«Nunca estuvo eso. Se armó un lío inútil. Hubo un malentendido con esto. A mí en ningún momento se me dijo que se iba a dar de baja contratos. De última, yo soy la responsable, y quien tenía que decidirlo. He hablado con todo el mundo. Los contratos van a seguir. Es absurdo. No se van a dar de baja los contratos».
La directora de Derechos Humanos de Entre Ríos, Gracia Jaroslavsky, respondió a una consulta del programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7 con algo de impavidez: durante toda la tarde circuló con insistencia la versión de que cuatro contratos de trabajadores con entre 8 y 12 años en el Registro Único de la Verdad se caían este 29 de febrero.
El abogado Marcelo Boeykens, exdirector del Registro Único de la Verdad, admitió que la situación era así aún cuando oficialmente no habían sido notificados. Y responsabilizó por esa situación al secretario de Justicia, Martín Acevedo Miño. «No fuimos notificados pero sabemos que los contratos fueron dados de baja por decisión del secretario de Justicia, Acevedo Miño. Esto lo va a ejecutar la directora Gracia Jaroslavsky. Derechos Humanos se bajó de categoría, de Subsecretaría a Dirección. Lo mismo pasa con la política de Derechos Humanos que hay un retroceso en la actual gestión. El Registro se mudó a otro lugar donde estamos hacinados ocho personas. Es llamativo. Una decisión absolutamente ideológica de esta administración. Es la única área que se da esto. Es llamativo. Lo que nos dijo el secretario de Justicia es que no estaba acreditada la actividad del Registro», sostuvo.
Dijo que la decisión «se inscribe en una lógica de visión ideológica del actual secretario de Justicia, quien abiertamente es contrario a las políticas que se desarrollan desde el Registro Único de la Verdad». Y agregó: «Como Boeykens es de otro signo político, lo sacamos. No puede ser así. Yo creo que el gobernador Frigerio se está comprando un conflicto gratis por una decisión inconsulta del secretario de Justicia».
Jaroslavsky negó que pudiera ocurrir una situación así. «A mí nadie me informó ni me dijo que los contratos se iban a dar por concluidos. Me deberían haber avisado. Pero esos contratos van a continuar. Seguramente salga un decreto prorrogando los contratos. La mayoría son contratos con estabilidad», aseveró.
Tampoco dio crédito a la posibilidad de que el secretario de Justicia esté en contra de las políticas de Derechos Humanos. «No es así. Yo he tenido todo el respaldo en estos dos meses de gestión del Gobernador; del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, yo no estaría aquí si no fuera de esa manera. De ninguna manera. Hay voluntad de este Gobierno de universalizar el concepto de Derechos Humanos. Que los Derechos Humanos son para todos», apuntó.
El secretario de Justicia también fue consultado pero evitó efectuar declaraciones. Si bien respondió tajante que «no hay despidos», prefirió hacer declaraciones «en otra oportunidad».
Revisión
A finales de diciembre, el Gobierno emitió ek decreto Nº 259, que fijó como fecha tope para las contrataciones de personal y para las adscripciones -personal de un área que pasa a otra- el 29 de febrero.
«Prorróganse hasta el 29 de febrero de 2024, los contratos de obra, contratos de servicios y
adscripciones de personas con desempeño de tareas en el ámbito de la Administración Pública Centralizada o Descentralizada que hubieran sido otorgadas por el Poder Ejecutivo, cuyo vencimiento operase en el mes de diciembre del corriente», dice la norma.
A la vez, instruyó a los ministros y secretarios de Estado «para que durante el plazo de prórroga establecido en el artículo precedente, realicen un relevamiento exhaustivo del personal contratado o adscripto a su jurisdicción, a efectos de evaluar la renovación de las contrataciones y adscripciones existentes».
El decreto considera de envergadura «llevar adelante una etapa de relevamiento de las situaciones laborales descriptas, lo que constituye una tarea compleja ante la falta de información sistematizada, completa y unificada sobre ello, siendo necesario, en consecuencia, disponer una prórroga de sus vínculos laborales como de sus situaciones transitorias de revista, a los efectos de poder concretar dicha tarea de análisis».
Secretario de Justicia, Martín Acevedo Miño.
Rechazo
La Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos había reaccionado críticamente cuando se supo que habría caída de contratos en el Registro Único de la Verdad. «Hoy, a 20 años de su creación, vemos con estupor cómo el gobierno de Rogelio Frigerio lleva a cabo el desmantelamiento de ese organismo del cual muchos de nosotros formamos parte y sentimos propio, no sólo por ser impulsores del mismo, sino también porque, como víctimas del Terrorismo de Estado, transitamos y hemos sido acompañados por las distintas políticas que desde allí se llevan a cabo a través del compromiso de sus trabajadores», señaló la Red.
Y destacó: «Desde el Área Legal y de Investigación se impulsaron las causas por las cuales se lograron las condenas a 29 genocidas; se puso en marcha el Programa de Acompañamiento a Víctimas Testigos en juicios de lesa humanidad, que nos asistió en el tránsito de las declaraciones, dónde numerosas veces hemos puesto el cuerpo para narrar el inenarrable horror que nos atravesó y que desapareció a nuestros compañeros y compañeras. Ver cómo se desintegra y confunde funciones, no hace más que subestimar lo que significa, para víctimas y familiares, reconstruir la Memoria en el escenario judicial, una y mil veces, para lograr justicia por aquellos que no pueden estar presentes».
De la Redacción de Entre Ríos Ahora