El juez de Garantías de Paraná, Mauricio Mayer, rechazó este martes por la tarde el pedido de sobreseimiento del exgobernador y actual embajador en Israel y Chipre, Sergio Urribarri, de una causa por supuestos sobreprecios y pago de coimas en sucesivas licitaciones realizadas mientras fue ministro de Gobierno de Jorge Busti y, luego, gobernador, en las que resultó contratada la firma Relevamientos Catastrales SA, del empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros.
La audiencia comenzó a las 9, con una exposición del exmandatario en la que planteó que la acusación Fiscal en su contra era precaria. Su alocución fue reforzada por sus abogados Raúl Barrandeguy y José Calendario Pérez, quienes cuestionaron la investigación a cargo de los fiscales Gonzalo Badano y Patricia Yedro.
Tras un cuarto intermedio, la audiencia se retomó a las 12,15, con el descargo de los fiscales del caso, quienes pidieron rechazar el pedido de sobreseimiento y revelaron evidencias recolectadas durante la investigación, como correros electrónicos en los que directivos de Relevamientos Catastrales hablan de presuntas maniobras preparativas para ganar licitaciones públicas.
Tras oír a las partes, el juez Mayer rechazó el pedido de sobreseimiento y lo fundamentó en que se está ante una causa de una “trascendencia social extraordinaria” porque involucra a un funcionario público.
En ese sentido, se remitió al compromiso que tiene el país al haber adherido a la Convención Interamericana Contra la Corrupción y a la Ley de Ética Pública que rige nacionalmente. “Nuestro país se ha comprometido internacionalmente ha abordar el fenómeno de la corrupción, que es un fenómeno que no es visibles para todos. Son hechos de difícil investigación, más difícil comprobación, pero que no resultan imposibles de investigar. Hay un mandato legal de investigarlos y sancionarlos”, sostuvo.
Luego manifestó que en la audiencia “no he llegado al grado de certeza de que los hechos no ocurrieron o que el imputado no tenga vinculación con los mismos o que no exista prueba que alcance para vincularlo”.
Enseguida, planteó que “no se puede permitir que se levante un manto de sospecha sobre el desenvolvimiento del proceso” y entendió que los fiscales respondieron a todos los puntos cuestionados por los defensores.
Uno de los puntos que refirió Urribarri en su alocución fue que entre enero y diciembre de 2007 no fue funcionario público porque había tomado licencia como ministro de Gobierno de Jorge Busti. Al respecto, el juez Mayer sostuvo: “Le asiste razón a la Fiscalía en la medida en que la calidad jurídica de una licencia para nada desnaturaliza el papel principal que tenía Sergio Urribarri. Era ministro de Gobierno, tomó licencia y no dejó de ser ministro de Gobierno”.
Asimismo, entendió que “no existe virtualidad de certeza apodíctica para pronunciarme en el sentido de que el hecho no existió. Por el contrario, todos los indicios, cuanto menos, van a alimentar una duda”.
Otro de los argumentos que desechó el juez fue que las contrataciones pasaron por diferentes organismos de control y que, por lo tanto, sería indicativo de que no hubo maniobra irregular. Al contrario, el magistrado afirmó que “la prueba producida en el Tribunal de Cuentas, la Contaduría General y la Fiscalía de Estado tendrá mayor o menor peso a la hora del contradictorio (NdelaR: juicio)”.
Al final, también se manifestó sobre el plazo razonable de la investigación, un planteo formulado también por la defensa de Urribarri, que sostiene que la elongación en el tiempo de la causa genera un daño en el exmandatario. La causa se abrió el 26 de octubre de 2017, a instancias del entonces fiscal y hoy juez Alejandro Cánepa.
“En relación al plazo razonable de una investigación, considero que vamos a tener una resolución acotada en el tiempo”, dijo Mayer y recordó que los fiscales adelantaron que se encuentran cerca de concluir la investigación y pedir la elevación a juicio.
En ese sentido, estimó que la celebración de la audiencia de remisión de la causa a juicio se realizará dentro de tres meses, antes de la feria judicial.
La acusación
El fiscal Gonzalo Badano expuso que la causa que tiene como imputado a Urribarri y otras personas, entre ellos el empresario Cardona Herreros, abraca el período que va de 2007 a 2016, durante el cual la firma Relevamientos Catastrales SA obtuvo seis contrataciones de parte del Estado entrerriano.
La investigación inició con datos oficiales de enero de 2007. En ese entonces, Urribarri era ministro de Gobierno de la administración del exgobernador Jorge Busti, quien a partir de una relación de amistad que había hecho con el empresario paraguayo Diego Cardona Herreros, propuso la contratación de su empresa Relevamientos Catastrales, con sede en Capital Federal.
Con el aval de Urribarri, Cardona logró contratos importantes en el Estado entrerriano: primero, con el Ministerio de Trabajo, en tiempos de Smaldone, por $19 millones, para la instrumentación de un software. A través del decreto N° 20, de enero de 2014, se contrató la provisión de un servicio de “relevamiento, análisis, diagnóstico, diseño, desarrollo e implementación de un software de gestión y administración integral” para la cartera a su cargo. El acuerdo finalizará en el 2016 y tiene un costo mensual de 550.000 pesos.
Después formalizó un convenio con el Ministerio de Economía liderado por Diego Valiero. Fue por $7.833.600, según el decreto 788/15, por la prestación de un servicio de “soporte técnico operativo y de mantenimiento de software” en Dirección General de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Economía.
Los fiscales Yedro y Badano, a partir de documentación encontrada, en especial en el estudio del empresario Cardona Herreros, en Capital Federal -que fuera allanado- determinaron marcadas desprolijidades y sobreprecios en las licitaciones, que sirvieron para pagos irregulares a los funcionarios provinciales intervinientes en contraprestación por la realización de actos públicos, como así también a los directivos intervinientes, a través de seis hechos concretos.
En la investigación penal también están implicados, además de Urribarri y el dueño de Relevamientos Catastrales, el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, el actual titular de la Secretaría de Presupuesto, Luis Erbes; el director de Ajustes y Liquidaciones, Miguel Ulrich; el ex secretario de Hacienda, José Humberto Flores; el ex ministro de Trabajo, Guillermo Smaldone; el ex director General de Informática, Carlos Haidar; Jorge Zanabone y Alfonso Campitelli, directivos de Relevamientos Catastrales, el contador de la empresa, Guillermo Linares y la abogada de la firma, Miriam Fessia. Estos dos últimos pidieron acceder a una suspensión de juicio a prueba, y resarcir al Estado entrerriano con el pago de una suma de dinero en cuotas, solicitud que fue rechazada por el juez Mayer.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora