La Justicia no hizo lugar a la medida extraordinaria que presentó el sábado por la noche la Municipalidad de Paraná para lograr, por la vía de una acción autosatisfactiva, que un tribunal ordene a Buses Paraná, concesionaria del servicio de colectivos, el restablecimiento inmediato de la prestación, paralizada desde el martes 6 de este mes por una huelga de choferes que exigen el pago de sus salarios.

La Cámara Contencioso Administrativa -que integran Gisela Schumacher, Hugo González Elías, y el exsecretario de Transporte durante la gestión del intendente José Carlos Halle, Marcelo Baridón- no hizo lugar a la urgenia con la que la Comuna pidió tratamiento del recurso, y dispuso dar, primero, intervención a la fiscal María Aranzazu Barrandeguy -hija del abogado Raúl Barrandeguy, defensor de Sergio Urribarri en causas por corrupción-, quien dictaminó que no correspondía el planteo.

En ese escenario, y con la medida de fuerza de los choferes que se mantiene, se incierto cuándo se restablecerá el servicio en Paraná.

El juez González Elías habla de una «densa niebla jurídica», pero aún así desde el vamos plantea que  «quien debe garantizar la continuidad de los servicios públicos y en este caso el de transporte de pasajeros automotor por ómnibus o como lo denominan los paranaenses en «colectivo» es la Municipalidad promoviente, quien soslaya su poder/deber dirigiendo peticiones que claramente son de imposible cumplimiento a la justicia requiriendo garantice la prestación del servicio a quien evidentemente no se encontraría en condiciones de hacerlo, siendo la propia actora la que dispone de las herramientas instrumentales necesarias desde hace tiempo y no las ha ejercido en tiempo y forma».

Más adelante, recuerda que «el damnificado de esta situación es el ciudadano que no puede concurrir a la escuela, al trabajo o debe hacerlo caminando, «a dedo», en bicicleta o en lo que tenga a mano en condiciones climáticas severas como las propias de la estación invernal, o que concurre a trabajar pero gastando mucho más de lo que
debería y también de quienes no disponen de los trabajadores que justificadamente se ausentan de sus trabajos, lo que inmoviliza aun más a una ciudad inmersa en una recesión económica nacional en momentos particularmente difíciles»

El juez se adentra en el conflicto con los colectivos y deja en las espaldas de la Municipalidad la responsabilidad en la solución de la parálisis del servcio.

«Es importante -dice González Elías- que prontamente el Municipio de Paraná asuma y ejerza esas competencias porque la ciudad está paralizada. En la presentación algo dicen sus apoderados, pero es notorio y evidente para
quienes vivimos en esta localidad, ya que padecemos la imposibilidad de trasladarnos que conlleva muchas otras imposibilidades: ir a la escuela, ir a trabajar, ir a cuidar la salud -tratamientos urgentes y programados-, el
comercio paralizado por la falta de personas ya que no pueden moverse. La ciudad ha crecido, tiene  aproximadamente ciento cuarenta (140) kilómetros cuadrados sin tener en cuenta lo que se conoce como «gran Paraná» que incluye municipios aledaños como Colonia Avellaneda; San Benito; Oro Verde».

Y concluye: «Después de tantos días, se vuelve imperativo e ineludible, que las autoridades públicas concedentes del servicio público se ocupen en forma inmediata de usar las potentes facultades que la Constitución y las leyes le otorgan para restablecer el servicio. No es competencia de esta Cámara esa solución, es una potestad inherente a la existencia misma de un Municipio».

El recurso

La Municipalidad de Paraná decidió judicializar el conflicto del servicio de colectivos, paralizado desde el martes 6 por un conflicto gremial de los choferes, agremiados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas Ersa Urbano SA y Mariano Moreno SRL por la falta de pago de la actualización salarial de julio (un 20%) y el pago parcial del medio aguinaldo (adeudan el 80%), y pidió una medida extraordinaria: que se ordene de forma inmediata a la concesionaria Buses Paraná la restitución de la prestación.

Los abogados Walter Rolandelli, secretario Legal y Técnico de la Municipalidad, Leonel Rodríguez y Guido Zufiaurre, todos apoderados del gobierno de la ciudad, acudieron con una medida autosatisfactiva ante la Cámara Contencioso Administrativa, que integran los jueces Gisela Schumacher, Hugo González Elías y Marcelo Baridón, este último exsecretario de Transporte de la Municipalidad durante la gestión del exintendente José Carlos Halle.

La presentación ante la Justicia de la Municipalidad de Paraná fue una medida autosatisfactiva, con el pedido expreso de que la Cámara Contencioso Administrativa ordene la restitución de forma inmediata del servicio de colectivo a partir de este domingo, se mande a secuestrar las unidades que se fueron supuestamente a Corrientes y que se resuelva inaudita parte, esto es sin dar intervención a la otra parte demandada, Buses Paraná.

 

El texto de la presentación judicial, al que accedió Entre Ríos Ahora, pide “con carácter urgente y en su primer despacho, ordene el inmediato restablecimiento del servicio público de transporte de pasajeros, el cual se encuentra concesionado a Buses Paraná – Agrupación de Colaboración Empresaria, compuesta por Ersa Urbano (…) y Mariano Moreno (…) a fin de asegurar la prestación del servicio esencial durante el día domingo 11/08/2019 en que tendrá ocasión el acto eleccionario de público conocimiento “PASO Nacionales 2019”, y en lo sucesivo, a fin de asegurar el derecho de los electores a sufragar en las mismas, y además, el derecho de los usuarios a gozar con regularidad del servicio aludido. Para ello deberá la concesionaria a intimar a sus empleados al débito laboral, o disponer las medidas que sean necesarias para asegurar la prestación del servicio”.

“El presente se interesa con habilitación de días y horas inhábiles y con carácter urgente, por la inminencia del acto electoral, resultando indispensable que se despache inaudita et altera pars a fin de no frustrar el cometido de la presente y atento el grado patente de certeza de los derechos involucrados”, agrega.

De ese modo, la falta de transporte público en la ciudad llegó ahora a los Tribunales. De ese modo, vía judicial, la Municipalidad de Paraná pretende sortear el actual estado de situación en el que 110 mil usuarios llevan cinco días sin poder utilizar el transporte público en la ciudad.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.