El intendente de Santa Elena y exvicegobernador, Domingo Daniel Rossi, denunció que es víctima de una estrategia de «lawfare», término que en los últimos años se utiliza asiduamente en ámbitos políticos y judiciales para hablar de una persecución política no convencional. La utilizó la vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner para hablar de las causas que hay en su contra en la Justicia; la acaba de pronunciar el Papa Francisco, en Roma, en un encuentro con juristas.

La expresión deriva de una contracción gramatical en inglés de las palabras «law» (ley) y «warfare» (conocimiento bélico). 

Rossi, que en diciembre asume su quinto mandato como intendente, aseguró que las causas judiciales en su contra se inscriben en este fenómeno. Así lo planteó este viernes, luego de que el juez de Garantías de Paraná, José Eduardo Ruhl, rechazara por quinta vez un pedido de sobreseimiento en la causa en la que está siendo investigado por supuesto enriquecimiento ilícito.

Es la segunda causa abierta en los Tribunales que tiene el dirigente. La otra se tramita en La Paz, en la que se lo acusa del supuesto delito de sobreprecio de una obra de 20 cuadras durante su último mandato..

Este viernes, el juez Ruhl rechazó por quinta vez una petición de sobreseimiento de Rossi en la causa por supuesto enriquecimiento. Para ello se basó en los argumentos del fiscal Álvaro Piérola, que está a cargo de la investigación. El fiscal Piérola sostiene, en base a informes del sistema bancario uruguayo conseguido vía judicial, que Rossi y su mujer la exdiputada Patricia Díaz tendrían un depósito de 300 mil dólares en el Scotiabank de la República Oriental del Uruguay. Y que para determinar la existencia de un delito aún faltan nuevos informes solicitados vía Cancillería.

En referencia a la causa  –la segunda, ya que en 2006 fue condenado por este delito-, Rossi planteó: “Nosotros nunca mentimos, porque desde el primer día que se abrió la causa por una publicación de la revista Análisis, que decía que Patricia Díaz tenía una cuenta en el Scotiabank por un millón trescientos mil dólares y títulos por ochocientos o un millón de dólares más, le pedimos al fiscal que nos acompañe o autorice que nosotros levantábamos el secreto bancario y entregábamos todo lo que había. Dijo que no, que iba a ir por la AFIP”.

En esa dirección, Rossi recordó que mencionó de la existencia de una cuenta creada en 2002, a nombre de su mujer, pero que no tuvo ninguna actividad en el período en que fue diputada provincial, de 2007 a 2011.

Por ello, el dirigente volvió a cargar contra el Procurador General, Jorge Amilcar García, quien en 2006 integró el Tribunal que lo condenó por enriquecimiento ilícito. “A mí me hicieron devolver los gastos reservado cuando estaba García de presidente del Tribunal que mes juzgó por cinco millones doscientos mil dólares. Resulta que ahora son 300 mil dólares. Y hay miembros del Superior Tribunal que cobraron durante casi 10 años gastos reservados y quién lo controló. Hay que preguntarle a Tesorería si García devolvió los gastos reservados”.

Enseguida, el santaelenense manifestó que es víctima de una estrategia de lawfare. “Nosotros lo que notamos es que hay gente que quiere hacer políticas sin votos, y que por ahí utiliza alguna estrategia, por eso hablamos de lawfare”, planteó.

Habló, además, de una supuesta diferencia en el tratamiento de su causa con la de los contratos truchos de la Legislatura: “Si yo hubiese sido vicegobernador, estaría preso”, dijo. Acto seguido, recordó que algunas causas denunciadas por él o su abogado, Carlos Guillermo Reggiardo, no tuvieron avances en la justicia.

“Acá hay causas importantes de algunos dirigentes que jamás se mueven.  A García se le han perdido 2 mil millones de pesos  y quiere meter preso a los perejiles”, lanzó, en referencia a la causa contratos.

—¿Por qué usted habla de persecución?

—Acá hay gente que es intocable. Hace años habló del pacto histórico de un sector de la política con un sector del Poder Judicial. En mi caso, primero, soy el entrerriano más elegido por la voluntad popular. Segundo, esta causa nació otra vez cuando vino la apertura de la causa de la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en 2016. Nosotros hicimos una conferencia de prensa para explicar lo que había sucedido, y al otro día sale la tapa de Análisis (NdelaR: informe sobre supuestas cuentas en Uruguay). La Comisión nunca ha abierto un caso sobre cuestiones de corrupción. Es tan alevoso esto que han hecho hacia mi persona, que han estudiado la denuncia que hicimos y han dispuesto la apertura.

—¿Desde 2016, han tenido alguna novedad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?

—Está en Estados Unidos para resolver. Ya contestaron las partes. Ellos recomiendan al gobierno argentino de tener un arreglo amigable, y hay que esperar qué contesta el Estado argentino.

—¿Desea que Emilio Castrillón siga como presidente del Superior Tribunal de Justicia? Es quien acuñó el término de tener “en la parrilla” a acusados durante largos períodos de tiempo, y también es crítico del sistema penal entrerriano y del poder que tiene la Procuración.

—Lo que uno desea es que cualquiera tenga el mismo derecho que el fiscal. Estamos en desigualdad de condiciones y el juez de Garantías hace todo lo que pide el fiscal.

La causa

A Rossi y a su esposa, la Fiscalía le enrostra el manejo de cuentas bancarias en la República Oriental del Uruguay bajo la sospecha de que el dinero allí depositado había sido producto del paso de ambos por la función pública. En la audiencia del 12 de noviembre, el fiscal Piérola negó que se trate de una persecución política contra Rossi ni un ensañamiento de parte del jefe de los fiscales, Jorge García, y aseguró que cuenta con elementos suficientes que acreditarían la existencia de esas cuentas. Puntualmente, presentó un informe llegado vía la Cancillería en el que el Scotiabank accedió a brindar información, luego de un proceso judicial en el Uruguay, en el que admite que Rossi y Díaz poseen una cuenta con 300 mil dólares.

El abogado del matrimonio, Carlos Reggiardo, admitió que la esposa de Rossi tiene una cuenta en el Uruguay, pero dijo que se abrió antes del período que el que Díaz fue diputada provincial, entre 2007 y 2011.

En la audiencia de este viernes, el letrado también habló de persecución política y apuntó al fiscal. “Acá hay una mano política. (El fiscal Álvaro) Piérola es yerno de (la ministra de Gobierno) Rosario Romero. Sabemos todos cómo funciona acá la Justicia. Pero vamos a seguir insistiendo en la inocencia de Rossi. Vamos a seguir trabajando a pesar de las operaciones políticas de la ministra, de su yerno, de los jueces, sostenemos el estado de inocencia. Ya está comprobado. No hay ninguna medida investigativa solicitada. Ni siquiera lo han llamado a justificar sus bienes. El fiscal deberá resolver ahora cómo sigue con la causa”.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.