El próximo 5 de enero, el exintendente de Seguí, Cristian Treppo, cumplirá 7 años en ascuas con una causa que da vueltas sin sentido en los Tribunales: el caso arrancó en 2016 a raíz de la denuncia del bloque de concejales de Cambiemos ante la sospecha de pago de sobreprecios en una obra de pavimentación. El proyecto tuvo un presupuesto de más de $20 millones, cifra que para la Fiscalía estaría inflada entre los $9,5 millones y los $13 millones.
Un perito, Beltrán Uranga, determinó el sobreprecio, pero ese perito murió en el trámite de la causa. La Fiscalía entiende que ese hecho no puede entorpecer el avance de la causa a juicio, y pidió que en su lugar brinde su testimonio otro perito, Martín Sernau. La defensa de Treppo planteó que la muerte del perito invalidaba la principal prueba de cargo de la Fiscalía y pidió el sobreseimiento de su defendido. También por el hecho de que se había excedido el tiempo de la acusación pública para investigar.
La causa avanzó lento. En junio último la entonces jueza de Garantía Gabriela Garbarino escuchó las razones de la defensa, y oyó los planteos de Fiscalía, pero se tomó seis meses para citar a nueva audiencia para resolver el caso. La vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones María Carolina Castagno observó críticamente ese hecho que demoró el trámite de la causa: la primera audiencia se hizo el 6 de junio y la segunda el 5 de diciembre de este año. Garbarino aceptó anular la pueba del perito fallecido pero dispuso que la causa sea elevada a juicio.
Esa decisión fue apelada tanto por Fiscalía como por el defensor Coronel. Este viernes, Castagno rechazó los planteos de la defensa, confirmó que la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) deberá poner fecha al juicio oral, y anuló lo resuelto por Garbarino -una funcionaria judicial que ya no es más jueza- en cuanto descartó el informe pericial del perito Uranga. «Transcurrieron seis meses para el dictado de una resolución. Esto no se condice con la celeridad que debe primar», advirtió la magistrada.
En febrero de 2021 se había realizado la primera parte de la audiencia, en la que los fiscales Gonzalo Badano y Franco Bongiovanni solicitaron que el caso sea remitido a juicio. Señalaron entonces que tres personas deben ser juzgadas: el exintendente Treppo; la ingeniera en construcciones Carina Zapata, que fue contratada por el municipio para proyectar la obra; y al contador municipal Darío Alexis Monzón.