El diputado provincial peronista y exintendente de Larroque, Raúl Riganti, explicó por qué dos meses después de haber afirmado que no se iba a amparar en los fueros en la causa que se lleva en su contra, decidió apelar a la inmunidad parlamentaria para que se suspenda el proceso judicial. “Soy claramente identificado como K y sufro persecución política”, aseguró al fundamentar la decisión de apelar a los fueros. Además, agregó que los mismos no le pertenecen, sino que son de la Cámara de Diputados y, por lo tanto, es el cuerpo quien debe decidir si se los quita o no.

El jueves 28 de diciembre, en los Tribunales de Gualeguaychú, se llevó a cabo una audiencia en la que el fiscal Sergio Rondoni Caffa solicitó al juez de Garantías Mario Figueroa que eleve a juicio la causa en la que se investiga el pago de sobreprecios en una obra de pavimentación en Larroque cuando Riganti fue intendente. Mientras que la defensa de Riganti, a cargo de Daniel Garbino, solicitó que se suspenda el proceso porque su defendido tiene fueros parlamentarios desde el 6 de diciembre, cuando asumió en reemplazo de Juan José Bahillo, hoy diputado nacional.

En la audiencia también estuvieron Sergio Avero, abogado del municipio de Larroque; y los defensores de los demás imputados: el abogado Fabián Otarán, que asiste a Norberto Marchesini (exsecretario de Hacienda de Riganti); y Miguel Ángel Cullen y Julio Pedrotti, en defensa de Néstor Herenú, de la firma  OIC SA. El abogado de Riganti, Garbino, también defiende a Leonardo Hasell (exsecretario de Gobierno) y Juan Carlos Rochelle (exsecretario de Obras Públicas).

Todos están imputados por los presuntos delitos de administración fraudulenta en perjuicio del erario público, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, en el resonante caso en el que se investigaron supuestos sobreprecios en la pavimentación de 14 cuadras en el municipio de Larroque, departamento Gualeguaychú. El expediente se inició por una denuncia formulada por el intendente que sucedió a Riganti, Darío Benedetti, de Cambiemos, quien fue noticia nacional al devolver $13 millones al Gobierno de Mauricio Macri. Esa cifra, se dijo entonces, era la que se iba a pagar de más a la firma Organización Industrial Construcciones SA (OIC SA).

En octubre, antes de asumir como diputado provincial, Riganti dijo a Entre Ríos Ahora que no iba a ampararse en los fueros si la causa que se sigue en su contra avanzaba. Lo cierto es que el pasado jueves sí apeló a ellos, según dijo, por recomendación de su abogado y porque considera que hay una persecución política y judicial contra el kirchnerismo, donde abrevó durante sus años al frente del municipio del departamento Gualeguaychú. Mencionó como un caso ‘testigo’ el de Gualeguay, donde el exintendente peronista Luis Erro fue involucrado por el fiscal Agustín Gianini –que terminó renunciando- en la desaparición del empresario Omar Benvenuto.

—¿Por qué apeló a los fueros cuando en octubre dijo que no lo iba a hacer?

—El tema de los fueros lo aplicó mi abogado, porque partió de la base de que los fueros no son míos, sino de la Cámara de Diputados. Desconocía que los fueros no eran míos. Además nos convenció que los fiscales quedaron más expuestos en los últimos 30 días, por ejemplo en el caso de Gualeguay, con (Luis) Erro.

—¿Usted dice que hay una persecución político-judicial contra usted?

—Esto ha quedado demostrado en Larroque, donde fui intendente y soy claramente identificado como K y de ahí la persecución política de la que sufro. Las causas fabricadas, lo que se dice en los medios, permanentemente se habla de la pesada herencia, que no fue tal acá, al contrario, le dejamos plata a favor. Ahora parece que a la K habría que sacarla del alfabeto. Yo no voy a renegar de lo que permitió que Larroque crezca.

—La denuncia del municipio gobernado por Cambiemos y la acusación de la fiscalía habla de sobreprecios. Incluso la municipalidad devolvió $13 millones a la Nación ¿Qué fue lo que pasó?

—La acusación es un disparate. Había que sacar una nota que devolvían $13 millones porque había sobreprecios, que fue la línea que siguieron en todos lados. Acá tenemos una decisión política, no es una cuestión judicial. Para mi hay  influencia sobre el Poder Judicial.  Hay que mirar los números originales, Cambiemos hace una denuncia diciendo que la obra costaba $5 millones, y dicen que yo pagué $8 millones, que esto último es cierto. Sin embargo, el perito oficial dice que la obra costó $11 millones. A este dato hay que agregar que el contrato que le hago a la empresa tenía una cláusula que dice que si no podía cobrar la obra no podía ir contra el municipio, sino contra Nación.

—¿De qué se trató esa cláusula?

—A esa cláusula la puse por experiencia, porque en las obras que inicie en las dos gestiones en Larroque me iban pagando los certificados vencidos y muchas veces tenía que llamar al gobernador, al vice o al ministro de Gobierno para que me terminaran pagando siete meses después los certificados. Con esa experiencia, y la preocupación de que esta obra era equivalente al 50% del presupuesto anual del municipio, le puse esa cláusula. Cuando firmo el contrato no habíamos recibido ni un peso. Cambiemos dice que a la obra la hacen por $5 millones, yo pago $8 millones, mientras el perito dice que costó $11 millones. Ahora bien, sin evaluar impuestos y ésta cláusula, que me digan cuánto vale la obra.

—Entonces, ¿el municipio estuvo mal al devolver los $13 millones al gobierno nacional?

—Están locos, lo que han hecho fue habilitar a la empresa para que haga juicio para cobrarle al municipio, ahí la cláusula se cae. Ellos borraron con el codo la cláusula que puse en el contrato, porque recibieron la plata y la mandaron devuelta. Entonces, la cláusula dice que si la empresa no cobraba tenía que reclamar a Nación, pero el municipio cobró.

Entre el 14 y 16 de febrero, el juez de Garantías Mariano Figueroa, dará a conocer su resolución en cuanto a los planteos expuestos en Tribunales el jueves 28 de diciembre. La fiscalía pidió que el exintendente de Larroque y sus exfuncionarios, más el empresario sean llevados al banquillo de acusados. En tanto, Riganti pidió suspender el proceso por aplicación de sus fueros y los demás solicitaron que el caso pase a la órbita de la justicia federal, ya que consideran que es el ámbito adecuado porque están involucrados fondos nacionales.

Gonzalo Núñez
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.