El juez de Garantías Nº 2 de Paraná, José Eduardo Ruhl, dispuso la remisión a juicio de la causa que tiene como principal imputado al ex titular de Vialidad y actual subinterventor del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), Jorge Rodríguez.
El ex funcionario de Vialidad está acusado por el supuesto manejo irregular de fondos para la creación de la Escuela Privada Nº 235 Heraclia Ruiz Díaz, ubicada en calle Brasil Nº 1050 de Paraná.
La escuela fue creada en 2014 y se encuentra en un predio perteneciente a Vialidad, que fue cedido en comodato por 20 años. Es administrada por la Asociación Civil y Cultural “Los Viales”, que presidió Rodríguez. El emprendimiento educativo fue duramente cuestionado en un informe elaborado en 2015 por Nanci Vinagre, asesora jurídica del Tribunal de Cuentas.
La causa contra Rodríguez se inició tras la demanda penal presentada, a fines de septiembre de 2015, por los diputados provinciales María Emma Bargagna (FAP-Paraná, mandato cumplido) y Jorge Monge (UCR-Diamante, integrante ahora del bloque Cambiemos), con patrocinio legal de los abogados Rubén Pagliotto y Ramiro Pereira. La acción se llevó a cabo tras la publicación de la investigación periodística de Jorge Riani, de la revista “Análisis”.
Las fiscales Patricia Yedro y Carolina Castagno imputan a Rodríguez por el presunto delito de peculado. La misma figura penal pesa sobre Néstor Kemerer, actual director subadministrador del DPV, que en el momento en el que la denuncia fue presentada se desempeñaba como director de Mantenimientos y Suministros. En la audiencia de hoy, la fiscalía también adelantó que solicitará 7 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, para Rodríguez y Kemerer; en tanto que para Mario Heyde, ex director de Suministros de Vialidad en tiempos de Rodríguez, pedirán la pena de 4 años de prisión, más la inhabilitación absoluta perpetua.
Testigos y documental
En el encuentro que tuvo lugar en la Sala Nº 2 de Tribunales, las fiscales señalaron que para sostener la escuela, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) pagó, desde su creación, 3 millones de pesos a personal docente y 900 mil pesos en obras de refacción y construcción de la escuela. Luego de un cuarto intermedio de 30 minutos, las partes dieron a conocer al juez Ruhl el listado de los testigos y la documental que presentarán en la etapa de juicio. La defensa dio algunos nombres sobresalientes que convocará para la ocasión: el ex ministro de Educación, José Laurito, hoy intendente de Concepción del Uruguay; Julio Rodríguez Signes, fiscal de Estado, y el secretario general del gremio de los Viales –y con un fugaz paso por la dirección del DPV- Juan Carlos Lallana. Los tres fueron ofrecidos por Javier Martínez, abogado de Kemerer y Heyde.
Además, a la hora de ofrecer prueba instrumental, el letrado pidió que se incorporen unos cuadernillos de textos infantiles sobre seguridad vial. El material servirá para sostener el principal argumento de los acusados: que no cometieron ningún delito, sino que utilizaron fondos para la educación de los niños.
Por otro lado, la defensa de los tres imputados ofreció una larga lista de testigos que incluye a empleados de la escuela e incluso a la comisión de padres de la “primera escuela vial del país”, tal como se la denominó a la institución cuando fue inaugurada el 5 de diciembre del 2014. Son más de 50 las personas que serán citadas a declarar el día del juicio oral y público, aún sin fecha.
Sin nulidad ni sobreseimiento
El abogado Miguel Ángel Cullen fue quien con más vehemencia pidió el sobreseimiento de su defendido, el extitular de Vialidad, Jorge Rodríguez, al entender que no existía delito alguno. Además, solicitó que se anule la declaración indagatoria de su defendido de junio del año pasado. El juez Ruhl no hizo lugar al planteo de nulidad y subrayó que no tiene facultad para dictar un sobreseimiento. Es que esa determinación es competencia del Tribunal de juicio.
En su exposición, Cullen cuestionó la imputación de la fiscalía y afirmó que “la construcción de una escuela no constituye delito”. A su vez, manifestó en reiteradas ocasiones que es “agresivo sostener que la creación de una escuela pueda constituir un delito”. “El Poder Judicial no puede decidir si se pueden hacer o no escuelas”, señaló Cullen y reiteró que “no puede en modo alguno hablarse de peculado”.
La respuesta de las representantes del Ministerio Público Fiscal llegó pocos minutos después, cuando se le indicó que el peculado no implica sólo la apropiación de dinero por parte del funcionario sino además que exista un uso irregular, es decir, que los fondos sean utilizados para otros fines que no sea el legalmente asignado. En este caso para la construcción de una escuela, apartándose de las funciones que establece la Ley de creación de Vialidad, Nº 2.936, que es clara al respecto: el organismo debe ocuparse de la construcción y mantenimiento de los caminos y rutas de la provincia.
La postura de la fiscalía está en línea con un informe del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, del 5 de marzo de 2015, donde la asesora jurídica del organismo, Nanci Vinagre, destacó varias irregularidades en la creación de la escuela vial. “La DPV no posee conforme su ley orgánica ninguna función que justifique o legitime la disposición de fondos y de bienes (comodato de inmueble) a favor de una institución privada como lo es la escuela Heraclia Ruiz Díaz”, dijo en esa oportunidad la abogada del organismo de control.
En diálogo con Entre Ríos Ahora, la fiscal Yedro confirmó que se descartó imputar al ex mandamás de Vialidad por otros hechos que fueron denunciados. Específicamente, mencionó que no se encontraron pruebas suficientes para acusar a Rodríguez por el supuesto manejo irregular de fondos para la campaña solidaria con la comunidad Wichi, en la provincia de Chaco, a fines de junio y comienzos de julio de 2014.
Especial para Entre Ríos Ahora.