El camarista Gervasio Labriola rechazó hoy el pedido de la defensa del intendente Sergio Varisco y de la concejal Claudia Acevedo de ir a mediación penal y evitar el juicio oral en la investigación penal por el supuesto delito de robo de energía que le achaca el Ministerio Público Fiscal a partir de una denuncia que presentara, en abril pasado, la distribuidora estatal Energía Entre Ríos SA (Enersa).
Ante la decisión de Labriola, el defensor de Varisco y de Acevedo, Miguel Cullen, anunció que recurrirá la decisión ante la Cámara de Casación Penal, aunque también hizo reserva del caso federal. «Este caso lo vamos a llevar hasta la Corte», anunció.
El 22 de agosto último, el juez de Garantías José Eduardo Ruhl ya había rechazado esa posibilidad, cuando acogió favorablemente la petición de la fiscal Patricia Yedro de elevar la causa a juicio oral. Labriola refrendó aquella decisión de Ruhl, y entendió que no se produjo ninguna violación de garantías constitucionales ni trato discriminatorio hacia Varisco y Acevedo al pretender resolver la cuestión en juicio oral y no en mediación penal, el camino que siguen todos los denunciados por Enersa por engancharse de la línea de energía.
“Estamos frente a un claro conflicto de determinación de la aplicación o no de un derecho constitucional y de una garantía constitucional”, había dicho el abogado Miguel Cullen en la audiencia de este jueves. El letrado, que representa a Varisco y a Acevedo insistió con su pedido de que el entuerto se resuelva por la vía de la mediacióni penal. “La alternativa de solución que se propone respecto de mis defendidos se hace en el marco de igualdad.Ante la misma situación, igual solución. Si se sigue el camino que propone la Fiscalía, se deja sin sustento esta garantía constitucional”, afirmó.
Cullen dijo que el conflicto se había resuelto: en abril, cuando se supo de la denuncia de Enersa, Varisco y Acevedo acudieron a las oficinas de la distribuidora de energía y saldaron la deuda por los dos años de conexión irregular en la vivienda que ambos ocupan en calle Echagüe. “Y previo a la declaración de imputado, se pidió que se remitan las actuaciones a la Oficina de Mediación Penal, que es el camino habitual. Pero no lo dice esta defensa, sino la propia denuncia. Enersa, al hacer la denuncia, dice que es política de la empresa solucionar estos temas sin injerencia de la justicia penal”, señaló el abogado.
Cullen citó un informe redactado por Rodrigo Juarez, titular de la Oficina de Medios Alternativos (OMA) del Poder Judicial en el que se destaca que los delitos de poca cuantía deben resolverse por la vía de la mediación, criterio que no se siguió en este caso, por lo que entendió que se está ante un “escándalo jurídico”. Y refutó el planteo de la fiscal Yedro que le reclama a Varisco y a Acevedo determinadas líneas morales de conducta. “No estamos en un Estado teocrático que imponga normas de moral”, subrayó.
La fiscal Yedro pidió el rechazo del planteo y sostuvo que la resolución del juez Ruhl “no causa daño irreparable. Entiende el Ministerio Público Fiscal que someterlo a proceso da garantías para que su situación se ventile en juicio”, argumentó. Y planteó que la Procuración, por ejercicio de la política criminal, tiene la potestad de decidir qué causa va a juicio y cuál no. “No es el juez de Garantía ni Rodrigo Juárez quién decide qué causa se investiga. El Ministerio Público Fiscal ha sostenido que en este caso no corresponde remitir la causa a mediación penal. Desde el Ministerio Público Fiscal entendemos que no se les puede brindar el mismo trato que al resto de las personas a las que se les investiga por hurto de energía. Estamos hablando de dos personas que están en cargos públicos. Uno, que conduce la ciudad y una concejal en funciones. Dos personas que son funcionarios públicos, que deben tener una conducta intachable. Y aquí la línea que divide entre la vida pública y la vida privada se diluye. Esa sola situación, los cargos que ejercen, coloca a estas personas en situación distinta que al resto de los ciudadanos”.
Cullen retrucó el planteo de la fiscal y sostuvo: “En nombre del sistema acusatorio se dice que el Ministerio Público Fiscal puede decidir a quién lleva a juicio y a quién no, qué causas persigue y cuáles no. No caigamos en la grosería de plantear que se da carta blanca para hacer lo que querramos”.
El juez Gervasio Labriola resolvió, sin embargo, avalar por lo resuelto por Ruhl. “La primera decisión político criminal del legislador ha sido tipificar estas conductas como delito, y de ahí la persecución por parte del Ministerio Público Fiscal”, dijo. Y aseguró que “la resolución debe ser confirmada porque está fundamentada y no resulta arbitraria”. Y por eso rechazó el pedido de llevar la causa para su resolución en mediación penal.
Tras el hallazgo de una conexión clandestina, el abogado de la empresa de energía, Francisco Javier Toyé, radicó una denuncia penal.