El Sindicato Entrerriano de Trabajadores de Prensa y Comunicación (Setpyc) repudió el fallo de la jueza de Garantías y Transición de Rosario del Tala, Silvina Cabrera, que supone una mordaza para que los medios no informen sobre un hecho de supuesta violencia familiar en Gobernador Mansilla y los que ya han dado cuenta del hecho supriman lo publicado.
Como informó Entre Ríos Ahora, la magistrada firmó este miércoles 6 una resolución judicial en la que dispuso “el cese de la publicación, reproducción, circulación de los audios e imágenes que están siendo publicados referidos a los hechos de investigación en este legajo en los diferentes medios de comunicación tanto televisivos, radiales, escritos, como digitales locales, provinciales y nacionales, como así también en las redes sociales, facebook, instagram, wattss app (SIC), google, etc, ordenando asimismo procedan a retirar de los portales las informaciones, videos, audios, noticias, y/o similares de los hechos referidos ya publicados, impidiendo la publicación de los mencionados en aquellos medios que aún no lo han hecho, como también la prohibición de realizar comentarios, ya sea directa o indirectamente respecto a los hechos que están siendo investigados en esta causa ante la UFI local, acaecidos el pasado jueves 30 de abril del corriente año y/o todo comentario, que incluya estos hechos y/o hechos del pasado, que involucre a las mujeres de la familia Coccoz ya sea directa o indirectamente”.
«Advertimos -alertó el Setpyc- que esta resolución, en primer lugar, vulnera un derecho elemental en la democracia que es el derecho a la información y a la libertad de expresión. Por otra parte, señalamos que la jueza desconoce el uso social y cultural de herramientas como Whatsapp, Facebook, Instagram y cualquier otra plataforma de uso personal, ya que no son atributos ni responsabilidad de las y los periodistas, sino una forma de comunicación social».
Y agregó: «Pero fundamentalmente queremos señalar y solicitar a la Justicia la atención y celeridad a la resolución de este problema de violencia social y familiar que viene siendo denunciado desde 2012 y que pueda arrojar luz sobre esta situación en lugar de ocuparse de los medios de comunicación social. Somos conscientes y consecuentes con nuestra responsabilidad social y ciudadana, de la necesidad de preservar el derecho a la intimidad de las personas, y del tratamiento adecuado que debemos darle a estos temas, por lo cual requerimos la misma responsabilidad que le cabe a los demás estamentos del estado en dar las respuestas que corresponden a todo caso que demande el amparo de los derechos humanos básicos».
La resolución que el gremio de los periodistas cuestiona fue dictado por la jueza Cabrera a pedido de la defensora oficial Débora Vanesa Cosatti y en el marco de la causa «Calveyra Silvina María y Galizzi Evangelina. Sus denuncias». La jueza anotó en su resolución que la defensora fundó su pedido en el hecho de que «el video de referencia que se encuentra en circulación afecta el honor, la intimidad, la dignidad y la honra de Rosa Pereyra, Cynthia Coccoz, Gisela Coccoz, Vanesa Coccoz y Silvana Coccoz, las cinco mujeres oportunamente sindicadas como víctimas en la presente causa, encontrándose revictimizadas con la exposición pública de los videos, imágenes, audios, de sus nombres, de sus apellidos, que desde el 30 de abril hasta la fecha están circulando por los distintos medios de comunicación y/o redes sociales vulnerando derechos personalísimos de las pre nombradas».
El caso de la familia Coccoz ya ha ganado otras veces la luz pública. En 2012, El Diario publicó la historia. Entonces, se relató el padecimiento de Cintia, quien a los 26 años escapó de la violencia de su padre. Primero estuvo alojada en el Hospital Nuestra Señora del Carmen; y luego fue evaluada por un equipo interdisciplinario del Hospital Escuela de Salud Mental, de Paraná.
En aquella época, la joven negó abusos, pero contó que su padre la privó de su libertad durante 13 años. “Horacio Coccoz es un hombre muy preparado, licenciado en Física, aunque su historia personal quedó estropeada luego de la última dictadura cívico-militar. Padeció la cárcel al igual que su hermano, Javier Coccoz, miembro del comando de inteligencia del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que hoy integra la lista de desaparecidos”, detalló la crónica de El Diario.
“Todo empezó a ser así en 1999. Ese año decidió que ninguno de sus hijos siguiera en la escuela; una de las hijas ni siquiera pudo concluir el 7º grado. Desde ese año, los aisló socialmente. Sin violencia, sin abusos, de un modo enfermizo los mantuvo a distancia del resto del mundo, de los vecinos, lejos de cualquier contacto”, agregaba en aquella nota escrita hace 8 años.
Ahora, el caso volvió a tomar estado público a través de videos y audios que se viralizaron en las redes sociales. Sobre el caso, se expidió la Municipalidad de Mansilla. «Visto los últimos acontecimientos en relación a un video que se está difundiendo a través de las redes sociales, el área de acción social y la oficina de la mujer, dependientes de la gestión municipal, comunican a la población que la joven involucrada ya está siendo asistida y contenida. Para esto han intervenido las autoridades de salud y las responsables de las áreas mencionadas».
De la Redacción de Entre Ríos Ahora