Un abogado defensor en la causa que tiene como principal imputado al exdiputado provincial de la UCR, Ricardo Antonio Troncoso, rechazó el cierre de la investigación penal preparatoria por parte del Ministerio Público Fiscal y aseguró que el organismo acusador no quiso indagar sobre los contratos de otros diputados, como el del radical Fuad Sosa.
Se trata del expediente que se abrió en septiembre de 2018 cuando Carlos Cozzi, un exempleado del diputado Troncoso, denunció que se le retenía un porcentaje de su salario.
El miércoles 19 del actual trascendió que la fiscal de Paraná, Adriana Paola Farinó, concluyó la investigación y elevó al Juzgado de Garantías el requerimiento de elevación a juicio oral y público de la causa por peculado contra el exdiputado provincial oriundo de Maciá.
Según se informó a través del programa Cuestión de Fondo (que se emite por Canal 9), la fiscal pedirá cerca de 10 años de cárcel como condena y estima en $2 millones el dinero que se habría apropiado indebidamente el exdiputado de los sueldos de sus contratados.
Según la acusación, a varios les retiraba el 40 por ciento de sus remuneraciones y a otros directamente les falsificó la firma y cobró la totalidad de sus remuneraciones. Otros dos contratados, trabajaban en su hotel –Victoria- de Maciá.
En la causa también está acusado Juan Alfonso Blasón Lorenzatto, de 26 años, quien fue contratado del exdiputado radical Fuad Sosa y colaboró por pedido de éste con el exlegislador Troncoso.
Caso Troncoso: exasesor quiere llegar al STJ por la probation
Consultado al respecto, el abogado defensor de Lorenzatto, Humberto Franchi, se mostró sorprendido por la información difundida y afirmó que no fue notificado de esa novedad, como así tampoco los defensores de Troncoso, Hugo Gemelli y Miguel Ángel Cullen.
Sobre la causa, Franchi planteó que se opuso a la clausura de la investigación puesto que aún existen resoluciones pendientes y medidas de prueba por concretar. “No conozco de esta remisión. Nosotros la semana pasada nos enteramos que la fiscal clausuraba la investigación porque consideraba que estaban agotadas todas las pruebas. Pero no habló de pedir la remisión de la causa a juicio”, dijo.
Además, indicó que, para su sorpresa, la fiscal decidió remitir otras evidencias para abrir una nueva causa. “Teniendo en cuenta la primera declaración de imputado de Lorenzatto, que es de diciembre de 2018, y lo extraído de un celular, como había cuestiones útiles para la investigación y delitos similares cometidos por otros involucrados, la fiscal informó que iba a enviar todo a otro fiscal para que empiece a investigar. Eso es sorprendente”, refirió.
Exdiputado Fuad Sosa.
“Ante esta noticia, como defensor le aclaré que me oponía a la clausura porque está pendiente un recurso de casación por el tema de suspensión de juicio a prueba, que llegó al Superior Tribunal de Justicia, que revocó la resolución de la Cámara de Casación y ordenó realizar una nueva casación. El tema ahora está en la Cámara de Casación de Concordia”, detalló.
En ese sentido, explicó que su planteo es que Lorenzatto “no era funcionario público y que, en todo caso, no sería un partícipe necesario del delito de peculado que se le endilga, sino secundario porque Lorenzatto era asesor del diputado Fuad Sosa y no de Troncoso. Además, planteó que por lo que aportó a la investigación puede ser incluido en la Ley del Arrepentido”.
A su vez, mencionó que hay otro planteo interpuesto pendiente de resolución judicial. “El otro planteo es en el que considero que están vencidos los plazos del artículo 223 del Código procesal Penal, que fija el tiempo que debe durar una investigación penal preparatoria. Allí se habla de tres meses de investigación, que se pueden extender a seis y, cuando hay una causa compleja, se puede prolongar hasta 12 meses. Sin embargo, para extenderlo el fiscal debe pedir la prórroga al juez de Garantías. Eso nunca se hizo y la causa lleva dos años y medio”.
Tras recibir rechazos en las instancias inferiores, Franchi explicó que está pendiente de resolución un recurso de queja presentado ante el Superior Tribunal de Justicia.
Por otra parte, el defensor también advirtió que espera que la fiscal resuelva si pedirá información a la Cámara de Diputados de la provincia sobre los contratos de diez personas, entre los que se encuentran los denunciantes y testigos.
Defensor Humberto Franchi.
“Este año pedí a la Cámara de Diputados un informe de los contratos de diez personas, porque no todos son contratados de Troncoso. La Cámara me contesta que no puede responder porque se reserva los datos personales y se afecta la intimidad de las personas. Entonces, le pido a la jueza de Garantías que ordene a la Cámara que brinde los informes, que no es una cuestión de datos personales, que se está investigando un delito. Luego planteé ante el fiscal que pida el informe a la Cámara previo a la elevación, y aún estoy esperando que resuelva”, detalló.
No se investigó al exdiputado Sosa
Juan Blasón Lorenzatto era asesor del exdiptuado radical Fuad Sosa, sin embargo el dirigente no fue investigado sobre si tuvo alguna responsabilidad en la causa. Así lo expuso el defensor del extrabajador legislativo. “A Sosa nunca se le tomó declaración como testigo ni como imputado. Blasón siempre aclaró la situación y siempre dijo que era asesor de Sosa, mediante un contrato de obra. La fiscal no quiere ahondar, solo se ensañó con Lorenzatto y Troncoso. Con nadie más”, aseveró.
-¿Por qué cree que la Fiscalía no avanzó con la investigación sobre Fuad Sosa?
-No lo sé. No quieren investigar. Quieren condenar a Troncoso y Lorenzatto para que digan que la Justicia funciona y no quieren investigar en serio, ya que puede haber otros responsables.
“Algunos contratados, que son testigos, falsificaron firmas”
Franchi también aseguró que una pericia caligráfica determinó que “algunos contratados, que también son testigos, falsificaron firmas” de los contratos. Y cuestionó que la fiscal no haya avanzado con la imputación de esas personas.
“En 2019, cuando mandan a hacer una pericia caligráfica a Troncoso y Lorenzatto, yo pedí que se le haga a siete contratados. La fiscal se opone porque dice que, a pesar de que Carlos Cozzi (denunciante), reconoció haber falsificado, ella más adelante iba a ver qué hacía con él, porque es testigo. A pesar de ello, se hizo la pericial y se determinó que algunos de esos contratados falsificaron firmas. Lo único que resolvió la fiscal es que designen abogado defensor, pero nunca les tomó declaración. Y ahora está mandando la declaración de mi defendido junto a un celular para que otro fiscal investigue. Esto no debería hacerse, porque es motivo de esta investigación. Es el mismo hecho con otros interventores”, expuso finalmente el defensor.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.