El defensor de coordinación penal del Ministerio Público de la Defensa de Entre Ríos Gaspar Reca ejerce, desde el 1º de octubre, la función de defensor público interamericano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana. Es el primer entrerriano en acceder a ese cargo.

La Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) aprobó su designación  como nuevo defensor público interamericano por el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina. Representantes de diez países participaron de las reuniones del Consejo Directivo y del Comité Ejecutivo de AIDEF, celebradas la semana pasada en la sede de la Asociación Nacional de Defensores Públicos (ANADEP) de Brasil, con el objetivo de debatir el fortalecimiento de las Defensorías Públicas mediante el intercambio de prácticas exitosas de acceso a la justicia en cada país.

Entre los temas tratados estuvo la selección del nuevo cuerpo de defensores y defensoras públicas interamericanos/as para el período 2025-2028. En ese sentido, se confirmó la designación de Gaspar Reca, defensor de Coordinación Penal del Ministerio Público de la Defensa de Entre Ríos, quien había sido postulado por el Consejo Federal a propuesta del Defensor General de la Provincia, Maximiliano Benítez.

El entrerriano Gaspar Reca, postulado por Argentina como defensor público ante la CIDH

 

Reca habló con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7 sobre esa tarea que le toca desempeñar en forma paralela a su cargo en la Justicia entrerriana.

-¿Qué significa esta designación?

-Es una designación que faculta a actuar tanto ante la Corte Interamericana como ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

-¿Es la primera vez que un defensor de Entre Ríos accede a ese cargo?

-Efectivamente, es la primera vez que un entrerriano es designado para ocupar este cargo de defensor público interamericano, y obviamente que uno lo recibe con gran alegría. Es reconfortante, genera nuevos desafíos y da ganas de seguir un poco adelante con lo que uno viene haciendo diariamente.

-¿Y cuál sería el rol?

-Yo sigo con mi labor acá en el Ministerio Público de la Defensa, y en aquellos casos en los que la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana entiendan que es necesario resguardar los derechos de víctimas que acceden al sistema, y entiende necesario darle un patrocinio jurídico a través de los defensores públicos interamericanos, a partir de ese momento se asignan esos casos a los distintos defensores públicos interamericanos que hay, y nos dan intervención en esa causa en particular, y le ejercemos desde nuestro lugar de residencia. Aunque  en los casos en que se requiera algún tipo de viaje, de asistencia a audiencias, obviamente que eso también hay que cumplirlo.

-¿Y qué se evaluó a la hora de nombrarlo como uno de los defensores de la Corte?

-Hay tres defensores públicos interamericanos que son propuestos por el Estado argentino, y duran tres años en el cargo En mi caso, fui propuesto por el Consejo de Defensores Generales de la República; otro defensor fue propuesto por la Asociación de Defensores Públicos; y también está quien es presentado por la Asociación de Magistrados a nivel nacional. Pero para poder acceder al cargo, uno tiene que presentar currículum, demostrar la trayectoria y la vinculación que tiene con los sistemas de protección de derechos humanos, y a partir de ahí se evalúan precisamente esos requisitos. El Estado argentino lo que hace es proponer a los posibles designados, y quien termina definiendo la situación es AIDEF, que es la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, que es la que acepta o no acepta las nominaciones propuestas por los distintos Estados. Y a partir de ahí se presenta ante la Corte y ante la Comisión, y estos organismos, cuando entienden que es necesario en alguna causa en particular designar a un defensor público, acuden a los listados de defensores.

-¿Llegan muchos casos ante la Corte Interamericana?

-Para llgar al sistema interamericano de derechos humanos la persona tiene que alegar alguna violación a algún derecho humano contemplado en la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que son los tratados internacionales a los que nuestro país se obligó, que ratificó, y que además tienen jerarquía constitucional. Todas aquellas personas que consideran violentados esos derechos humanos pueden acceder a través de peticiones que ingresan a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Comisión es el órgano que lleva los casos ante la Corte. Es decir, uno no puede acceder individualmente ante la Corte y llevar su caso, tampoco es una vía recursiva. No es que contra una decisión de la Corte Suprema de Justicia uno pueda interponer un recurso ante la Corte Interamericana. Lo que puede presentar es una petición ante la Comisión, y si la Comisión evalúa y entiende que hay verdaderamente una violación de un derecho humano y que el caso reviste trascendencia pone a consideración de la Corte para ser tratada.

-¿Qué evaluación hace de cómo es el sistema de defensa pública en la provincia de Entre Ríos?

-La Provincia, a partir de la reforma constitucional del año 2008, estatuye los Ministerios Públicos, tanto fiscal como de la defensa, y los dota de autonomía e independencia. Si bien pertenecen al Poder Judicial, tienen autonomía e independencia. Este es el modelo propuesto precisamente en toda la región. Y nuestra provincia ha sido una de las que ha estado a la vanguardia, si se quiere, a nivel nacional, respecto de este nuevo estatus, con independencia y con autonomía. Hay provincias argentinas en las que el Ministerio Público de la Defensa no tiene ese estatus constitucional. Muchos defensores, por ejemplo, siguen dependiendo de las Cortes Supremas Provinciales o los Superiores Tribunales de Justicia de la provincia. Contrariamente a eso, en nuestro caso, nosotros dependemos de un órgano autónomo, que es el Ministerio Público de la Defensa. Con lo cual, estamos bastante adelantados en comparación a otras provincias de nuestro país. Este modelo ha sido altamente satisfactorio para el resguardo de los derechos de las personas usuarias del servicio de la defensa pública, y ha sido imitado por otras provincias.

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora