En 2019, el Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) elaboró un diagnóstico sobre el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones y ya entonces planteó que «para soportar el pago de una tasa de reemplazo del 82% del salario, con alícuotas de aportes del orden del 32% se requieren 3 aportantes por cada pasivo».

Pero entonces esa relación ya resultaba imposible: la Caja contabilizaba entonces 120 mil aportantes y 55 mil jubilados, pensionados y retirados, es decir que había 2,18 activos por cada pasivo. Esa relación se agravó y en 2024 hay 1,8 activos por cada jubilado. La relación ideal para sostener sin déficit el pago del 82% móvil es 4 activos por cada pasivo.

En medio de una situación que se agrava con el paso del tiempo, la administración del gobernador Rogelio Frigerio elaboró una serie de medidas para menguar el impacto del déficit: elevar el aporte personal que hacen los trabajadores a la Caja, del 16% al 19%, y sumar un 3% extra a los trabajadores que se jubilan por regímenes especiales, docentes y Salud Mental, aunque de momento se deja afuera a la Policía.

Ese aporte extra está expresamente previsto en el artículo 12º de la Ley Nº 8.732 que regula el regimen previsional provincial. Dice que los recursos de la Caja se constituirán, entre otros conceptos, «con el aporte personal que se efectúe como descuento en un porcentaje que fijará el Poder ejecutivo sobre el haber jubilatorio de aquellos afiliados que accedan al beneficio de jubilación ordinaria especial o por edad avanzada, hasta tanto cumplan con los requisitos fijados en esta ley para acceder a la jubilación ordinaria común, momento en el cual cesarán dichos aportes».

El régimen general que establece la Ley Previsional Nº 8.732 fija que tendrán derecho a la jubilación ordinaria común los afiliados que: hubieran cumplido 62 años, los hombres, y 57 años, la mujeres o acrediten 30 años de servicio.

También habilita el derecho a la jubilación ordinaria especial que en el caso de los docentes es a los 52 años, para las mujeres, y a los 54 años para los hombres, y 25 años de servicios al frente directo de alumnos

La Ley Nº 8.281 de 1989 estableció un régimen laboral especial para los agentes de los servicios de salud mental: los trabajadores cumplen jornada laboral de 6 horas con un máximo de 5 días continuos por semana, y licencia profiláctica de 15 días corridos por año, con el beneficio de la jubilación con 20 años de servicios.

En el caso de la Policía, la Ley Nº 5.654 que estableció el Reglamento General de la fuerza, establece que el retiro para un agente es a los 55 años, lo mismo que para un cabo y un cabo primero; un sargento, a los 57;  y un sargento ayudante, a los 62. En el caso del personal femenino, dos años antes.

En el sistema previsional Hay 16 mil jubilados que no tienen la edad de la ley. De ese total, casi el 40% corresponde al sector docente.

«En general son el 40%, pero en cuanto a la aplicación del inciso d del artículo 12 el universo se reduce a menos de 8.000 , y no es tan impactante en el número general. Se busca que ayude a estirar un poco la edad de retiro para el que está bien y le convenga seguir un par de años más y porque es una demanda del resto de los escalafones y de la sociedad», dicen en el Gobierno.

Gastón Bagnat, presidente de la Caja, habló con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7 y señaló que el aporte del 3% se aplicará a todos los trabajadores incluidos en regímenes especiales que se jubilan con el 82% pero que no han alcanzado la edad que establece la ley, 62 años para los hombres, y 57 años en el caso de las mujeres.

Pero ese aporte sólo se aplicará a docentes y trabajadores de Salud Mental, pero no la Policía, que también cuenta con un regimen especial. «El sistema de seguridad no está en la Ley Nº 8.732. Los policías no se jubilan; se retiran. Se trata de un sistema que queda aparte de la medida que se ha tomado. En un principio, habrá que aplicar cambios a la medida de lo que es la ley de la Policía, aseveró.

Pero los cambios no impactan en el sistema de retiro de la Policía, que tiene un regimen aparte y para eso será necesario una modificación legislativa.

Aunque ese punto generó fricción. El secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), José Ángel Allende, reclamó trato igualitario para todos los escalafones con regímenes especiales.

Allende no concuerda con la idea de aplicar reformas en los regímenes especiales que no abarquen a todos, sólo docentes y personal de Salud, pero no al sistema de seguridad. «En un salario destruido y deprimido, le agregamos un 3% más de aporte que lo deprime todavía más», evaluó.