, partido al que pertenece, y por parte de otros gremios vinculados a los trabajadores de la Administración Pública. “Pertenezco a un partido al cual le he pedido explicaciones y no me la han dado. Tampoco las centrales obreras. Sólo se pronunció la central de Concepción del Uruguay, las otras no. Otros gremios importantes no han dicho nada”.

Antecedente

Uno de los antecedentes más cercanos relacionados a normativa que limita el derecho a huelga se encuentra en Paraná. El servicio de recolección de residuos fue declarado «esencial» por una ordenanza de 2014 sancionada por el Concejo Deliberante, pero un tribunal provincial alertó sobre la inconstitucionalidad de normas de ese tipo.

Más recientemente, la Justicia se pronunció en el marco del conflicto que en agosto último dejó sin servicio de colectivos a Paraná durante 15 días: para la Cámara Contencioso Administrativo, el Estado Municipal no tiene facultades para catalogar como “esencial” un servicio de colectivos porque esa declaración avanza sobre garantías constitucionales, como el derecho a huelga. En ese terreno, sólo puede legislar el Congreso de la Nación ya que se trata de facultades delegadas por las provincias al Estado federal.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.