La Asamblea Vecinalista de Paraná alertó que el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos empezó a “resentirse” en la ciudad y por eso pidió nuevamente la intervención de la Justicia.
A través de un escrito, el abogado César Luis Cesario, representante legal de la Asamblea Vecinalista, acudió ante el vocal N° 3 del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Alejandro Joel Cánepa, para que intervenga por cuanto la entidad no ha sido notificada respecto a si la administración del intendente Sergio Varisco acató el fallo del 13 del actual que ordenó normalizar el servicio de recolección de residuos, presentar informes diarios sobre la tarea que se realiza y elevar un detalle de cómo se sostendrá la prestación a partir del día 15 y por el plazo de los 20 días siguientes.
La Asamblea Vecinalista busca conocer si la Municipalidad cumplió o no con lo ordenado por el juez Cánepa porque, aún cuando el gobierno de la ciudad y el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem) han apelado aquella sentencia, lo dictaminado por el magistrado se mantiene en pie. El escrito plantea que “antes de iniciar la ejecución de la sentencia” por vía judicial, quiere saber si la Municipalidad cumplió con lo que ordenó el fallo, y en caso de que no haya ocurrido pidió que se corra vista al Ministerio Público Fiscal para la apertura de una causa penal.
Claro que Cánepa no está más a cargo de la causa. Desde el momento de la apelación, el día 14, el magistrado hizo lugar a los planteos, y la causa se derivó para su resolución al Superior Tribunal de Justicia (STJ), que ahora tiene el caso en sus manos.
El mandato y la discusión
El juez Cánepa no sólo ordenó normalizar Dispuso también que «en el plazo de tres días, la Municipalidad de Paraná deberá elaborar un plan y/o programa de acción para los próximos veinte días a partir del 16/11/2019, que contemple o no -a su criterio- la colaboración referida (de Vialidad, que aporta 20 camiones volcadores), pero que garantice la normalización, continuidad y regularidad de la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos en la ciudad. Dicho programa deberá indicar: cantidad de personal involucrado y/o afectado al servicio; turnos; cantidad de vehículos a utilizar de propiedad municipal (refiriéndolos por N° de identificación); cantidad de vehículos a solicitar a la Dirección de Vialidad Provincial, por día; recorridos a realizar y barrios a intervenir; el que será presentado en el plazo fijado al Tribunal, y al domicilio constituido» por los vecinos que accionaron.
El juez intimó a la Municipalidad «a que en 24 horas designe ante el Tribunal una persona responsable de la organización, ejecución y control de las actividades dispuestas en los puntos 1 y 2 anteriores, lo cual será comunicado también a los actores en su domicilio constituido. Dicho responsable será también el encargado de elaborar y suscribir los informes y planes de trabajo que se disponen en los puntos anteriores».
Servicio esencial
Pero el magistrado no sólo se limitó a resolver el grave problema que derivó del hecho que durante 10 días la ciudad tuviera la basura diseminada por todas las calles, sino que se introdujo en un punto polémico: la posibilidad de reglamentar el derecho de huelga en servicios esenciales como es la recolección de residuos.
Al respecto, y en procura «de garantizar también se prevea de una dotación o servicio mínimo para la prestación del servicio en cuestión para el caso de reeditarse medidas gremiales de idéntico tenor a las vividas la semana anterior una vez finalizada la etapa o plazo de conciliación» dictada por Trabajo el viernes 8 y que concluye el viernes 22, Cánepa en su resolución instó a la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos a que, «atento a sus competencias en el marco de la conciliación obligatoria en curso entre la Municipalidad y las entidades sindicales Suoyem y ATE, y/o cuando lo entienda conveniente y/o procedente, requiera de oficio (…) ante el Ministerio de Trabajo de la Nación y/o Comisión de Garantías dependiente del mismo, la declaración del servicio de recolección de residuos de la Municipalidad de Paraná, como esencial», en el marco de la Ley Nacional N° 25.877.
Y pidió que «eventualmente, sea notificado el Tribunal y los actores de autos, el inicio y la conclusión de dicho trámite».
Cánepa citó los calificativos que puso la Municipalidad de Paraná en su escrito -finalmente declarado abstracto- al sostener que la medida de fuerza de los gremios, que derivó en la paralización del servicio de recolección de residuos, fue «ilegal», «infundada», «intempestiva», que «denota una actitud de mala fe de los sindicatos», que «viola los derechos más fundamentales de la población», y que «merece una sanción ejemplificadora» porque, «afecta las garantías constitucionales». No obstante, agregó el magistrado en su disposición, la administración Varisco «no llevó adelante ninguna actuación con el fin de declarar su ilegalidad y/o ilegitimidad en la sede correspondiente y competente, aún a pesar de afirmar que por culpa de aquella ´no se encuentra garantizada la prestación mínima de los servicios´; decisión que -de haberse confirmado- podría haber permitido que pudiera convocarse a los trabajadores a retomar el servicio, garantizar su prestación, además –de no concurrir aquellos- de facultarlos a iniciar los procesos sancionatorios pertinentes. En definitiva, a partir de todo lo anterior, concluyo que efectivamente la conducta de la Municipalidad de Paraná» evidencia «una omisión en el cumplimiento de sus deberes legales ya expuestos».
Pero la apelación no fue sólo hacia el gobierno de la ciudad. «Así las cosas, la afectación de manera grave de un servicio verdaderamente sensible para la población, como lo es el de recolección de residuos, ameritaba una pronta actuación en torno a garantizar aquella prestación mínima de servicios, conforme lo establece la Ley indicada; puesto que los poderes estatales (municipales) en materia de seguridad, salubridad y moralidad, son irrenunciables. Debería tomarse nota, a partir del caso planteado por los vecinos de Paraná, la trascendencia institucional y social de poder contar con una reglamentación provincial ( artículo 122, inciso 3 de la Constitución Provincial) que clasifique de antemano aquellos servicios públicos prestados por los Estados Municipales en los cuales, por su ´especial trascendencia´ -para utilizar los términos de la Comisión de Libertad Sindical de la OIT (Organización Internacional del Trabajo)- resulte imperiosa la tramitación de la declaración de servicio esencial por ante el organismo nacional competente, ante la inminencia de cualquier conflicto de naturaleza colectiva que tenga la potencialidad de poner en vilo la seguridad, la salud o la vida de la población», subraya el fallo.
«La misma debería funcionar a modo de gatillo automático y tramitado -aún de oficio- por las autoridades laborales provinciales cuya intervención sea solicitada en el marco de la Ley N° 14.786, y/o cualquier otra en la que intervenga en sus funciones de policía del trabajo. Lo anterior, porque la situación planteada, esta vez como acción judicial, no es la primera vez que ocurre en nuestra ciudad, ni que se extiende tanto en el tiempo, debiendo encontrarse un camino legal que no deje a los vecinos como rehenes y permita la armonización de todos los derechos en juego», subrayó Cánepa.
El servicio de recolección de residuos fue declarado «esencial» por una ordenanza de 2014 sancionaad por el Concejo Deliberante, pero un tribunal provincial alertó sobre la inconstitucionalidad de normas de ese tipo cuando la Municipalidad quiso aplicar la misma vara con la prestación del servicio de colectivos por el largo paro de agosto último.
Ahora, un diputado provincial impulsa que la recolección de residuos sea declarada, por ley, servicio esencial.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora