El intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi (PJ), pidió la apertura de un jury al Procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar Luciano García, al reprocharle «mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y posible comisión de delito de encubrimiento agravado» por no haber investigado las implicancias que tuvo la filtración en 2018 de un video hackeado de las cámaras de seguridad de las oficinas del exsecretario General de la Gobernación, Gustavo Kueider, contando billetes. No sólo le reprocha pasividad al Procurador sino al exgobernador Gustavo Bordet y al fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.
Al respecto, sostiene que «el rol del Procurador General Jorge García, quien, como titular de la acción penal pública tenía la obligación de investigar los hechos al conocer el video y sus manipulaciones. Sin embargo, García decidió archivar la causa, dejando sin respuestas a los entrerrianos. Según la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y la Constitución de Entre Ríos, el Procurador General no solo tiene la facultad, sino también el deber, de actuar ante posibles delitos que afecten los intereses públicos. La decisión de archivar en lugar de
investigar constituye una desnaturalización de su función, especialmente cuando había indicios tan claros de irregularidades».
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«La combinación de estos elementos —el conocimiento previo del video por parte de las máximas autoridades provinciales, la manipulación deliberada del material, la inacción judicial y la complicidad mediática— conforma un esquema de encubrimiento que trasciende a los individuos involucrados», agrega.
Y suma: «El reconocimiento público de Bordet sobre la existencia del video no puede ser visto como un acto de transparencia. Más bien, evidencia la profundidad del problema: todos sabían, todos guardaron silencio y todos contribuyeron a que los hechos quedaran fuera del alcance de
la justicia. Al admitir su conocimiento, Bordet no solo expone su propia responsabilidad, sino que también pone en evidencia la pasividad de Rodríguez Signes como Fiscal de Estado. Entre ambos, dejaron que la gravedad del caso se diluyera, sin tomar acciones concretas para asegurar una investigación independiente o para preservar la integridad de las instituciones provinciales».
De la Redacción de Entre Ríos Ahora