El juez de Garantías Ricardo Bonazzola decidió hoy elevar a juicio la megacausa del Sueño Entrerriano, en la que están imputados por los supuestos delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública el exgobernador Sergio Urribarri, los ex ministros de Cultura, Pedro Báez, y de Turismo, Hugo Marsó, y el cuñado del exprimer mandatario, Juan Pablo Aguilera.

La decisión de Bonazzola se adoptó en medio de la férrea oposición de los abogados defensores, que primero peticionaron la suspensión de la audiencia y después insistieron con los planteos de nulidad y de sobreseimiento. Los defensores indicaron que las apelaciones tendrían efectos suspensivos y que por tanto la elevación a juicio no debería prosperar. Luego, Bonazzola abrió un cuarto intermedio para resolver sobre las peticiones de los defensores.

Tras 30 minutos de espera, el magistrado retomó la audiencia rechazando los recursos de las defensas. Acto seguido, las partes comenzaron a acordar la prueba que se presentará en el juicio.


El trámite de hoy es continuación de lo que ocurrió el viernes 30 de agosto, cuando se realizó la audiencia de apelación ante el juez  Bonazzola y se escucharon los argumentos de las partes.

De aquella primera audiencia  participaron los fiscales Cecilia Goyeneche, Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano, y los defensores José Candelario Pérez y Raúl Barrandeguy, que representan al exgobernador Urribarri; Ignacio Díaz, representante de Pedro Báez; Marcos Rodríguez Allende, que ejerce la defensa de Aguilera; Guillermo Vartoreli, en representación de Hugo Céspedes, Gustavo Tórtul y Corina Cargnel; y Emilio Fouces, que defiende a Hugo Marsó y Gerardo Caruso.

Defensores Pérez, Barrandeguy, Díaz, Rodríguez Allende, Vartorelli y Fouces.

 

El primero en plantear el sobreseimiento de los imputados fue Barandeguy. “Dejamos planteada como primera razón para pedir el sobreseimiento esta cuestión de que es absolutamente imposible sustraer nada de un presupuesto”, argumentó. Ignacio Díaz habló de los pronunciamientos de los distintos organismos de control, Tribunal de Cuentas, Contaduría, Fiscalía de Estado, que, a su criterio, no presentaron ninguna objeción a las contrataciones. “Acá no están imputados los responsables únicos que aprobaron el gasto. Ni se los ha llamado. No es relevarlos de esa responsabilidad, haciendo recaer en el gobernador y en el ministro todo el peso. Estos especialistas en la materia dijeron que el gasto estaba bien”, postuló.

Candelario Pérez reprochó el texto de la imputación del Ministerio Público Fiscal y dijo: “La imputación que se hace no merece el menor análisis. Acá no hay ningún tipo de perjuicio. Es una creación artificiosa que no se concreta. Es una creación ficcional esta atribución penal y por lo tanto debe haber un error en el acusador”, planteó.

Guillermo Vartorelli pidió que se anule la imputación por cuanto, consideró, “no es clara la imputación del hecho”.

“¿Debo defender a mis clientes de todo lo que hicieron desde que asumieron? No está claro qué se les imputa”, subrayó.  “Pido la nulidad porque no se puede sostener esta imputación”, señaló.

Emilio Fouces se pronunció en el mismo sentido y no vio “ninguna conducta reprochable” en sus defendidos. Y por eso pidió el sobreseimiento para ellos.

Al final, Marcos Rodríguez Allende se sumó al planteo de Vartorelli, y entendió que es poco clara la imputación y por eso reclamó la nulidad del pedido de remisión a juicio de la causa.

En el cierre, la fiscal Cecilia Goyeneche reclamó al juez el rechazo de todos los planteos de la defensa y la continuidad de la audiencia de remisión a juicio de la causa del Sueño Entrerriano.

Dijo que de las tres causas bajo análisis, lo que se desprende es que “una parte importante del dinero” invertido en las contrataciones bajo investigación “se volcó a la campaña de Urribarri, y otro poco fue a su familia, a través de los pagos que recibió Aguilera”.

“Lo que se observa es una utilización del patrimonio público como si se tratara de patrimonio privado, sorteando todos los controles administrativos”, puntualizó Goyeneche. “Estas maniobras investigadas significaron la sustracción de dineros públicos para la aplicación de fines personales en los tres casos. Y los fines del señor Urribarri era ser proclamado como candidato a presidente de la República”, añadió.

Fiscales: Gonzalo Badano, Juan Francisco Ramírez Montrull y Cecilia Goyeneche.

 

 

La causa

Los delitos que se le imputan a Urribarri y Báez son negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado. En tanto, a los demás acusados se les reprocha los mismos delitos pero en grado de partícipes primarios.

En diciembre pasado la Fiscalía unificó las investigaciones y pidió la elevación a juicio de todos los imputados por supuestos delitos contra la Administración Pública.

La causa incluye tres expedientes: la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $27 millones; y la contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones. La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo eslogan distintivo fue el “Sueño Entrerriano”.

Además de Urribarri y Báez, en la megacausa del “Sueño Entrerriano” también están acusados Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri y secretario del bloque de senadores del PJ; Hugo Félix Céspedes, que fue coordinador de la Unidad Operativa Mercosur; Gustavo Javier Tortul, que fue coordinador contable de la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur; el ex ministro de Turismo, Hugo José María Marsó; el titular de la firma “El Juego en que Andamos” y exdirector de Contenidos del Fútbol para Todos, Gerardo Daniel Caruso; y la contadora Corina Elizabeth Cargnel, vinculada a las empresas Tep y Next, que se adjudican a Aguilera.

Para Urribarri la Fiscalía pide 9 años de prisión; para Báez, 8 años de prisión; para Gustavo Javier Tortul, 4 años de prisión; para Hugo Felix Céspedes, 4 años de prisión; Juan Pablo Aguilera, 8 años de prisión; Corina Elizabeth Cargnel, 6 años de prisión e inhabilitación especial; Hugo Marsó, 4 años de prisión; y Gerardo Daniel Caruso, 4 años de prisión. Además, para cada uno de los funcionarios o exfuncionarios pidieron la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y una pena de multa de 90 mil pesos, ya que consideran que los hechos se habrían cometido con “ánimo de lucro”.

La Procuración quiere llevar a juicio al exgobernador, a su exministro de Cultura, el actual diputado provincial Pedro Báez, y al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, entre otros, acusados de los delitos de peculado -desvío de fondos que tienen un fin específico para otro totalmente distinto- y negociaciones incompatibles con la función pública -direccionar contrataciones- en una mega causa que engloba tres investigaciones por supuestos delitos de corrupción: la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; lacontratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $27 millones; y la contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones. La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo slogan distintivo fue el “Sueño Entrerriano”.

El pasado lunes 17 de diciembre la Fiscalía dio por concluida la investigación penal preparatoria y solicitó la remisión a juicio de tres causas unificadas en la que está imputado el exgobernador y actual titular de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, y otras siete personas, entre las que están su cuñado Juan Pablo Aguilera, y su exministro de Comunicación, Pedro Báez.

En el texto de pedido de elevación a juicio de esa megacausa -trámite que de momento no se ha dado- se adelantó un pedido de pena para Urribarri de 9 años de cárcel más inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos; mientras que para Báez y Aguilera, los fiscales solicitan 8 años de prisión más la inhabilitación. Además, requieren que se les aplique una multa leve: 90 mil pesos.

Los demás imputados en las diferentes causas, son: Hugo Félix Céspedes, que fue coordinador de la Unidad Operativa Mercosur; Gustavo Javier Tortul, que fue coordinador contable de la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur; el ex ministro de Turismo, Hugo José María Marsó; el titular de la firma “El Juego en que Andamos” y exdirector de Contenidos del Fútbol para Todos, Gerardo Daniel Caruso; y la contadora Corina Elizabeth Cargnel, vinculada a las empresas Tep y Next, que se adjudican a Aguilera.

El jueves 4 de abril, durante una audiencia en Tribunales por la causa del Sueño Entrerriano, la Procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche, habló del pago de coimas en esas contrataciones que ahora están resumidas en una megacausa penal.

“Se produjo un retorno de fondos a personas allegadas a Urribarri”, afirmó y calculó que esos pagos irregulares rondarían los $5 millones. Ese desvío mediante una triangulación ocurrió, según el escrito de los fiscales, en la contratación de la instalación del pelotero en Mar del Plata, en el verano de 2015, encargada a la firma “El juego en que andamos”.

En el trámite de contratación de esa empresa intervino el exministro de Turismo, Hugo Marsó. Se pagaron $ 14.561.870.

“La maniobra pergeñada consistió en la contratación de la empresa ´El Juego en que andamos SRL´, por la suma referida, quien a su vez, por un lado, destinaría parte de la misma para subcontratar a la Cooperativa de trabajo X la Plata Publicidad Ltda. para realizar una campaña de difusión en vía pública –mediante cartelería– de la figura de Urribarri como precandidato a Presidente de la Nación, lo que se concretó por la suma $ 338.800; por el otro lado, el socio gerente de aquella firma, Gerardo Caruso (alias Foia), debía retornar en dinero en efectivo al señor Juan Pablo Aguilera -lo que se concretó por la suma de $ 2.000.000, y también por medio de transacciones bancarias a las empresas TEP SRL y NEXT SRL –propiedad del señor Aguilera-, y las intermediarias Visual Ilusion SA CUIT 30-71071523-4, Megaprint SA 30-70717800-7, Wall Street Vía Pública SA CUIT 30-65541838-1 y Fredy Publicidad SRL CUIT 30-70909164-2, lo que también se concretó por la suma de $ 2.468.700,00. Todo lo anterior contó con la imprescindible colaboración de Corina Cargnel -contadora de las empresas TEP SRL y NEXT SRL-, quien gestionaba la confección de facturas con tales empresas y también los retornos de dinero. Para concretar la misma, mediante el Expte. Adm. Nº 1.656.830 iniciado con fecha 5 de diciembre de 2014, Marso interesó a Urribarri la contratación en cuestión, justificándola”, dice el escrito de remisión a juicio.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora