El caso de la maestra fumigada en una escuela rural de Colonia Santa Anita, departamento Uruguay, en diciembre de 2014, finalmente concretará la audiencia para definir si la investigación penal preparatoria que se llevó adelante en los Tribunales de Concepción del Uruguay se eleva a juicio.

El hecho ocurrió el 4 de diciembre de 2014. Ese día Marisa Leiva estaba, como todos los días, dando clases en la Escuela Nº44 República Argentina, de Colonia Santa Anita, departamento Uruguay, cuando oyó el vuelo de una avioneta que realiza los trabajos de fumigación en un campo aledaño. El agroquímico baña una plantación de arroz, pero el viento lleva el veneno también en dirección a la escuela.

 

Mariela, la directiva y docente que se disponía a dar clases, instrumenta el protocolo de actuación en estos casos. Resguarda a los alumnos en el aula, les dice que no se asusten y procede a cerrar puertas y ventanas. Luego toma su celular y comienza a registrar cómo el avión descarga el químico sin miramientos. Filmó y sacó fotos que hoy integran el cuerpo de pruebas que le sirvieron a la fiscal Melisa Ríos para llevar a juicio a tres imputados por contaminación ambiental culposa y lesiones leves culposas.

 

Los acusados son el titular de la explotación agropecuaria; el presidente de Aero Litoral SA (la empresa que realizó la fumigación) y el piloto que manejó la aeronave. La fiscal Ríos terminó la investigación penal preparatoria  en marzo de este año y elaboró el requerimiento de elevación de la causa a juicio ante el Juzgado de Garantías Nº1 de Concepción del Uruguay.

 

El juzgado tuvo que suspender dos veces la audiencia en la que se decidirá si los acusados deberán ir a juicio: la primera audiencia suspendida fue el 11 de abril y la segunda el 18 de mayo. En ambas oportunidades, dos imputados no se presentaron por razones de salud. Ahora, el juzgado volvió a fijar fecha de audiencia: será este mares 4 de julio, y a pedido de la fiscalía, no podrá suspenderse nuevamente por ausencia de los acusados.

 

 

“En horas de clases, cuando nos disponíamos a realizar las tareas de todos los días, un avión empieza a hacer una pulverización en el campo aledaño, al frente de la escuela. Se realiza una denuncia, llamamos a la policía, al centro de Salud, a un hospital de campaña. Vienen y atienden a los chicos del nivel primario”, contó la docente uruguayense a Entre Ríos Ahora.

 

Los estudios médicos practicados a la docente y sus alumnos arrojaron que sufrieron síntomas de intoxicación vinculados al agrotóxico liberado ese día en el campo. “El campo está pegado y lo separa una calle vecinal, y cuando el avión daba vueltas, pasaba sobre la escuela. El sembrado tenía una disposición de este a oeste, la escuela estaba al sur y el viento soplaba del norte: es decir, que el veneno venia a nosotros”, cuenta la docente que denunció lo sucedido.

 

Mariela señala que el artículo 8° de la Ley Nº 6.599, que dispone el uso y manejo racional de los plaguicidas en la etapas de expendio, transporte, depósito, almacenamiento y aplicación, establece que “toda persona que se decida aplicar plaguicidas por aspersión aérea o terrestre, deberá tomar las precauciones del caso para evitar ocasionar daños a terceros”. Pero en el caso de la escuela de Santa Anita no se tomaron los recaudos necesarios. Así lo entiende Mariela y la fiscal Ríos.

 

 

 

La audiencia en la que se resolverá si las tres personas imputadas por contaminación ambiental culposa y lesiones leves culposas son llevadas a juicio será el 4 de julio en el juzgado de Concepción del Uruguay.

 

 

De la Redacción de Entre  Ríos Ahora.